En medio de la corrupción y la impunidad

Las victimas en Tamaulipas no sólo son del CO,

también el Ejército y la Marina; Pero ¿Y los Derechos Humanos…?

 

La re victimización en Tamaulipas; lo peor que les puede afectar a los que vienen sufriendo, porque en lugar de ser auxiliados les regatean la atención como si se  tratara de finiquitar un negocio con la salud mental de la personas, lo que resulta peor que el daño que causan los delincuentes.

 

POR: MARIO A.SEGURA.

CD. VICTORIA, TAM., 6 FEBRERO 2017.- Por estos días en Tamaulipas, en medio de una transición de gobierno, la alternancia del PRI y el PAN, en la instalación esperada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, en que se liberan recursos; cientos de familias quedan atrapadas en la desatención, en el olvido total, y es muy duro el peregrinar cuando solo se trata de seguir siendo re victimizado, sin importar a nadie que con esta situaciones agrava más el problema social, pero también el mental en los niños y adolescentes, sobre todo porque no saben que está pasando con la responsabilidad de los adultos y es que en muchos casos los padres son los que fallan pero igual los que gobiernan y lo hacen sin sensibilidad.

 

Estimado lector, para que usted me entienda considere lo que aquí trato de informarte y lo tomes como un grave problema social que afecta y seguirá destruyendo los lazos de hermandad en un Tamaulipas que requiere de frenar la violencia y rescatar un poco de Paz, te compartiré solo parte del peregrinar de una familia, la historia que venido siguiendo por muchos días, casi todos los días por parte de Antonia Almeida, esposa de José Sebastián Cansino, a quien reportó desaparecido desde  el 22 de julio del 2016, luego de ser  detenido en presencia de sus hijos menores de edad, y una mujer adulta que era empleada, quienes fueron testigos presenciales de la detención por parte de escuadrón de marinos, que nunca lo ingresaron a ninguna prisión, prácticamente solo lo secuestraron y desaparecieron de manear forzada.

LOS NIÑOS Y JOVENCITOS SUFRIENDO;

Pero….Y los DERECHOS HUMANOS

¿Y la ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO?

 

Sus hijos sufren la desaparición de haber perdido a su padre, un comerciante vendedor de autos y refacciones, quien entregaba uno; en la ciudad de Reynosa, cuando es detenido por miembros de la Marina, quienes desmienten el hecho, involucrando en ilícito a la SEMAR, a la PGR, asegurando que nada tuvieron que ver lo que es una falsedad que queda al descubierto cuando se conoce que la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas, emite un boletín de prensa en el que se cita; que en medio de un enfrentamiento con civiles, supuestamente presuntos secuestradores con miembros de la marina,  explotan dos vehículos en donde todas las personas a bordo mueren calcinados entre estos el señor José Sebastián Cansino.

 

¿Pero como puede ser esto posible?, si según sus dos hijos, vieron cuando este fue detenido por elementos de la Marina, y resulta que la PGJE, encuentra entre todos los restos incendiados una identificación que no se quema y que aparentemente demuestra que sus restos se encontraron en una camioneta en la que  artefacto explosivo provoca el incendio del  inmueble.

 

La historia amerita el escribir un libro, en donde paso por paso se documenta la participación de cada una de las autoridades y sus irresponsabilidades, las fallas de un sistema de justicia en el que no se tiene confianza, y que deja en medio, desprotegida a una familia, a una mujer que se empeña por buscar la justicia, investigando las verdad cuando la autoridad correspondiente no hace su parte, por negligencia y falta de buena voluntad, aprovechando que cientos de casos se van quedando en el camino del olvido, ya sea en la Procuraduría de Justicia del Estado o en el sistema  Federal.

 

Este caso; desde su denuncia que implica la participación de elementos de la Marina, debió de ser atendido por la PGR, pero fue más fácil indicar que no era su competencia y enviarlo a la atención del fuero común de la Procuraduría de Justicia del Estado, en donde ante el reclamo de la familia, de Antonia Almeida y la exigencia de atención por parte del área de Atención Victimas en Tamaulipas y más allá ante la Comisión de los Derechos Humanos, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya está devolviendo el asunto al fuero federal.

El resolver este asunto, llevará mucho tiempo, mucha buena voluntad, pero independientemente de eso, lo que no se debe de dejar de lado es la atención a esta familia, a los niños a los que no se les apoya ni para su alimentación, ni tan siquiera el regreso a la educación, y solo se les sigue re victimizando todos los días, en el peregrinar por encontrar a la autoridad que deba de atender la situación y que implica el volver a platicar el asunto de la desaparición por parte de marinos, del hombre cabeza de una familia, como paso en desapariciones de miles de personas, hombre y mujeres a los que no se logra encontrar en Tamaulipas.

 

En cuanto a la jurisprudencia, nadie sabe, nadie supo, y en cuanto a la ATENCION  a Víctimas del Delito, igual; que ve para allá, o ven acá, pero paga tu pasaje, y así persiste la re victimización de las cientos de familia que hoy en día parece ser que perdieron el apoyo de gobierno, pues resulta que antes les entregaban cantidades mensuales como si se tratara de la compensación a la que obliga la ley de Victimas al ser reconocido como Victima por parte de una Comisión Ejecutiva que desde el 2014 sigue sin existir.

 

La historia que se involucra en este artículo es basada en una cruda realidad que se viene soportando desde hace muchos años, pero es tiempo de que se le ponga una atención mayormente eficiente y en ese proceso se encuentran luchando Asociaciones Civiles, grupos colectivos, entre amigos y familiares, como lo hace JUSTICIA TAMULIPAS, que está abriendo Centros Ciudadanos de Atención a Víctimas del Delito y que el próximo 14 de febrero inaugurará el primero; en Tampico, siguiendo con otro en Cd. Victoria, uno más para Reynosa, otros que vienen gestionando para establecerlos en Nuevo Laredo, Matamoros, San Fernando, Aldama, el Mante, entre otras ciudades contempladas por ser de las más afectadas por la inseguridad imperante en Tamaulipas.

 

(Esta información en EL SOL EL SUR TAMPICO.com) en breve se enfocará al caso de la desaparición de un Padre de Familia por elementos de la Marina.)


Con la entrada en vigor de  la nueva Ley General de Víctimas se obliga al Estado en un lapso de 90 días integrar su Comisión de Atención a Víctimas

 

Entre otras cosas se prioriza el interés superior del menor y se agiliza el procedimiento para la reparación del daño en las víctimas

 

Ciudad de México. Ya esta publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma a Ley General de Víctimas, que prioriza y busca dar mayor agilidad a la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en medidas de ayuda inmediata, apoyo, atención y rehabilitación, como parte de un programa de asistencia integral, además de facilitar el procedimiento para la reparación del daño.

 

La ley obliga a las entidades federativas en un lapso de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de esta norma a integrar su Comisión de Atención a Víctimas; además de que modifica la estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

 

Esta norma introduce el concepto de interés superior de la niñez, que deberá ser considerado de forma primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión que involucre a niños, niñas y adolescentes, a fin de que cuando se presenten interpretaciones contradictorias se opte por la que proteja de manera más efectiva los derechos de este sector.

 

De acuerdo con el artículo quinto transitorio, la estructura orgánica de la CEAV se modifica y de un órgano colegiado, se transforma a una institución a cargo de un solo comisionado ejecutivo, quien por única ocasión, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la reforma, será propuesto por el ejecutivo federal y aprobado por el Senado de la República.

 

Con esta disposición termina la gestión del comisionado presidente Julio Hernández Barros y del comisionado Adrián Franco Zevada, quienes fueron nombrados en octubre de 2013. A partir del 4 de enero, el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, director general de la Asesoría Jurídica Federal, estará a cargo de la CEAV, en tanto se designe al Comisionado Ejecutivo.

 

Durante la gestión de Hernández Barros como comisionado presidente, del 10 octubre al 30 de diciembre de 2016 la CEAV entregó 64.6 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), al agilizar los trámites para la entrega de recursos, con una atención más eficaz y cercana a las víctimas directas e indirectas.

 

La cifra entregada equivale a 62.9% de los recursos que se erogaron en el periodo de noviembre de 2014 al 9 de octubre de 2016, lapso en el que se otorgaron 102.7 millones de pesos con cargo al FAARI. En la administración de Hernández Barros se apoyó de forma adicional a un total de 2 mil 449 víctimas directas e indirectas con el pago o reembolso de sus gastos por un monto de más de 8.9 millones de pesos por conceptos como traslados a comparecencias ante el Ministerio Público, diligencias en juzgados, presentaciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pagos por alimentación y hospedaje, y para recibir atención médica o sicológica.

 

Lo anterior se logró con las gestiones que realizó la Dirección General de Administración y Finanzas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se aprobara una ampliación presupuestal de 7.4 millones de pesos, a fin de cubrir el déficit de los servicios de traslado, hospedaje y alimentación de víctimas directas o familiares de éstas.

 

En esta etapa también se logró con la Coordinadora Nacional del Programa PROSPERA agilizar la inclusión de personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) a los programas sociales y se creó un formato único de gestión; mientras que con la Secretaría de Educación Pública se acordó el documento “Bases para el otorgamiento de becas a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos”, para educación media y superior.

 

Hernández Barros emitió un mensaje en el que destacó: “me voy satisfecho del trabajo realizado y me voy muy agradecido también con el personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con todos y cada uno de los que trabajan aquí, a los que les agradezco su empeño, su solidaridad, su lealtad y el cariño por las víctimas”.

 

Respecto a las víctimas, “a los que más dolor han sufrido, a los que el delito o la violación a los derechos humanos los ha dejado cercenados del alma”, les dijo: “con ellos mi solidaridad, mi cariño y de donde esté seguiré luchando por sus derechos y seguiré acompañándolos en su lucha


 

Cae por asesinato ex funcionario de Eugenio Hernández

 

El ex jefe policiaco tamaulipeco, Rogelio Flores fue capturado en Victoria, Texas

 

TEXAS.- Autoridades de Texas detuvieron el lunes a un ex funcionario de Tamaulipas, cuando presuntamente intentaba escapar a México luego de asesinar a su esposa.

 

Oficiales del Departamento de Seguridad de Texas (Texas DPS, por sus siglas en inglés) reportaron la captura de Rogelio Flores, de 55 años, quien fue director de la Policía Integral y de Operación Policial durante la administración del ex gobernador priista Eugenio Hernández Flores.

 

El ex jefe policiaco tamaulipeco fue arrestado en la ciudad de Victoria, Texas, por agentes que le marcaron el alto tras cometer una infracción de tránsito.

 

De acuerdo con las autoridades, dos horas antes de su detención, Flores habría asesinado de un balazo en la cabeza a su esposa en un domicilio ubicado en el 10410 Fire Sage Drive, en Atascosita Road, en la ciudad de Humble, comunidad ubicada cerca de Houston.

 

El lunes, alrededor de las 8:30 de la mañana, un familiar de la víctima reportó al 911 que Flores le llamó para decirle que le había disparado a su esposa.

 

Cuando los oficiales de la División de Homicidios del Condado de Harris llegaron al lugar, encontraron a la mujer ya muerta.

 

Con la información aportada por el familiar de la víctima, los oficiales ubicaron al presunto homicida, quien fue detenido a bordo de un vehículo Cadillac plateado a las 11:00 de la mañana, cuando circulaba por la carretera 59 en compañía de un menor de 12 años.

 

Una menor, hija de la pareja, se encontraba en la escuela, informaron las autoridades.

 

El ex funcionario tamaulipeco fue llevado a una prisión de Victoria y enfrenta cargos por homicidio de primer grado.

 

No se han definido las causas del crimen. (Agencia Reforma)


 

‘En Allende no podemos olvidar’; Matanza Zeta

 

Aunque en Allende ya han pasado cinco años de la tragedia, la gente todavía no olvida el tiempo en que no podían salir de sus casas.

 

Por: Adrián Galindo

ALLENDE, COAHUILA.- Han pasado casi cinco años desde la tragedia, y los habitantes de Allende Coahuila se niegan a olvidar a sus desaparecidos.

 

Aunque es muy poco lo que se atreven a declarar sobre el tema, pues todavía temen que existan represalias, los ciudadanos de Allende claman a sus desaparecidos, incluso sin conocerlos.

 

“La gente de Allende es noble, buena, sencilla y trabajadora, aquí en la Región de los Cinco Manantiales somos personas de bien, hay gente que sigue resentida con la autoridad, es difícil, es algo que no se olvida”, declaró el señor Sergio Zapata.

 

Antes de la intervención de las autoridades, la gente de Allende no podía salir de sus casas, pues temían ser víctimas de la delincuencia.

 

“Sí estamos mejor, se siente más seguridad, pero antes la gente no salía, regresaban temprano a sus casas; lo que pasó en Allende fue muy triste, sobre todo para las familias que lo vivieron de cerca, creo que los dolientes de los desa-parecidos se merecen que se haga justicia”, comentó el señor Domingo Zamarripa.

 

El pueblo que vive con la herida abierta

Coahuila, migró hacia Estados Unidos por dos grandes razones; la primera, buscando una mejor calidad de vida, empleo digno y estabilidad para sus familias.

 

La segunda, por temor a ser sorprendidos por el crimen organizado.

 

“Se fueron a Estados Unidos, (la gente de Allende) hay trabajo en las fábricas, pero a nosotros (adultos mayores) ya no nos ocupan”, apuntó el señor Rubén Castillo.

 

“La gente que vivió de cerca todo esto se quedó muy dolida, para ellos el recuerdo de sus familiares durará para siempre, y claro que merecen ser recordados”, agregó.

 

Los operativos de seguridad son más visibles en Allende. Por las calles circulan elementos de Fuerza Coahuila y de la Policía Municipal; la gente poco a poco recupera sus espacios y vuele a las plazas los domingos.

 

“Aunque no sean nuestras familias, sí sentimos mucho todo lo que pasó, el tiempo ha ido curando poco a poco la psicosis que se generó, para quienes todavía buscan a sus desaparecidos no, no podemos olvidar, pero tenemos que seguir adelante”, concretó la señora Cruz Argelia Sánchez.

 

TENEMOS QUE ENCONTRARLOS

El gobernador Rubén Moreira reiteró su compromiso de buscar a las personas desaparecidas, al hablar sobre la reunión sostenida con Grupo Vida la tarde del sábado. “Tenemos que encontrar a esas personas, que es el propósito nuestro y debe ser el propósito de toda la sociedad, y que vamos a seguir trabajando. No vale decir que somos el estado que mejor lo hace, porque eso no se puede poner sobre la mesa. De lo que se trata es de encontrar a las personas”.

 

Recalcó que la tarde del sábado se acordó con el Grupo Vida establecer una ruta para los 52 casos que se tienen registrados desde 2008, además de involucrar a las autoridades federales para que colaboren.

 

“La ruta de trabajo incluye revisar los 52 expedientes de personas desaparecidas que son buscados por ellos, además de hacer reuniones mensuales, apoyarlos en las búsquedas que hacen. Ellos tienen reuniones conmigo, ya tenían reuniones con la Procuraduría, ya tenían una ruta de trabajo y ayer la acordamos”.

 

Dijo que organizaciones como Fuundec no le han manifestado alguna inconformidad con el trabajo que están realizando. “Ese no es el mensaje que yo he recibido, yo trabajé con el grupo de trabajo autónomo hace tres días, y con ellos también tenemos una ruta de trabajo”.

 

Agregó que el Gobierno del Estado no ha minimizado ninguno de los casos en los que se han encontrado restos humanos, y citó al reporte elaborado por el Colegio de México.

 

“Nunca hemos minimizado eso, nada mas hemos hecho algunas puntualizaciones, pero nunca hemos minimizado ni ese tema ni ningún otro en materia de derechos humanos, hace una semana el Colegio de México mencionó que Coahuila es un estado que ha tomado en serio este problema, esta tragedia, y por el contrario, todos los casos que se han ventilado, han sido dados a conocer por nosotros.

 

“Si usted lee mi discurso de toma de protesta y el discurso ante el Congreso del 1 de enero de 2012 va a ver que la primera referencia que se hace en estos casos, es producto de mi intervención”.

 

EL ESTADO NO PUEDE: OBISPO VERA

El Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, aseguró que el Gobierno del Estado no tiene la infraestructura para resolver el caso de Patrocinio ni el de Allende, “los desaparecidos son muchos y se habla desde hace años de esto”, dijo.

 

“No hay infraestructura para reconocer (los restos) y llevar adelante la investigación, no hay un banco de datos genéticos de toda la gente desaparecida… hay poco interés, no sólo del Gobierno estatal, sino del federal por enfrentar la situación de criminalidad y de violencia en el país”.

 

Vera reconoció a los familiares de las víctimas por su organización y valentía para encontrar a sus seres queridos, como son los casos de Grupo Vida y Fuundec, “Se han abierto procesos que más bien las familias han provocado, cómo es posible que en ese ejido (Patrocinio), la gente se daba cuenta de lo que pasaba, ni modo que no se diera cuenta el Gobierno”.

 

Nuevamente el Obispo hizo referencia al conocimiento que él tuvo de la matanza de Allende en el 2011, “(Lo que pasó en Patrocinio) es exactamente lo que pasó en Allende, todos sabíamos lo que pasó en Allende, ¿y cuándo ha habido detenidos por ese hecho?”.

 

“Parece ser que esa violencia contra la ciudadanía es a favor del control de la población, la gente que se paraliza ante el terror y todas estas cosas que pasan. El Gobierno todos estos años se ha dedicado a administrar esa violencia contra nosotros para controlarnos, eso es lo que se ve”, dijo Vera López al finalizar su encuentro con representantes de las vicarías de la Diócesis en el estadio Olímpico de Saltillo.

 

CIERRAN LAS PUERTAS

Argumentando que los medios de comunicación han lastimado con la información que publican a la población de Allende, el alcalde de este municipio, Luis Reynado Tapia Valadez, optó por “cerrarle la puerta” a la prensa y no brindar más información.

 

“La gente de Allende está harta de que los medios de comunicación estén removiendo lo que ya pasó.

 

“Hago hincapié que Allende está molesto con ese tipo de comentarios, y nosotros hemos optado por cerrarle la puerta a los medios, queremos darle la vuelta a la página y ustedes no entienden”, sostuvo el funcionario.

 

Igualmente, el Alcalde reprochó a los representantes de la prensa que los medios no han hecho nada con respecto al tema de Allende, al publicar notas sobre la masacre ocurrida en la entidad.

 

“Tengo cero homicidios dolosos, por qué de eso no habla la prensa, por qué no hablan de que Allende ha dado un vuelco a la economía, que tenemos bandera blanca en agua potable y en electrificación”, dijo.

 

Reynaldo Tapia acusó a la prensa de interferir en el desarrollo económico y turístico de Allende, al publicar notas negativas.


 

Rector del CEDIP va en contra de la pasada administración municipal de Tampico

 

Difunden a través de redes sociales supuesta información que será utilizada por Ciudadano para demandar penalmente por el delito de abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, “no son culpables hasta que se compruebe” asegura el Ing. Pascual García.

 

POR. MARIO A. SEGURA.

TAMPICO, TAM., 10 OCTUBRE 2016.- A raíz de una información difundida a través de redes sociales, el ciudadano Antonio Andrés Pascual García, pretende denunciar penalmente a la pasada administración municipal, por lo menos a seis funcionarios responsables de la cuenta pública, incluyendo a su cuñado el Sindico Jorge Tacea López.

 

Fue en la Universidad CEDIP, en donde su Rector, el Ing. Antonio Andrés Pascual García, acompañado por el Dr. especialista en Derecho Constitucional; Rafael Pachuca Ramos, mostraron una supuesta investigación difundida de manera anónima a través de las redes sociales en la que se presume que ex alcalde, pudo haber incurrido en abuso de autoridad.

 

Cabe destacar que Pascual García, no señala como culpable al ex alcalde Gustavo Torres, pues considera que eso no se puede calificar nada más de dicho, sino que eso se debe de comprobar y probar ante la autoridad competente.

Para lo cual utilizando la información pública hasta ahora difundida, se solicitara a la Contraloría del Estado, que se valide y autentifique las supuestas pruebas que presentaran en la presentación de una demanda penal en los próximos días.

 

Explicó que el endeudamiento por 135 millones de pesos antes de terminar la administración debe de contar con el aval del Congreso del Estado, lo que consideró no pudo ser posible, razón por la que se estará solicitando que la Contraloría del Estado confirme lo que está circulando en redes, lo que implicaría responsabilidad en el Tesorero Gerardo Gómez Ibarra, a los ex síndicos, José Antonio Mathieu Favre, y Jorge Tacea López, así como al Controlador Municipal Javier Martínez Guillen, y el Secretario del ayuntamiento Juan Carlos Ley Fong.

 

Anteriormente este tipo de denuncias penales, solo podían ser interpuestas por Asociaciones Civiles pero ahora cualquier ciudadano puede llevarlas a juicio, sustentando la acusación, dijo el destacado jurista especialista en Derecho Constitucional; Rafael Pachuca Ramos, quien ha sido contratado por el Rector del CEDIP.

 

Según el abogado, para la próxima semana podría contar ya con el número de folio de la denuncia que presentara ante Agente del Ministerio Público del Fuero Común, ante quien exigirá se investiguen los delitos de abuso de autoridad y el ejercicio indebido de funciones.


 

Grupo armado derriba helicóptero

 

El ataque, en Michoacán; fallecen el piloto y tres policías

 

Periódico La Jornada

Morelia, Mich., Miércoles 7 de septiembre de 2016.- Ciudadanos armados se enfrentaron ayer por la tarde contra sicarios bajo el mando de Alonso Andrade Rentería, hermano del narcotraficante Ignacio El Cenizo, en la periferia de la comunidad Pucuán del Río, municipio de La Huacana. Tras el combate los pistoleros derribaron con un Barrett calibre 50 un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual apoyaba a policías que pretendían seguir al comando.

 

El piloto y tres policías que viajaban en la aeronave murieron. Además, una agente resultó lesionada, informó el gobernador Silvano Aureoles en su cuenta de Twitter.

 

El mandatario afirmó: Lamentamos el deceso del piloto y los tres policías, que cumplían su compromiso de preservar la paz. Fuentes indicaron que la lesionada se llama Yezid I. Los uniformados, Fernando L., Martín Ángel L., Martín Domingo P. y Julio M.

 

Testigos reportaron que todo se inició al mediodía, cuando un grupo armado pretendió secuestrar a un agricultor de Pucuán, lo que impidieron vecinos y trabajadores, quienes sacaron armas y dispararon a los delincuentes. Del lado de los gatilleros fallecieron Alonso Andrade y un hombre aún no identificado.

 

 

El gobierno de Michoacán dio a conocer que los delincuentes huyeron después de derribar el aparato. En el trayecto incendiaron al menos tres vehículos en una zona cercana a Pucuán del Río. Añadió que en la región de Tierra Caliente los grupos delictivos de El Cenizo y los hermanos Sierra Santana, conocido como Los Viagras, se disputan municipios como Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Apatzingán, entre otros.


Claman al DIF Tampico por ayuda a niños en peligro

 

Son alrededor de 7 menores de edad y diariamente los dejan solos, encerrados y sin alimento, en condiciones deplorables.

 

POR; MARIO A. SEGURA

TAMPICO, TAM., 1 SEPTIEMBRE 2016.- Familias desesperadas ante la falta de atención de autoridades municipales, recurren a Luchadora Social; Mari Trini Mendoza Bookman, para que les ayude a denunciar el peligro en que se encuentran alredededor de 7 niños que son abandonados por sus padreS en domicilio de la colonia Hidalgo de Tampico.

 

Mendoza Bookman, hizo un llamado a los medios de comunicación visiblemente preocupada ante la denuncia que le hicieran vecinos sobre la situación de un grupito de niños hijos de la señora identificada con el nombre de Juana Guadalupe García Chuck, a quien aseguran ya el DIF municipal le quito a uno de sus hijos.

 

El domicilio en mención esta ubicado sobre la Calle Hidalgo entre Juan Escutia y Montes de Oca s/n en la colonia hidalgo de Tampico.

 

Vecinos se acercan a platicar con los niños y se percatan de las condiciones insalubres en las que viven , pues aseguran se respiran fétidos olores, en tanto que los niños no tienen que comer, siendo el menor de alrededor de 2 años dedad y quien responde al nombre de  Jose Alberto, pero l atarde de este día se ecnontraba con sus dos hermanas; Keyla Paulina y Mariana de Jesús Chuck Cruz.

 

Según los vecinos los niños no van a la escuela y están encerrados sin comer, por lo que han recurrido a denunciar el peligro en que se encuentran ante diversas autoridades, pero no les hacían caso hasta ayer en que llego alrededor de las 2 de la tarde personal del DIF, que se limitaron a observar y quizás levantar un reporte, pero externaron a los vecinos; que estaban impedidos para actuar en favor de los infantes que encontraron abandonados, pues no tienen facultad para entrar a una vivienda pese a que se les cuestiono, ¿de si eso no se puede hacerse pese a que los niños se encuentran en peligro?, a lo que ya no contestaron y simplemente se retiraron del lugar.

 

Por con conducto de la Luchadora Social, los vecinos hacen un llamado a la autoridad correspondiente para que actué rápidamente; antes de que algún niño sufra situación que haya que lamentar.


 

Asisten representantes de  ASCENRED al Seminario "Derecho Nacional e Internacional, Desafíos Compartidos”

 

Lidia Rita Bonilla Delgado

Ciudad de México.- Con el fin de actualizar criterios y conceptos en materia de   Derechos Humanos que a nivel  nacional e internacional se están aplicando, representantes de la organización tamaulipeca de Agentes de la Sociedad Civil en Red (ASCENRED) asistieron  al Seminario "Derecho Nacional e Internacional, Desafíos Compartidos”, evento  convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Que tuvo lugar  este  viernes 26 de agosto, en el auditorio principal de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI,  del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

 Durante la ardua jornada de trabajo se realizaron cinco paneles temáticos  donde  jueces de la Corte Interamericana, así como  del Tribunal Federal de Justicia y destacados  académicos abordaron los temas Control de la Convencionalidad; Derecho Penal y Derechos Humanos; Protección de los Derechos de los Migrantes; Género y Justicia y Libertad de Expresión.

 

Fueron el Lic.  Juan José Miroz Lozano, doctor en criminalística y Vicepresidente de la Barra de Abogados Tamaulipeca y Especialidades en Seguridad y Ciencias Forenses (Bateycf), organización  adherida a ASCENRED, así como Lidia Rita Bonilla Delgado, coordinadora en Altamira de ASCENRED y Vicepresidenta de la organización Compañeros Nacionales Periodistas y Editores (CONAPE Internacional) en el Sur de Tamaulipas, así como representante de la Red Estatal de Mujeres Periodistas con Visión de Género (RMPCVG) en Altamira, quienes asistieron al trascendental  seminario.

 

Cabe destacar que el doctor Miroz Lozano, concurrió previamente  a las Audiencias Públicas realizadas  durante tres días por  la  Corte Interamericana de Derechos Humanos  presidida por el Juez Roberto F. Caldas,  al llevarse a cabo en México el 55 Periodo Extraordinario de Sesiones, mismo que fue inaugurado el martes 23  con la presencia de representantes de los  tres poderes de  gobierno; con la representación del Ejecutivo Federal estuvo el Secretario de Gobernación (SeGob), Miguel Ángel Osorio Chong; el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth;  la Procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez González y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.

 

  Del  23 al 25 de agosto  durante las Audiencias Públicas fueron  presentados  tres procesos internacionales paradigmáticos de víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos: dos de ellos contra Ecuador, como son el caso Vásquez Durand y otros, así como el caso de Valencia Hinojosa y otra;  mientras que  contra Guatemala  fue desahogado  el caso Gutiérrez Hernández y otra.

 

 

 En tanto que en  la ceremonia de inauguración del seminario "Derecho Nacional e Internacional, Desafíos Compartidos” fue  presidida por  el Juez  Roberto F.Caldas; la titular de la SRE, Claudia Ruiz Massieu y el  Ministro Luis María Aguilar Morales.

 

Durante los trabajos participaron en el panel Control de la Convencionalidad: el Magistrado presidente del TFJFA, Dr. Manuel Hallivis Pelayo, con el tema “Principio de legalidad y control de convencionalidad en sede administrativa”;  el comisionado de la CoIDH, Dr. José de Jesús Orozco Henriquez,  con Control de la Convencionalidad en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales; el Juez Vicepresidente de la CIDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot,  abordo el tema Desarrollo Jurisprudencia de la CIDH en materia de control de la convencionalidad; el Ministro de la SCJN Jorge Mario Pedro Rebolledo, Casos paradigmáticos en materia de control de la convencionalidad; fungiendo de moderadora de la mesa  la Dra. Mariela Morales-Antoniazzi.

 

Para hablar sobre Derecho Penal y Derechos Humanos estuvieron en el panel dos,  el doctor Sergio García Ramírez, quien  diserto sobre Armonización del nuevo Sistema de Justicia Penal y los Derechos Humanos; el Juez  de la CIDH Eugenio Raúl Zaffaroni  expuso sobre Desarrollo Jurisprudencial de la CIDH en materia de Protección a Derechos Humanos en procesos penales; mientras que el Ministro de la SCJN Alberto Pérez Dayán  planteo  casos paradigmáticos  de protección de DDHH en procesos penales de la SCJN, fungiendo como moderador  estuvo el Magistrado Juan José Olvera López.

 

En cuanto a la mesa de Protección de los Derechos de los Migrantes, estuvo integrada por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez; el subsecretario de Segob Roberto Campa Cifrián; el juez de la CoIDH Eduardo Vio Grossi, asi como el ministro de la SCJN  Eduardo Tomas Medina Mora, actuando como moderador el juez Patricio Pazmiño Freire; abordándose temas de protección a los derechos humanos de los migrantes, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes y la tutela judicial efectiva  en el contexto de la migración OC-21/14.

 

De Género y Justicia disertaron las  ministras de la SCJN Norma Lucia Piña Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos;   el Dr. Héctor Fix Fierro, la Senadora  Diva Hadamira Gastélum Bajo, la jueza de la CoIDH, Elizabeth Odio Benito y modero  la magistrada del TEPJF María del Carmen Alanís Figueroa, abordando el tema Juzgar con perspectiva de género; Mujeres y Justicia en la investigación socio-jurídica; Políticas públicas para la inclusión de la perspectiva de género en las instituciones; Desarrollo jurisprudencial en materia de violencia de género en la CoIDH; Política de igualdad de género PJF, retos y desafíos.

 

Y para concluir  en el panel de Libertad de Expresión la Dra María Marván Laborde, destacó la importancia del Derecho a la Información y la protección de Datos; la comunicadora Ana Paula Ordorica, hablo del ejercicio del periodismo y uso de redes sociales; el ministro Javier Laynez Potisek, planteo los estándares judiciales aplicables a la Libertad de Expresión; cerrando con broche de oro, el Juez Roberto Caldas, quien explicó detalladamente  el desarrollo jurisprudencial en la materia. Aquí fue la doctora Leticia Bonifaz Alonzo, directora general de  Estudios, Promoción y Desarrollo de los DDHH, quien modero diligentemente los trabajos de la mesa. 


Muy campante Eugenio Hernández Flores, el Ex Gobernador “Sinvergüenza de Tamaulipas”

pero.... la DEA le pisa los talones

 

Detención de piloto de la UAT, tiene que ver con investigación en contra de Eugenio Hernández Flores.  

CD. VICTORIA, TAM., 1 ABRIL 2016.- Prestanombres del Ex gobernador “Vergüenza de Tamaulipas”, Eugenio Hernández Flores, detenidos en el mes de noviembre del 2015, convinieron declararse culpables y aminorar sus condenas, por lo que Ernesto Hernández Montemayor, arrastro al piloto Asencio Navares, quien al cruzar a McAllen, fue detenido en la Aduana Americana, en posesión de 300 mil dólares, con lo que se deslinda a la Universidad Autónoma de Tamaulipas del ilícito cometido por el empleado que venía participando por su cuenta en el traslado de dinero a la Unión Americana.

 

Cindy Gabriela Apac, fue detenida en el mes de noviembre del año pasado y al convenir que proporcionaría información a la DEA para aminorar su condena, debió declararse culpable y en consecuencia cooperar aportando más datos que hunden en la investigación que se ha venido realizando por más de 8 años en contra de  Eugenio Hernández Flores, lo que llevó a la captura a fin del mes de enero del piloto que laboraba para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desde el tiempo en que José María “Chema” Leal.

 

Según información periodística de medios informativos como SDPNOTICIAS.COM, EL CINCO, entre otros, comentan la información sobre la detención de los socios del ex gobernador tamaulipeco; Cindy Gabriela Apac Recio y Ernesto Hernández Montemayor quienes se declararon culpables ante una Corte Federal, donde con sus confesiones contribuyen para hundir al ex gobernador priista.

 

Se considera  que ante su detención presuntamente alcanzaron un acuerdo con los fiscales federales de Estados Unidos para recibir una condena menor por los delitos cometidos, los presuntos operadores financieros, prestanombres y lavadores de dinero sustraído por el exgobernador de Tamaulipas, se declararon culpables de los delitos que se les imputan, mientras Eugenio Hernández Flores es considerado fugitivo en ese país.

 

De acuerdo con información que se publicó en el portal de investigación Breitbart, Cindy Gabriela Apac, quien fue ejecutiva de un importante banco en EU, ayudó a echar a andar empresas fantasma, mismas que servían al exgobernador y a sus familiares para enviar a la Unión Americana el dinero desviado de las arcas tamaulipecas.

 

Apac fue detenida en el pasado mes de noviembre de 2015, luego de detectarse que la empresa de la que aparece como “propietaria”, PCR Consulting Services, está vinculada con otras compañías de la esposa del exgobernador, de su hermana Susana y de la ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas.

 

Apac Recio señaló que la complicidad es por lo menos con ocho empresas que, coincidentemente, pertenecen a la familia de Eugenio Hernández, registradas en el mismo domicilio que la suya en Hidalgo, Texas.

 

Asociados a Apac Recio también aparecen los familiares de Marcia Pérez Cantú, exmagistrada del Tribunal Electoral de Tamaulipas, entre ellos Juan Antonio y Mónica Pérez Cantú.

 

Por su parte, Ernesto Hernández Montemayor, detenido en el país del norte por fraude y lavado de dinero, reconoció que, fue Director de Aviación del gobierno de Tamaulipas entre 2005 y 2010, cuando Eugenio Hernández Flores era gobernador.

 

Hernández Montemayor utilizó una empresa de aviación en la Unión Americana que le daba mantenimiento desde 1975 a las aeronaves del gobierno de Tamaulipas, con la que obtuvo ilegalmente dinero que era enviado a cuentas de bancos en Estados Unidos.

 

En este caso se cobraban facturas de mantenimiento al gobierno de Eugenio Hernández Flores, mismos que no eran realizados pero hechos pasar por verídicos, y ya con el dinero, se transfería una parte a la cuenta de Ernesto Hernández Montemayor en el Lone Star National Bank.

Ahora, falta conocer más sobre la participación del piloto Asencio Navares, ya que este ha sabiendas de que seguía siendo investigado aparentemente seguía llevando dinero a los Estados Unidos, aunque la información no es corroborada por autoridad alguna, y familiares externaron que no era por lavado de dinero sino por una orden de aprehensión derivada de acusación que tiene que ver con un negocio fraudulento, que es en este punto que se liga con la información que involucra a Ernesto Hernández Montemayor, detenido por fraude y lavado de dinero, y que reconoce que, fue Director de Aviación del gobierno de Tamaulipas entre 2005 y 2010, cuando Eugenio Hernández Flores era gobernador.

 

Mientras que la universidad niega a detención del avión que asegura está estacionado en el hangar de la universidad lo que se demuestra con foto tomada hace tres días, según la fecha de la grafica, y se trata de un aeronave de 7 plazas, adquirida hace 15 años en el periodo administrativo del ex rector  Jesús Lavín Flores.


 

Valida Hacienda cancelación de 10 mil 553

plazas en Petróleos Mexicanos

 

La información no es pública, se esconde por 14 meses a partir del mes de noviembre del 2015, y el STPRM está de acuerdo

 

Por Édgar Escamilla

Poza Rica, Ver.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio ya su visto bueno para que la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) llevase a cabo la cancelación de 10 mil 553 plazas presupuestarias de planta, acción que tiene vigencia desde el 16 de diciembre del año pasado. De 2010 a la fecha, la empresa ha reducido su plantilla laboral en cerca de 65 mil trabajadores menos, al pasar en ese año, de 184 mil 90 a cerca de 120 mil empleados, incluidos sindicalizados y de confianza.

 

A través de un documento filtrado por trabajadores de Pemex, fechado el martes 19 de enero de 2015, se tuvo conocimiento que el pasado 31 de diciembre de 2015 la Unidad de Política y Control Presupuestario emitió el oficio número 307-A.-5181, en el cual la dependencia comunica a la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" que esa instancia normativa en ámbito de sus atribuciones, "no tiene inconveniente" en dar continuidad a la solicitud de cancelación de plazas presentada por Pemex.

 

La solicitud de cancelación de 10 mil 553 plazas presupuestarias de carácter permanente (de base) a fin de "linear la estructura organizacional y ocupacional con el monto de recursos presupuestarios autorizados en el presupuesto de servicios personal para el ejercicio fiscal 2016", fue realizada por la petrolera mexicana mediante el oficio de folio número 1820150134, el cual es citado en el documento.

 

Según consta en el documento, la cancelación de plazas de trabajadores de planta se realiza en apego a los artículos 8A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 65, apartados A, fracción II y B, fracción I del Reglamento Interior de la SHCP.

 

Dicho documento está dirigido a Mario Govea Soria, subdirector de Presupuesto de Pemex y va presuntamente firmado por Alejandro Sibaja Ríos, director general de Programación y Presupuesto "B". Fue clasificado como reservado por el término de 14 meses, a partir del cuatro de noviembre de 2015, con fundamento legal en el artículo 14, fracción sexta y quinceava de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 

Petróleos Mexicanos ha disminuido su plantilla laboral en aproximadamente 65 mil plazas menos a partir del año 2010 y se espera sigan los procesos de reestructuración tras la aprobación e implantación de la reforma energética, que dio paso a la reconformación de Pemex, al pasar de ser una empresa paraestatal a una empresa productiva del Estado. Trabajadores estiman que los próximos recortes de personal podrían afectar a cerca de 30 mil personas.

 

Información de la empresa confirma que en 2010, según el Informe de Responsabilidad Social, Pemex contaba con una plantilla laboral de 184 mil 90 personas, de los cuales, 151 mil 454 eran sindicalizados y 32 mil 636 de confianza. Para 2014, la entonces paraestatal había reducido a 143 mil 381 empleados su plantilla; de éstos, 114 mil 047 eran sindicalizados y 29 mil 334 de confianza.

 

A la fecha resulta complicado citar una cifra exacta de la cantidad de personas laborando al interior de la empresa productiva del Estado, sobre todo después de la reconfiguración de sus subsidiarias, pero se estima que en global, la cifra de trabajadores no supera las 120 mil personas, entre empleados sindicalizados y de confianza.

 

_______________________________________________________________



Congresistas Texanos exigen al gobierno estadounidense extraditar a ex gobernadores Tamaulipecos

 

La solicitud dirigida al Secretario de Estado de EU y a la Procuradora, implica la captura de Tomas Yarrigton y Eugenio Hernández Flores, en quienes se han gastado muchos recursos en investigación realizada bajo los cargos de lavado de dinero, narcotráfico entre otros delitos federales.

 

(Mauro de la Fuente / Agencia Reforma/ El Sol Del Sur Tampico

MEXICO, D.F. 14 OCTUBRE 2015.- Información que ha venido trascendiendo a nivel internacional y que implica que es en los Estados Unidos en donde se exige castigar a los ex Gobernadores Tamaulipecos; Tomas Yarrigton y Eugenio Hernández Flores, no concuerda con investigaciones que se sepa que en México se realizan por parte de la PGR, por el contrario ha sido el propio Presidente de las Republica Enrique Peña Nieto, quien desde que se candidateaba para ser electo, exoneraba a los citados personajes bajo el argumento de que se trataba de ataques infundados en contra de su postulación y de importantes priistas.

En los Estados Unidos; son los congresistas federales Filemón Vela y Michael McCaul, un demócrata y otro republicano, quien han solicitado al secretario del Departamento de Estado, John Kerry, y a la fiscal general, Loretta Lynch, acelerar la extradición de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.

 

El Representante estatal; Filemón Vela, es miembro del Partido Demócrata, mientras que McCaul, del Republicano, enviaron una carta a ambos funcionarios, pidiéndoles tomar medidas inmediatas para poner ante la justicia estadounidense a los ex mandatarios, acusados de lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos federales.

 

Expresan que: “Estos dos ex gobernadores del estado mexicano de Tamaulipas son acusados de ser actores clave en empresas criminales que tuvieron un impacto negativo significativo en las comunidades en ambos lados de la frontera, de México-Estados Unidos”, señalan en el documento.

En Washington-Michael Mccaul representante de los EE. UU, es presidente de la cámara de seguridad nacional, representante de la comisión y de los EE. UU Filemón Vela, miembro de la Asamblea Nacional, el comité de seguridad marítima y de frontera subcomisión de seguridad, emitieron la siguiente declaración conjunta:

 

"La extradición de estos 13 individuos buscado por delitos en los Estados Unidos, que van desde el blanqueo de dinero, asesinato, tráfico de drogas es un paso en la dirección correcta. Esperamos que nuestros gobiernos seguir trabajando juntos para garantizar que estos y otros criminales, la cara de la justicia en nuestro país.

"La extradición de estos 13 delincuentes positivamente reflexiona sobre el duro trabajo, los esfuerzos de los fiscales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a través de los Estados Unidos.

 

Ahora, es el momento para atacar a lo poco que hacen los funcionarios corruptos de México para establecer el estado de derecho, una tarea difícil.

 

Por esa razón, continuamos nuestro llamado para una acción inmediata para detener en México y extraditar a los Estados Unidos, para llevar ante la justicia a los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomas Yarrington y Eugenio Hernández. Estos hombres que enfrentan múltiples cargos por delitos graves en Texas.

Yarrington, quien fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, fue acusado desde mayo del 2013, de conspiración para lavar dinero, defraudar y hacer declaraciones falsas a los bancos estadounidenses.

 

En mayo del 2015, Hernández, quien fue mandatario entre 2005 y 2010, fue acusado de conspirar para lavar instrumentos monetarios y de ayudar e instigar el funcionamiento de operaciones de dinero sin licencia.

 

“La ley de EU ha dedicado una amplia mano de obra y otros recursos para investigar el fraude, la corrupción, el tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos. Como resultado de esas investigaciones, les han emitido órdenes de detención federales a estos dos hombres.

 

“Traer a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández a la justicia en Estados Unidos debe ser una prioridad, e instamos a acelerar su extradición”, dijeron los dos congresistas.

 

El año pasado, el demócrata ya había pedido la extradición de Yarrington, quien también cuenta con una orden de aprehensión en México.

 

En el 2013, los jueces de la Corte de Distrito Sur en Texas ordenaron la confiscación de bienes de Tomás Yarrington en Estados Unidos, mientras que en el 2015, fueron tras las propiedades de Eugenio Hernández. 

Pero en México las denuncias que se han presentado no sólo en contra de Tomas Yarrigton, y Eugenio Hernández Flores, también han implicado al ex Gobernador, hoy en día Senador de la Republica; Manuel Cavazos Lerma, sin embargo según expresión del ex procurador Jesús Murillo Karam, estas desde hace mucho tiempo están archivadas.

 

Razón por las que el hoy Presidente mexicano Enrique peña Nieto mete las manos al fuego en defensa de los ex gobernadores tamaulipecos pues apenas era candidato virtual del PRI a la presidencia, mostraba abiertamente su apoyo al ex gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, quien era investigado junto a otros dos ex mandatarios de la entidad por el asesinato del ex candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú.

 

El exgobernador del Estado de México denunció en ese momento “prácticas autoritarias” y un “manejo faccioso de la ley” que buscan descalificar la campaña de su partido, en alusión a la investigación que realizaba la PGR contra Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores.


RELACIONES SOSPECHOSAS


Según investigación de REPORTE INDIGO durante el gobierno de Vicente Fox, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo abiertas tres averiguaciones previas: una contra Manuel Cavazos Lerma, entonces ex gobernador de Tamaulipas, y el entonces gobernador Tomás Yarrington. Las otras dos eran sólo contra Yarrington.

 

En las tres, las imputaciones contra ellos son graves y directas. Ambos políticos han sido perseguidos durante más de una década por su negra fama.

 

Pistas clandestinas construidas con recursos públicos en ranchos de narcos, miembros de sus equipos de gobierno acusados de haber trabajado directamente para Humberto García Abrego, jefes policiacos que combinaban su trabajo con el tráfico de droga y aceptación de sobornos provenientes del narco, son algunos de los señalamientos asentados en las averiguaciones.

 

De acuerdo al contenido de las tres averiguaciones previas, a las cuales tuvo acceso Reporte Indigo, la dependencia responsable de hacer la investigación fue la AFI, encabezada entonces por García Luna.

 

Los partes informativos realizados por dicha agencia revelan que la investigación se hizo con premura y de forma dolosamente descuidada.

 

La exoneración de Cavazos Lerma y Yarrington se basó en testimonios de personas anónimas que supuestamente entrevistó el equipo de García Luna en Tamaulipas. La AFI le aseguró a la PGR que no había indicios para sustentar la acusación.


 1. LAS PRIMERAS DENUNCIAS CONTRA ELLOS EN 1998

 

La primera averiguación contra los dos ex gobernadores data de 1999 (608/MPFEADS/99), cuando Manuel Cavazos Lerma todavía gobernaba Tamaulipas y Yarrington era el candidato del PRI a la gubernatura.

 

Ernesto Zedillo era presidente y Jorge Madrazo Cuellar, titular de la PGR.

 

Todo comenzó el 18 de septiembre de 1998, cuando la delegación de la PGR en Tamaulipas abrió la indagatoria 146/DGMPE”B”/98 a raíz de una denuncia hecha por José Luis González Meza contra Cavazos Lerma y Yarrington. Los acusó de peculado y delitos contra la salud.

 

González Meza es un reconocido escritor en Tamaulipas. En 2010 participó como candidato independiente en las elecciones de gobernador. Obtuvo 25 mil votos que fueron anulados porque el Instituto Electoral del estado le impidió su registro.

 

El 16 de octubre de 1998, González Meza se presentó a ratificar su denuncia. Afirmó que Cavazos Lerma tenía como director de Supervisión de la Policía Judicial del Estado a su primo Miguel Ángel Lerma Elizondo, quien había sido socio y administrador de Juan García Ábrego en la empresa Prodecomsa.

 

González Meza también señaló que el primer procurador del gobierno de Cavazos Lerma fue Raúl Morales Cadena, cuyo padre era abogado defensor de conocidos personajes ligados a la delincuencia organizada, como el legendario Juan N. Guerra, considerado el creador del Cártel del Golfo en Tamaulipas.

 

El escritor denunció ante la PGR que García Ábrego tenía siete órdenes de aprehensión en Matamoros, Tamaulipas, pero “jamás fue aprehendido a pesar de que se paseaba en Tamaulipas como en su casa y pasaba largas temporadas en Mendez en donde vivía con una de sus esposas y un hijo”.

 

Declaró ante el Ministerio Público que había “predios de conocidos narcotraficantes en donde existen pistas clandestinas utilizadas por aviones procedentes de América del Sur repletas de cocaína. Las citadas pistas son construidas por el gobierno del Estado y algunos municipios”.

Casos de Yarrington y Eugenio cerrados: PGR

 

Por otra parte el periódico El MAÑANA en su sección NACIONAL  fechada el 04/09/2013

Ciudad de México.- La PGR archivó las averiguaciones previas que inició contra los ex gobernadores de Tamaulipas y Coahuila, porque no hay elementos que demuestren que están vinculados con el narcotráfico o que se enriquecieron de manera ilícita.

 

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo en el noticiero “Primero Noticias” que los expedientes fueron mandados al archivo, incluso antes de que él tomara posesión del cargo.

 

En el sexenio pasado, la PGR comenzó a investigar a los ex mandatarios tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández, por presuntamente estar ligados con el narcotráfico; eso propició que solicitara una orden de aprehensión contra Yarrington.

 

Asimismo, inició una pesquisa contra el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, debido a señalamientos que afirmaban que se enriqueció de manera ilícita, a raíz de la deuda que contrajo su estado por más de 5 mil millones pesos.

 

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el procurador Murillo Karam informó que esos casos están archivados.

 

- El caso de los ex gobernadores de Tamaulipas, que también se generó en el sexenio pasado, Manuel Cavazos, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández -le preguntó Loret de Mola.

 

“Mire usted, por lo que toca a la Procuraduría General de la República, antes de que yo llegara, habían ya mandado a archivo los expedientes”.

 

- ¿Sobre los tres?

- Es que son dos, los de Cavazos.

- Entonces es Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

- Así es.

- Entonces, ¿ya no hay nada contra ellos?

- También no puedo decir que no hay nada, o sea, es cuestión de, hay un expediente que se archivó, pero decir no hay nada, porque no hay nada, no puedo decirlo de nadie.

- Pero se archivó, ¿qué quiere decir?

- Que no se habían encontrado pruebas suficientes para procesar, antes de que llegara.

(Milenio)

______________________________________________________________

Jóvencitas pertenecientes a la alta sociedad mexicana se divierten con el #retodelpasesito, invitando a sus contactos en Facebook a meterse un "pase" de cocaína y subir el video a la red social.

 

 

POR:   SDP NOTICIAS

Olviden el "reto de la cubeta de hielo". Eso es demasiado 2014.

 

La nueva moda entre las niñas de la alta sociedad mexicana en Facebook es meterse un pase de "coca" y retar a sus amigas (y amigos) a seguir su ejemplo.

 

“Amigos, estoy cumpliendo el reto del pasesito”, señala en el video una joven y guapa rubia con un hermoso paisaje de fondo. Antes de meterse el “jalón” de cocaína, la bella muchacha, vestida con un costoso vestido negro, da la extensa lista de personas que desea que también cumplan el reto.

 

Tras mostrar su grapa de cocaína, la joven, que también luce costosas joyas, utiliza la tapa de una pluma fuente para aspirar enérgicamente la sustancia.

 

La segunda joven que aceptó el “reto” ni siquiera se presenta. Simplemente, con una obra de arte de fondo y utilizando parafernalia especializada para el consumo del polvo blanco, introduce de varios "narizazos" las sustancia en su cuerpo.

 

Sonriente, sintiendo ya los efectos de la coca en su cuerpo, la joven dice arrastrando un poco la voz: “no está fácil”.

_______________________________________________________________________


 

Un juez federal permitió el consumo medicinal de cannabis a Graciela Elizalde, quien padece el síndrome Lennox-Gastaut

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Graciela Elizalde, una niña de 8 años, podría convertirse en la primera persona en usar legalmente la mariguana en México, luego de que un juez federal dictaminara que el Gobierno mexicano no puede impedirle a su familia importar un tratamiento medicinal de aceite de cannabis desde Estados Unidos.

 

El periódico The Washington Post publicó este 28 de agosto la historia de Graciela, quien desde temprana edad fue diagnosticada con el síndrome Lennox-Gastaut, un fuerte tipo de epilepsia que ha deteriorado fuertemente su salud.

 

La familia dijo a The Washington Post que han visitado más de una docena de neurólogos, además de ortopedistas y gastroenterólogos, optometristas y genetistas, que han experimentado con gotas homeopáticas, acupuntura, infusiones de hierbas, e incluso intervenciones quirúrgicas, para reducir las convulsiones y los constantes ataques, sin embargo todo lo ha empeorado y su último recurso ha sido el tratamiento con mariguana, pues han escuchado historias de mejoría médica en casos similares de Colorado, Estados Unidos.

_______________________________________________________________________





La masacre… un año más

 

by mmmesoamericano

https://caravanademadres.files.wordpress.com/2015/01/img_0059.jpgMéxico,

D.F. Agosto 22, 2015.- Ya estamos a cinco años del descubrimiento de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde dio lugar un crimen despiadado el 22 de Agosto de 2010, cuando 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas.

 

San Fernando es emblemático. El horror social frente a este terrible evento impidió que el gobierno de nuestro país continuara negando el criminal maltrato que sufren los migrantes en México, pero las masacres continúan hasta la fecha. A partir del 1 de abril del 2011 se descubrieron 47 nuevas fosas en Tamaulipas con 193 los muertos, y en el mes de mayo del  2012, en Cadereyta, se dio el atroz descubrimiento de 49 cadáveres, 43 de hombres y 6 de mujeres asesinadas y desmembradas. En declaraciones del INM, se da cuenta de que “existen 825 cuerpos de migrantes en calidad de desconocidos, restos que en su mayoría no están completos”. No tenemos un recuento puntual de la gran cantidad de cadáveres no identificados que se encuentran en las fosas comunes de los cementerios mexicanos ni en otras fosas clandestinas que seguramente existen por todo el territorio nacional, además de los que nadie cuenta: los miles de migrantes desaparecidos en tránsito por México que sus familias buscan desesperadamente.

 

A partir del año 2006, auspiciados por el Movimiento Migrante Mesoamericano, con apoyo de los albergues migrantes y numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de los migrantes desaparecidos en tránsito por México, en especial sus madres, iniciaron las Caravanas de búsqueda con el fin de hacer visible su tragedia, denunciar la complicidad del gobierno de México con el crimen organizado y encontrar a sus hijos.

 

El 2 de noviembre del 2011, durante la caravana, las madres rindieron homenaje a los muertos en su primer aniversario justamente en el local donde fueron masacrados los 72 migrantes: San Fernando Tamaulipas.

 

https://caravanademadres.files.wordpress.com/2015/08/san.jpghttps://caravanademadres.files.wordpress.com/2015/08/san-fer.jpg

 

La llegada a San Fernando estuvo rodeada de intriga. A pesar que autoridades del más alto nivel habían dado instrucciones para que nos recibiera una comisión de autoridades municipales, ninguna autoridad municipal hizo acto de presencia, y nos encontramos varados a punta de carretera custodiados por la policía federal y el ejército. Ninguno de los guardias asumía conocer el lugar que buscábamos. Ni autoridad, ni vecinos, nos quisieron orientar por temor a comprometerse y posteriormente pagar caras las consecuencias.

 

Cuando llegamos a la bodega escenario de la masacre migrante, nos causó una gran impresión el encontrar las puertas metálicas tiradas, con múltiples orificios de balas. Inexplicablemente aun se encontraban tirados zapatos, cachuchas, gorras, chamarras, peinetas, pertenencias de quienes fueron ahí masacrados. Las madres centroamericanas observaron una a una las prendas que debieron ser recogidas como evidencia por la policía desde agosto del 2010, cuando ocurrió la masacre.

 

Con estos hallazgos fue montada la ofrenda del altar de muertos. Los sacerdotes Fray Tomas González y Heyman Vázquez oficiaron un acto litúrgico y las madres bendijeron el lugar cubriéndolo con flores cempasúchil en un acto solidario de liberar y purificar el lugar y a la gente buena de San Fernando.

 

https://caravanademadres.files.wordpress.com/2015/08/sa-fernando.gif

 

 La justicia ha sido escamoteada y el gobierno mexicano ha quedado, una vez más, en deuda. Son muchos los agravios que han sufrido las familias. A pesar de la detención de presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La autoridad no ha fincado responsabilidades a los servidores públicos que han retardado la impartición de justicia o la reparación del daño, han sido omisos en la identificación plena y fidedigna de todos los restos, y la falta de transparencia en el manejo de los casos. Las investigaciones no han transparentado lo que sucedió, las autoridades locales y federales no han informado a las familias de las victimas de hallazgos y el proceso de identificación de las víctimas se ha efectuada con demoras, agravando los sufrimientos de las familia quienes, en algunos casos, recibieron restos equivocados.  Las familias claman por justicia y protección ante los peligros y amenazas.

 

Cuando finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió tardíamente sus recomendaciones, la decepción de todos los que las esperábamos fue mayúscula. La Comisión violó los derechos reconocidos en el marco nacional e internacional de protección a los derechos de las víctimas: no asesoró a los familiares, no los acompañó a la recepción de los restos ni apoyó a quienes tuvieron dudas sobre lo que estaban recibiendo, y falló al no recomendar a las autoridades federales y estatales la reparación de los daños causados por las violaciones a sus derechos humanos, ni apeló a la Ley General de Víctimas para promover la reparación.

 

La CIDH acusa al gobierno de México de entregarle información parcial casi un año después de solicitada, también acusa que la PGR, al investigarlos como casos de tráfico de personas o violaciones a la Ley general de población, trata a los afectados como participantes voluntarios y testigos potenciales, y no como víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto “se les niega el acceso a la justicia y la reparación y los casos son tratados simplemente como un asunto criminal.

 

La masacre de San Fernando permanece como un caso secreto y de impunidad. A pesar de decenas de arrestos, ningún autor intelectual o facilitador del crimen ha sido condenado. A cinco años de la masacre persiste la ignominia y la impunidad, los 72 migrantes asesinados se multiplican indefinidamente y yacen en silencio en alguna fosa no identificada en el vasto territorio de la impunidad.

 

Movimiento Migrante Mesoamericano

Twitter: @MMMesoamericano Web: http://www.movimientomigrantemesoanericano.org

Contactos: Rubén Figueroa ruben_migrante@hotmail.com (+521) 554 505 6658

Marta Sánchez Soler mafesaja@aaol.com (+521) 555 435 2637

José Jacques y Medina osiec@aol.com (+521) 554 346 1368

 ______________________________________________________________________


Impacta al país caso en ciudad Madero en el que Niña de 11 años asesina a sus hermanitos por ‘órdenes del diablo’

 

La información proporcionada por la autoridad investigadora y que ha trascendido en todo México indica que la niña asfixió a una bebé de 9 meses y a un pequeño de 3 años, en crímenes cometidos con una semana de diferencia, y luego intenta suicidarse

 

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto.- Una niña de 11 años asesinó a dos de sus hermanitos de solo 9 meses y de 3 años de edad, por supuestas órdenes del diablo, en hechos ocurridos en Ciudad Madero, Tamaulipas.

 

Los crímenes fueron cometidos en momentos distintos, con diferencia de una semana, y fueron puestos al descubierto después de que la menor, identificada como Fernanda “C”, ingresó a un hospital tras intentar suicidarse con el consumo de pastillas.

 

Información proporcionada por la Agencia del Ministerio Público Especializado en Protección a la Familia a medios locales indicó que el 10 de agosto, personal del Hospital Civil de Madero notificó a las autoridades que la niña fue ingresada a ese centro hospitalario.

 

José Luis y Fabiola, padre y madre de los pequeños, confirmaron que su hija de 11 años en varias ocasiones les contó que “hablaba con el diablo”, el cual salía de entre las sombras

 

Al tomar agentes investigadores su declaración, la menor confesó que “voces diabólicas” le habían ordenado suicidarse para reunirse con sus hermanitos, a los que había matado, por lo que las autoridades abrieron la averiguación previa 189/15.

 

Como parte de las indagaciones se estableció que el pasado 19 de julio, al mismo hospital ingresó sin vida la pequeña Camila, de 9 meses de edad.

 

El 27 de julio hubo otro ingreso hospitalario de la familia, cuando el pequeño Fabián, de 3 años de edad, fue internado inconsciente en el Hospital Civil, donde horas después falleció.

 

Dos días después, el día 29, también ingresó al hospital la pequeña Merely, de 9 años, pero esta vez sin consecuencias fatales. Solo fue atendida por crisis nerviosa y suplicaba que no dejaran que la tocara su hermana Fernanda, pues aseguraba que es mala.

 

En su confesión, la niña Fernanda relató “que ella privó de la vida a sus dos hermanitos, pues voces se lo ordenaban”. Narró que a ambos los asfixió: a la más pequeña le tapó la boca y la nariz, mientras que al de 3 años lo ahogó con una almohada.

 

José Luis y Fabiola, padre y madre de los pequeños, confirmaron que su hija de 11 años en varias ocasiones les contó que “hablaba con el diablo”, el cual salía de entre las sombras, pero aparentemente nunca se dieron cuenta de que esa patología fue fatal para su familia.

_______________________________________________________________________


Rescatan en Coahuila de la empresa Prokarne  que explotaba a 200 jornaleros; 54 eran niños

 

JUEVES 20 DE AGOSTO 2015

SALTILLO , COAHUILA.- La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) rescató 54 niños de entre 200 jornaleros de un rancho propiedad de la empresa Prokarne, donde eran explotados.

 

De acuerdo a los primeros datos, los encargados del lugar racionaban los alimentos de los menores, quienes trabajaban en labores de cultivo y engorda de ganado.

 

Los mantenían en cuartos, donde dormían prácticamente en el piso, y tenían por cama pedazos de hule espuma, unicel, cartones.

 

Se informó que algunos eran originarios de San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Coahuila.

 

Las autoridades ya empezaron con más diligencias para encontrar otros posibles crímenes en contra de los jornaleros, y así proceder contra dicha empresa.

_______________________________________________________________________


Da a luz otra menor de 11 años, fueron gemelos

 

La menor, que dio a luz mediante una cesárea el pasado viernes 14 en un hospital en el pueblo cruceño de Montero, contó a los médicos que le atendieron que sus hijos son producto de los abusos sexuales de su padrastro.

 

LA PAZ, 17 de agosto.- Una niña boliviana de 11 años que fue víctima de reiterados abusos sexuales por parte de su padrastro en el último año dio a luz a gemelos en la región de Santa Cruz, informaron medios locales.

 

La menor, que dio a luz mediante una cesárea el pasado viernes 14 en un hospital en el pueblo cruceño de Montero, contó a los médicos que le atendieron que sus hijos son producto de los abusos sexuales de su padrastro, según el canal privado ATB.

 

El jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Montero, Yauli Usnayo, dijo a ese medio que el hombre, identificado con las iniciales S.E.F., aprovechaba la ausencia de la madre para cometer los abusos.

 

La madre dice que notaba algo raro, pero ella no se imaginaba que era su esposo el autor del hecho", añadió Usnayo.

 

Según un informe preliminar, los abusos comenzaron en febrero de 2014, cuando la niña tenía 10 años.

 

Un juez cautelar ordenó la detención preventiva del padrastro de la menor en la cárcel del pueblo vecino de Okinawa.

 

El hombre fue acusado por el delito de "violación agravada" y también se anuncia un proceso penal contra la madre de la niña por presunta complicidad.

_______________________________________________________________________



Ante CNTE, respuestas políticas y penales: SEP

 

Golpe a recursos del magisterio es apenas el principio: Chuayffet. Hay una treintena de investigaciones contra dirigentes, declara

 

esteban.roman@eluniversal.com.mx

El fantasma. Así califican al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, quienes suponían que no haría nada ante el magisterio disidente. El funcionario lo cuenta. Pero ahora decidió mostrarse.

 

¿Por qué aparecerse? Él responde: es un punto de quiebre el quitarle a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) su principal fuente de recursos, el control del Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEEPO). “Si nos va bien en esto, la educación de Oaxaca va a prosperar. Si nos va mal en esto, la educación de Oaxaca va a recaer. De tal manera que el tema es educación. Yo no voy a negociar, yo no voy a platicar con quienes estén en contra de esta decisión”.

 

Chuayffet recita de memoria cifras del panorama que enfrenta. Un estado con 900 mil niños en educación básica quienes, en promedio, no tuvieron clases durante tres meses cada año; 144 mil jóvenes de nivel medio superior y 75 mil “muchachos y señoritas” en la educación superior afectados. En suma, un millón 100 mil alumnos aproximadamente que no contaron como deberían con los 81 mil maestros existentes para atenderlos.

 

El estado con mayor analfabetismo, el estado con mayor reprobación, el estado con el menor cumplimiento del calendario escolar.

 

Encima, dice, un órgano estatal de la educación que fue “asfixiado” al punto de quitarle cualquier esperanza de mejora. Hasta hace cuatro días.

 

Y ahora que dice lo que se perdió, ¿en cuánto tiempo se recuperará?

 

—El problema existe desde hace 35 años y en Oaxaca de manera aguda desde mayo 23 de 1992, cuando en un acuerdo, la autoridad cede a la sección sindical el manejo de la educación. Son 23 años, ¿qué tiempo nos va a tardar remontarlos?, hoy tenemos elementos de reconstrucción mucho más ágiles que entonces, pero es un problema de dimensiones mucho mayores a las que se tenían antes.

 

¿Hasta aquí se llegó o vienen más acciones contra la CNTE?

 

—No basta con expedir un decreto o una ley para que las cosas cambien; este es el principio, el hecho detonador, pero faltan muchas cosas por hacer. ¿Cuándo habrá una educación normalizada en Oaxaca? Cuando haya maestros que cumplan, cuando haya directores y supervisores que dirijan y revisen, cuando no haya alumnos que pierdan tiempo en el calendario escolar y que sean atendidos los 200 días que éste marca, de suerte que todas esas cuestiones apenas las vamos a iniciar en Oaxaca y hablo en plural porque quien las va a iniciar es el IEEPO y el señor gobernador, y nosotros sólo estaremos acompañándolos con todo lo que ellos soliciten, para que se dé esta normalización de la educación de las clases en la entidad.

 

Se hizo ya esto con Oaxaca. ¿Se tienen planes de hacer algo con los estados que tienen problemas como Michoacán, Guerrero, Chiapas?

 

—Cada estado es una particularidad y quien mejor lo conoce es el gobernador, no nosotros desde el centro. La decisión que Gabino (Cué) tomó y que nosotros celebramos y apoyamos fue una decisión que se vino gestando y que llegó a encontrar la circunstancia y el momento apropiados para aplicarse. Entonces nosotros estamos abiertos para apoyar a cualquier otra entidad que, del mismo modo que Oaxaca, decida recobrar el mando de la educación en manos de la autoridad.

 

¿Por qué ahora?

 

—Yo creo que lo más difícil para lograr un cambio es pretender hacerlo al inicio de clases, porque la respuesta puede ser ‘te boicoteo el inicio de clases y no hay clases en todo Oaxaca’. Estamos preparados con estrategias de corte político fino que ha realizado la Secretaría de Gobernación para llevarlas a cabo en respuesta a las distintas reacciones según el momento, la intensidad y el daño que pretendan causar...

 

¿Tienen escenarios de hasta dónde podría llegar la CNTE?

 

—Sí, y yo creo que el peor es el de paralizar la educación en Oaxaca.

 

Dice que hay preparadas respuestas políticas, ¿también penales?

 

—Por supuesto, por supuesto, quien incurra en delitos tiene que ser castigado por la ley. Y esta no es, lo quiero dejar muy claro, una amenaza, sino una reiteración de lo que es el Estado de derecho. La ley establece una norma general, impersonal y abstracta y el que la viole, en realidad está ofendiendo a la comunidad y consecuentemente debe restituir el daño.

 

No sólo por los delitos que puedan cometer de ahora en adelante, sino por los que ya cometió...

 

—Así es, totalmente de acuerdo.

 

¿Hay investigaciones pendientes que se planeen abrir todavía contra dirigentes de la CNTE?

 

—Entiendo que ya hay más de una treintena de investigaciones en contra de las personas que usted ya ha aludido y los delitos son diversos.

 

Con el corte de recursos que ya no podrán recibir por parte del IEEPO, ¿cree que la CNTE va a seguir teniendo la capacidad para bloquear carreteras y asfixiar al DF?

 

—Creo que no, mire, mi idea personal, lo que yo imagino que va a pasar es: va a haber reacciones pero donde no va a estar todo el magisterio asociado a ellas. ¿Quiénes van a reaccionar? Los que pierden los privilegios y el manejo del dinero, ellos van a reaccionar, por supuesto, es un tema de lógica.

 

Una APPO como en 2006, ¿usted ve ese escenario?

 

—No, y no lo veo porque el IEEPO nuevo conserva, contiene y además se fortalece con nuevas facultades. El manejo del dinero lo va a tener el IEEPO, el nuevo IEEPO, eso no pasó en 2006. La facultad de supervisar el desempeño de los maestros para que los que han sido tradicionalmente parte de estos movimientos que alteran la vida social y educativa de Oaxaca puedan ser sancionados, no porque la reforma educativa se haya hecho para sancionar al maestro. El maestro de México nunca ha sido un problema, ha sido solución y así ha sido considerado siempre, pero quienes no siguen ese camino y se apartan de la legalidad, bueno, pues tienen ahora la posibilidad de ser sancionados... Y usted me preguntará, ‘por qué hasta ahora’. Antes, para saber quién faltaba en una escuela, qué necesitaba usted: un supervisor y si el supervisor era de la 22, qué pasaba, dependía de su voluntad reportar o no la calidad y la continuidad en el desempeño del maestro frente al aula.

 

¿De qué tamaño es el golpe a la CNTE?

 

—Yo creo es un golpe muy severo que en primer lugar quita las oportunidades de dirección y fondeo de sus actividades. En segundo lugar, une a todas las autoridades estatales y federales en la defensa de este nuevo modelo educativo o de esta nueva organización educativa en el estado de Oaxaca.

 

¿Esta es la principal fuente de fondeo, la única?

 

—Yo creo que es la principal, la más importante, subrayadamente.

 

¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Rubén Núñez?

 

—Nunca he hablado con él, déjeme platicar, desde que empezaron a surgir estos movimientos que tenían un propósito sano, en su inicio eran absolutamente movimientos con propósitos sanos, el secretario de Educación casi nunca los ha recibido, salvo algún periodo ahí que se me pierde la memoria de dos o tres años, siempre y cuando estuviera el SNTE. ¿Cuál es la explicación? Que si usted recibía a la CNTE, el SNTE decía ‘oye, el titular soy yo y ellos son enemigos nuestros’, de suerte que tú no puedes negociar nada con la CNTE, así lo viví yo en Gobernación. A mí me tocaba recibir a la CNTE y no a la Secretaría de Educación, porque había que tenderles un puente, había que prestarles una mesa para el diálogo, había que ser consecuentes y condescendientes con la idea de mejorar. ¿Qué pasó y por qué se da esto ahora? Pues porque nos dimos cuenta de que esa idea de mejora que ellos protestaron siempre tener, era falsa. Simplemente estaban encubriendo una serie de vicios, que lamentablemente perjudicaron a Oaxaca… Repito, la dirigencia sindical, no los maestros de Oaxaca que son gente que ha cumplido, y a veces en condiciones muy difíciles, con su labor.

 

¿Usted cree que sería exagerado calificar lo que hizo la CNTE, y tal vez lo que sigue haciendo un poco la CNTE en Oaxaca, como una actividad gangsteril? Secuestros...

 

—Bueno sin lugar a dudas creo y algunas autoridades competentes lo están investigando, no el que toda la CNTE haya hecho eso, sino que hay personajes en los puestos de control y dirección que sí pudieron haber incurrido o, de hecho, que sí incurrieron en actos delictivos y se les debe aplicar la ley.

 

¿Por qué si no ha tenido un papel protagónico, ahora así de golpe lo asume?

 

—Yo voy a apoyar al gobernador como me lo ha ordenado el Presidente para que esta decisión se vaya acoplando cada día más a la realidad de Oaxaca. Cuando lo que queremos —y está expedido de alguna forma en el decreto— con lo que tenemos, que es la realidad misma, coincidan, entonces habremos terminado esa labor.

 

Se ha mencionado que ha dejado en el subsecretario Luis Miranda muchas responsabilidades...

 

—Bueno, yo no he delegado en el subsecretario Miranda, que es mi amigo desde hace muchos años en Toluca, porque yo no soy su jefe. En Gobernación tienen un organigrama para la atención de todos estos problemas y le quiero decir que no ha habido un solo encuentro del señor subsecretario que no me haga el favor de reportármelo y de sintetizar gráficamente cuáles son los puntos a los que han llegado.

 

¿Cancelar al principio la evaluación docente fue una estrategia en favor de las elecciones?

 

—Me lo han dicho muchas personas, yo no tengo más que mi palabra, en este sentido no se trataba de vincular el que hubiera paz con la celebración de las elecciones, se trataba y está demostrado en los tomos notariales que entregué a la Cámara de Diputados de que no teníamos todos los elementos para llevar a cabo la evaluación, el anuncio desató una premura en los 19 estados que faltaban, teníamos sólo 13 en registros.

 

Se dice que sale de prisión la maestra Gordillo ¿No le importaría?

 

—Es un asunto de carácter judicial que tendrá que resolver el Poder Judicial.

 

Sin embargo supongo que no le haría feliz a nivel personal que la profesora saliera.

 

—Mire, yo no le deseo mal a nadie, de manera que en ese sentido ni me hace feliz ni me hace infeliz. Yo creo que cada uno tenemos responsabilidades en la vida y forma de hacerles frente. De suerte que lo que decida la autoridad judicial estará bien decidido para mí.

 

¿En algún momento le pasó por su mente dejar el cargo?

 

—No, nunca. Yo estoy feliz en este cargo y estoy tratando de hacer lo mejor que se pueda porque la reforma sea una realidad en todo el país.

 

En ese sentido, ¿usted planea estar hasta 2018?

 

—Mire hay que ser muy claros en política. El que nombra y remueve libremente, dice la Constitución, a los secretarios del despacho es el presidente de la República. Artículo 89. Yo estaré aquí hasta el día en que el presidente de la República decida mantenerme aquí y, caso contrario, dejaré de estar cuando él lo decida. Pero es un asunto que yo no me planteo, porque lo que tengo enfrente es mucho trabajo que hay que cumplir.

 

Finalmente, algo sí tiene seguro el secretario. Después de su actual cargo “desaparecerá” de la política y se convertirá en investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “Si la UNAM me deja”, dice en broma, ya fuera de cámara.

________________________________________________________


Brozo arremete contra Peña y su gobierno; El Chapo “los trató como peleles”, dice

 

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En su papel de Brozo y desde su programa matutino que se transmite por uno de los canales de Televisa, el comediante Víctor Trujillo, quien lleva tiempo llamando “Henry Monster” al presidente Enrique Peña Nieto, arremetió contra el mandatario por sus declaraciones sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.

 

Como parte de su monólogo, el conductor del programa El Mañanero se refirió al túnel por el que escapó el líder del Cártel de Sinaloa, como el “ícono de la inoperancia, impunidad y la corrupción” de la administración peñista y consideró que los únicos que se deben sentir agraviados con la fuga de El Chapo, son los gobernantes, al ser “burlados y tratados como unos peleles” por un criminal.

 

En su arenga transmitida por el canal 4 de la principal cadena de televisión, Brozo remató que cuando alguien no cumple su trabajo “y se te va el criminal más buscado de este país, lo que tienes que hacer es renunciar”.

 

Estos son algunos de los extractos de la intervención que este martes 21 tuvo Brozo en su programa El Mañanero y en los que cuestiona las palabras expresadas por Peña Nieto sobre la fuga de Guzmán Loera, al regreso de su gira por Francia.

 

“Mire presidente, no es ira lo que tenemos los mexicanos; no somos unos perros que agarraron a pedradas. Tampoco somos unas mujeres abandonadas. Las fallas de la autoridad, por desgracia, son el pan nuestro de cada día. Lo que sí hay, más que enojo e ira, es hartazgo, porque ya nos consta a todos que la impunidad y la corrupción han llegado muy lejos, y ya penetraron hondo en las instituciones del país. ¿De qué valdrían los pucheros cuando sabemos que el gobierno, del partido que sea, incumplen con la primera tarea que tiene es resguardar la integridad del ciudadano”, dijo Trujillo.

 

“¿Para qué nos estamos azotando? Si lo que necesitamos es estar alertas, para no ser víctimas de los delincuentes organizados, o no, que ponen en riesgo nuestra integridad, la de nuestras familias, la de nuestros bienes, con la complacencia o complicidad del gobierno federal, estatal o municipal. El enojo y la ira, presidente, nada más nos nublarían la existencia o el raciocinio, para andar ahí como zombis dándonos de golpes en la pared tratando de morder algo poroso”, expresó con vehemencia Brozo.

 

“Ahora que a todos nos queda más claro que un túnel es el ícono de la inoperancia, de la impunidad, de la corrupción, que tiene cobijo en casi todas las esferas del gobierno de este país. No, no presidente, no se enoje, no se trata de eso”, ironizó el comediante.

 

Después de una pausa, Trujillo, que insistió en llamar repetidas veces “Henry Monster” a Peña Nieto, continuó con su arenga televisada:

 

“Agraviados ustedes, que son burlados, minimizados, que son tratados como peleles por un criminal. Nosotros somos los que estamos enojados, porque no funciona lo que estamos pagando. O sea, aquí los patrones somos nosotros. ¿Entonces qué es lo que pasa? Cuando el patrón está pagando bien y el trabajo no sale, corres a la gente, porque debe haber mucha gente que puede hacerlo mejor. Porque eres el patrón. Y así es la cadena de todos. Porque además ustedes que están en su casa tienen patrones, nosotros también tenemos patrones, y esos patrones tienen patrones. Este es mi trabajo, esto es lo que sé hacer, ¿te late? No, pues no me late, pues vámonos a otra cosa. O, ¿puedes hacer el trabajo?, sí, no es cierto, no lo estás haciendo, se te está yendo la gente, se te está yendo el criminal más buscado de este país, no puedes hacer el trabajo, ¡vete!”.

 

Y recordó entonces lo dicho por el presidente al periodista León Krauze.

 

“¿No le dijo el presidente a León Krauze (que) sería imperdonable (una segunda fuga de El Chapo)? Hablemos de lenguaje, bueno, que sea imperdonable. ¿A quién dijo que se lo había encargado? Al secretario de Gobernación. Que sea imperdonable”, remachó el humorista.

 

“No saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo, los que están perdidos son ellos, nosotros tenemos que ser los paganos. Ahora, si nosotros vamos a seguir pagando, entonces tenemos que empezar a exigir. Si no estás funcionando, vamos, hay mucha gente que lo puede hacer mejor. Entonces dice el todavía presidente de todos ustedes, que lo mejor que se puede hacer para revertir el agravio de la fuga de El Chapo es recapturarlo…”

 

Y a ese comentario le siguió un largo silencio rematado con la risa de Trujillo, de sus acompañantes a cuadro y de su equipo de producción.



Las FARC entrenan a jefes del Cártel de Jalisco Nueva Generación

 

Tiene acumuladas varias décadas de experiencia en su lucha contra las fuerzas del Estado y ahora se dedica a transmitir ese conocimiento. Es la guerrilla colombiana de las FARC. Y según fuentes estadunidenses de inteligencia, los narcos jaliscienses –el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis, que además tienen capacidad económica para adquirir armamento de punta– recibieron entrenamiento en las selvas de Colombia. La muestra de que resultaron buenos alumnos fue el derribo de un helicóptero militar el primer día de este mes en Villa Purificación

 

JESÚS ESQUIVEL

16 DE MAYO DE 2015 WASHINGTON (Proceso).- El derribo de un helicóptero del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales el pasado viernes 1 en Jalisco no fue un golpe de suerte de los sicarios ni puede atribuirse automáticamente a una posible impreparación de los militares; el ataque estuvo perfectamente coordinado y ejecutado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) gracias, según agencias federales estadunidenses, al adiestramiento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) les han dado.

 

El CJNG y Los Cuinis, aseguran fuentes de inteligencia de Estados Unidos, tienen sicarios entrenados por las FARC específicamente para contrarrestar los embates militares.

 

“Nuestros sistemas de inteligencia en Colombia detectaron desde hace varios meses que algunos integrantes del narcotráfico mexicano habían recibido adiestramiento en ese país por parte de las FARC”, comenta a Proceso un alto funcionario de una de las agencias estadunidenses de inteligencia.

 

“Los informes que obtuvimos en Colombia señalan que jefes de grupo (sicarios) y varios jefes del escalafón de mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis fueron adiestrados por las FARC en tácticas de asalto a militares”, agrega la fuente, que aceptó hablar a condición de no revelar su identidad ni la de la dependencia federal para la cual trabaja.

 

“Hay varios informes de inteligencia que han registrado el entrenamiento de elementos del narcotráfico mexicano por parte de las FARC”, explica un funcionario de otra instancia estadunidense de inteligencia y quien también pide el anonimato para él y para la dependencia federal en la que presta sus servicios.

 

“Es un tema delicado, de seguridad nacional; por ello cuando nuestros sistemas de inteligencia registraron esto, inmediatamente se lo comunicamos al gobierno mexicano”, apunta.

 

Ninguno de los dos agentes consultados tiene elementos para decir cuántos sicarios del CJNG o de Los Cuinis han sido adiestrados por las FARC en tácticas paramilitares y de guerra de guerrillas. Sin embargo, aseguran que no son muchos.

 

“Algunas decenas. No más de 50 individuos, tal vez”, aventura una de las dos fuentes, que fueron entrevistadas por separado.

 

Consultadas sobre el asunto, fuentes gubernamentales mexicanas de alto nivel expresaron puntualmente que se siguen a fondo “todas las líneas de investigación sobre ese grupo delicuencial”.

 

Según la tesis de las agencias de inteligencia de Estados Unidos dedicadas a combatir a las mafias trasnacionales, en esa relación narcos-insurgentes, los sicarios del CJNG y de Los Cuinis han aprovechado sus viajes a Colombia para “amarrar” la compra de cocaína que les proveen las FARC, y se quedan varias semanas en los campamentos de esa guerrilla para recibir adiestramiento a fin de repeler los ataques de las fuerzas armadas.

 

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)

________________________________________________________


Diario texano halla terreno de 22 mdd a Tomas Yarrigtón en EU

 

El ex Gobernador del PRI de Tamaulipas, utilizó al tampiqueño Alberto Berlanga Bolado como presta nombre en la adquisición de los terrenos que miden 186 mil 155.4 metros cuadrados, se encuentran ubicados detrás del parque temático de diversiones Six Flags y del exclusivo Hotel y Spa Eilan.


Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- Una nota periodística publicada hoy por el Santo Antonio Express-News afirma que el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, compró terrenos valuados en 22 millones de dólares en la ciudad de San Antonio, Texas, y que estos se pueden vender por las autoridades locales, según lo determinó un Juez este miércoles.

 

Los terrenos que miden 186 mil 155.4 metros cuadrados, se encuentran ubicados detrás del parque temático de diversiones Six Flags y del exclusivo Hotel y Spa Eilan.

 

Yarrington es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además fue ex Alcalde de Matamoros de 1993 a 1995 y ex Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004.

 

El reportaje firmado por los periodistas Guillermo Contreras y Jason Buch, cita a fuentes federales estadounidenses, que dijeron la investigación de lavado de dinero es de “gran alcance”.

 

El medio texano recuerda que Yarrington se encuentra prófugo y que en el año 2012 fue acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado, así como delitos financieros.

 

Durante el procedimiento en San Antonio, dice el Santo Antonio Express-News, los fiscales federales revelaron que han solicitado la extradición de Yarrington y un presunto cómplice, Alberto Berlanga Bolado, para enfrentar cargos federales en Brownsville.

 

Berlanga Bolado -quien se desempeñó como Secretario de Transporte bajo el sucesor de Yarrington, y como Secretario de Obras Publicas con Eugenio Javier Hernández Flores- obtuvo la propiedad de San Antonio a través de un ex socio de negocios llamado Fernando Cano.


En 2012, las autoridades estadounidenses acusaron a Cano bajo los cargos de haber lavado dinero para Yarrington -quien lo obtuvo de sobornos- en propiedades en el sur de Texas, incluyendo el terreno en cuestión.

 

Los funcionarios federales le dijeron al diario local que no tienen evidencia de que Berlanga está involucrado en ningún otro delito. Sin embargo, bajo procedimientos de decomiso civil, obstaculizaron los intentos de Berlanga para desarrollar el terreno o hacer cualquier otra cosa con el mismo.

 

Berlanga obtuvo un préstamo para adquirir la propiedad, pero se retrasó en sus pagos en diciembre como resultado del litigio, según lo sostuvieron sus abogados Gilberto Hinojosa y Rolando Ríos.

 

Así, el banco PlainsCapital pidió al Juez de distrito Xavier Rodríguez ejecutar la hipoteca de la propiedad y venderla. Sin embargo, Rodríguez negó la petición del banco.

 

En cambio, se concedió la petición de Berlanga para que se pueda vender la propiedad, que un agente de bienes raíces ha estimado que podría costar hasta 22 millones de dólares.

 

El Juez le dio a Berlanga hasta diciembre para tratar de concretar la venta. Si no lo hace, entonces el Juez dejaría al banco PlainsCapital ejecutar la hipoteca del terreno.

 

Si es vendido por Berlanga, el Gobierno estadounidense podría obtener hasta 3 millones de dólares por dicha transacción y el banco recibiría entre 4 y 5 millones de dólares para satisfacer su demanda en los términos del préstamo,

 

Los fiscales admiten que no tienen evidencia criminal contra Berlanga, pero no desean que Cano, o en última instancia Yarrington, logre obtener dinero con la venta del terreno.

 

“No es un propósito del Gobierno enriquecerse con estos [decomisos] procedimientos”, le dijo el Fiscal federal adjunto María Nelda Valadez al Juez. “Lo hacemos básicamente para quitarle la propiedad a quien detrás de ellas se encuentra con las manos sucias.”

 

Berlanga, de 50 años de edad, que ahora vive en San Antonio y es el jefe de una empresa desarrolladora llamada Cantera-Parkway Partners LP, dijo que no es culpable de nada.

 

Le dijo al Express-News que espera recuperar la reputación limpia que tenía antes de hacer negocios con Cano, con dijo haber hecho negocios pequeños muchos años atrás.

 

“Para mí y mi familia, este proceso ha sido muy difícil”, dijo Berlanga, que había planeado un desarrollo de uso mixto con el terreno. “En los Estados Unidos, al igual que en México, las relaciones comerciales están atados a la reputación, y el simple hecho de que un gobierno acuse a alguien o una de sus propiedades, arroja algunos problemas en su reputación, incluso si no es cierto”, dijo Berlanga.

 

El ex Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba es señalado por las autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico y pertenecer a una red de lavado de dinero.

 

Yarrington fue Alcalde de Matamoros (1993-1995), Gobernador en Tamaulipas (1999-2004) y precandidato del PRI a la Presidencia de la República. En agosto de 2012, un juez federal giró una orden de aprehensión contra el ex Gobernador tamaulipeco, informó la entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales.

 

Morales Ibañez detalló que el caso contra el ex mandatario estatal, señalado por presuntamente recibir sobornos del Cártel del Golfo y lavar dinero en el sector inmobiliario, se fundamentaba en “diversas pruebas”, y no sólo en las declaraciones de testigos protegidos.

 

“Son diversas pruebas, no solamente son testigos colaboradores, sino son también otro tipo de pruebas y que fueron valoradas en su conjunto por el Ministerio Público al momento de ejercer la acción penal, y también por el juez”, mencionó el 29 de agosto de 2012.

 

Yarrington presentó un amparo alegando violaciones a sus garantías constitucionales por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la integración de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/240/2012, la cual fue consignada en su contra.

 

También buscó ampararse contra los actos del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR que instruyeron su búsqueda y localización en el extranjero con el apoyo de Interpol.

 

Sin embargo,  el 27 de febrero del año pasado, el Juez de amparo validó el mandato de captura girado contra el ex Gobernador  y al mismo tiempo desechó el amparo del prófugo de la justicia contra una presunta aprehensión por delincuencia organizada, ya que la captura no procedió por este delito.

 

Según se dio a conocer, el juzgado también rechazó amparar a Yarrington contra la SEIDO y la Interpol, debido a que la primera de ellas solicitó en el oficio CG/TAM/1380/2012 la colaboración de la Policía internacional para que instruyera a las agencias de más de 180 países intervenir para lograr la captura del ex priista hoy fugitivo.

________________________________________________________

Enero 2015: Guerrero y Tamaulipas siguen a la cabeza en homicidios y secuestros

 

Pese a los operativos, ambos estados lideraron la incidencia delictiva en el arranque del año. Veracruz está en el top 5 de personas secuestradas.

 

Animal Politico.com.- Guerrero y Tamaulipas, estados en los que en 2014 se pusieron en marcha nuevos operativos contra el crimen que incluyeron la llegada de cientos de policías federales y militares, iniciaron este año al igual que los anteriores: a la cabeza de todo el país en homicidios y secuestros. Otros estados, como Veracruz y Tlaxcala, aparecieron en los primeros sitios en plagios.

 

La buena noticia, fue el descenso a nivel nacional el número de víctimas en comparación con el arranque del año pasado, cifra que por primera vez puede compararse luego de que en 2014 se comenzó a publicar esta estadística.

 

Los datos actualizados de la incidencia delictiva, dados a conocer por el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), arrojan en enero de este año se denunciaron 118 mil 207 delitos, de los cuales mil 287 fueron homicidios dolosos, 89 secuestros, y 368 extorsiones.

 

Esto significa que en promedio, cada 24 horas se reportaron tres plagios, al menos doce extorsiones, y 43 homicidios violentos.

 

En comparación con diciembre pasado se trata de un ligero repunte de la incidencia delictiva nacional, pero respecto a enero del 2014 es una disminución del 6.4 por ciento en crímenes, del 33 por ciento en secuestros, y del 36 por ciento en extorsiones.

 

Estados violentos

 

En Guerrero se reportaron en enero 138 averiguaciones por homicidio, lo que representa una tasa de 3.87 asesinatos por cien mil habitantes, la mayor de todo el país. Si se compara con diciembre, en un mes los homicidios repuntaron 18 por ciento, aun y cuando no se llegó a la cantidad de crímenes de enero del 2014.

 

Peor aún, es que Guerrero acumuló 11 secuestros el mes pasado, casi el doble que en diciembre y 57 por ciento más que en enero 2014. Es el segundo estado con más plagios de México.

 

En octubre del año pasado, luego de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el gobierno federal reforzó su presencia en Guerrero e incluso tomó el control de la seguridad pública en más de una decena de municipios guerrerenses.

 

Siguiendo con el tema de secuestros y como ya es una desafortunada costumbre, Tamaulipas ocupó por mucho el primer sitio en incidencia: 17 plagios el mes pasado que representan una tasa de 0.48 casos por cien mil habitantes.

 

Fue casi la misma cantidad que en diciembre y dos casos por encima de enero 2014.

 

Además, los homicidios en Tamaulipas repuntaron a 36 casos en enero, cuatro más que diciembre. El balance que arroje febrero podría ser aun peor luego de la reactivación de enfrentamientos en la frontera del estado.

 

Desde mediados del año pasado está en operación en Tamaulipas una nueva estrategia federal   a cargo de mandos militares y federales, que incluyó la división del estado en cuatro zonas con el objetivo, según se dijo, de atacar de forma más específica la problemática delictiva en el estado.

 

Más de 3 mil víctimas

 

De acuerdo con los datos aportados por las procuradurías del país al Secretariado, en enero de este año hubo en el país tres mil 467 personas asesinadas, secuestradas o extorsionadas. Se trata de una disminución de casi el 12 por ciento en el número de víctimas en comparación con enero del 2014.

 

En cuanto a las víctimas de secuestro, Tamaulipas prácticamente concentró uno de cada tres plagios: un total de 31 casos, cuatro más que en enero del 2014. Le siguieron el estado de México con 19 personas secuestradas, Guerrero con once, Tabasco con seis, y Veracruz y Tlaxcala con cinco.

 

De las mil 424 víctimas de homicidio doloso en el país, 199 fueron asesinadas en el estado de México, 138 en Guerrero, 116 en Chihuahua, 97 en Jalisco y 76 en Michoacán.

 

Sobre las personas que fueron víctimas de extorsión, Jalisco, el estado de México y el Distrito Federal concentraron casi a la mitad de las 389 personas que se atrevieron a denunciar.

 

Revelan ONG y gobierno cifra conjunta de plagios

 

La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Wallace, y la titular de la Coordinación Nacional contra el Secuestro, Renato Sales, dieron a conocer por primera vez de forma conjunta una cifra homologada de secuestros: 163 casos cometidos en enero pasado.

 

De ellos 89 son los reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de 47 denunciados en el Ministerio Público Federal y 27 atendidos por la Policía Federal.

 

 

Sales reconoció que Tamaulipas y Guerrero, además de Morelos y el estado de México, concentran la mayor incidencia en secuestro y son prioritarios en la estrategia de este año.



ONG: la CNTE es crimen organizado; se ha roto el imperio de la ley, dice Mexicanos Primero

 

De seguir los acuerdos con la disidencia magisterial, se buscará promover un amparo, dijo Claudio X. González en entrevista

 

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero.- En Oaxaca, Guerrero y Michoacán se ha roto el imperio de la ley, porque en esos estados “prevalece la ley de la selva, es decir, la del más fuerte”, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se opone a la Reforma Educativa, lamentó Mexicanos Primero.

 

“Y el más fuerte en el caso de Oaxaca es la Sección 22, en el caso de Guerrero la CETEG, mientras que en el caso de Michoacán, la Sección 18, y entonces acaban haciendo todo a su antojo (...).

 

“Estas cúpulas sindicales son delincuencia organizada, son grupos esencialmente organizados para delinquir y se salen con la suya”, acusó Claudio X. González, presidente de la organización civil.

 

En entrevista con Excélsior recordó que Mexicanos Primero solicitó al gobierno federal y al del estado de Oaxaca anular los acuerdos que tiene con la CNTE, porque son contrarios a la ley, y dijo que podrían buscar promover un juicio de amparo o de nulidad en caso de que las autoridades den alguna respuesta incompleta o nula a su solicitud.

 

“Mucho se juega en estos momentos y, por eso, pedimos mayor firmeza y mayor voluntad política, simple y sencillamente que se aplique la ley.

 

“Si tú das rienda suelta a eso, lo único que sucede es que se prolonga, y si estas personas cada vez que vienen y toman Paseo de la Reforma o toman el Monumento a la Revolución o toman la plaza en Oaxaca o en Michoacán o en Guerrero, y se salen con la suya, pues tenemos la predicción perfecta de que lo seguirán haciendo, porque es lo que les está redituando”, explicó.

 

Atribuyen a autoridades boicot educativo

 

Claudio X. González asegura que las cúpulas sindicales son “delincuencia organizada”.



El día de hoy como todas las semanas desde el primer ejemplar del periódico Milenio -explica Pablo Gómez-, debió salir publicado mi artículo. Sin embargo, contrario a lo establecido en el convenio verbal original, el director Carlos Marin decidió censurarlo. El artículo se intitula ¡Intocable! y se refiere a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el caso López Dóriga vs. PRD. Es lamentable que al tratar de abordar un acto judicial de censura se produzca otra censura periodística.

 

¡Intocable!

 

Pablo Gómez

(Artículo censurado por Milenio)

 

Se ha producido una sentencia del Tribunal Electoral que entra en los conceptos nada contradictorios de lo cómico y lo patético. El spot del PRD, cuestionado por López Dóriga, no constituye –según mandato judicial– ninguna trasgresión a la ley, no obstante el autor (el mismo PRD) debe ser sancionado con la interrupción de la transmisión del spot que antes había sido censurado por el INE y vuelto a censurar por la llamada sala especializada. Hemos visto en la historia de las ignominias judiciales la condena de inocentes por hechos reales o inventados pero no habíamos visto la condena por hechos declarados inexistentes por el mismo juez. El PRD ha sido sancionado con la “interrupción de la transmisión” de su spot (art. 456 de la ley) pero la sentencia también sostiene que ese mismo PRD jamás cometió transgresión alguna. ¿Alguien puede explicar este disparate? Piénsese que no hubo homicidio pero el asesino ha sido sentenciado. En esta situación se encuentra el PRD sólo por haber incluido la imagen de López Dóriga en un spot.

 

Pero no, ya sabemos que no se trata de López Dóriga (asunto menor) sino de Televisa (a la cual se le rechazó la misma pretensión censuradora por exceso de idiotez jurídica y porque no era necesaria ante la existencia de la queja de López Dóriga, por lo demás patrocinada y redactada en la misma Televisa), empresa que no tolera que sus frecuencias sean utilizadas para criticarla.

 

Ahora bien, estamos ante una confabulación de intereses casi siempre coincidentes entre el gobierno y Televisa. El spot del PRD criticaba a Peña, Videgaray y Osorio (así como a la herencia priista en general) y de paso mencionaba que hay cosas que no han cambiado: el monopolio informativo de la televisión cuyo incono es López Dóriga, conductor en pantalla (por el momento) del noticiero estrella del canal de las estrellas.

 

En el Tribunal Electoral (siete integrantes) se produjeron tres votos a favor de que en este caso había un ataque a la honra de López Dóriga (sin decir, claro, cual es ésta), con lo cual la sentencia tiene un sustento minoritario. Otros tres dividieron sus opiniones sobre el asunto pero sin coincidir con el argumento del proyecto aprobado. Otro más manifestó su disenso completo. Se trata de una sentencia sin mayoría real pero sostenida por el Tribunal, como tal, con el propósito de acatar la consigna oficial: López Dóriga es intocable. Bueno, algún día escucharemos a Azcárraga decir lo contrario, el día en que despida al conductor estrella del canal ibidem. En realidad no hay reinado del duque de Velandia (segundo apellido de López Dóriga) sino del verdadero rey, el dueño del consorcio monopolista, Azcárraga. (Me cuesta seguir con esto porque siento que alguien me puede censurar pero me arriesgo).

 

Lo que ha resultado atropellado no es sólo el derecho del PRD, el cual se atrevió a criticar a Televisa junto a Peña et. al., sino la libertad de difusión, recién incorporada en el artículo 7 de la Constitución y ahí declarada inviolable pero que ya se violó. Dice el tribunal que su sentencia es resarcitoria de un derecho de López Dóriga pero, si no hubo calumnia en el spot perredista, entonces ¿qué hubo? Nada, sino algo que molestó al consorcio televisivo en absoluta convergencia con el gobierno. Por lo pronto, el insigne Poder Judicial dice que López Dóriga es intocable. Pero, ¿por cuánto tiempo? La gravedad es la más fuerte de las leyes.




Para la iglesia el panorama en cuestión de seguridad para Tamaulipas en negro.

 

En 2014 Tamaulipas registró 244 denuncias por plagios frente a las 191 del 2013, de acuerdo con las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

POR: MARIO ALBERTO SEGURA

MEXICO, D.F.- 12 ENERO DEL 2015.- Datos de la Secretaría de Gobernación a través del área de estadistas del fuero común, con corte a 31 de octubre del 2014, demuestran que el estado tamaulipeco es la entidad con un número alarmante de personas desaparecidas, seguido del estado de Jalisco y el Estado de México.

 

Las personas desaparecidas fluctúan entre los 15 y 19 años, se trata en su mayoría de hombres mexicanos, en menor proporción mujeres y personas extrajeras.

 

Tamaulipas también aparece entre los estados mexicanos con mayor numero en delitos de secuestros, lo que es alarmante en las zona fronteriza pero principalmente en el sur de la entidad; Tampico, Madero, y Altamira, lo que se agrava presumiblemente por el paso de migrantes centro americanos que buscan llegar a los Estados Unidos.

 

Las estadísticas de la Secretaría de Gobernación solo está basada en las denuncias que se recaban en las Procuradurías de Justicia de cada uno de los Estados de la República, por lo que el número de desaparecidos es mucho mayor si se pudiera conocer a ciencia cierta cuantas son las personas que persisten desaparecidas y que oficialmente no están siendo contabilizadas por la falta de denuncias, inhibidas por el miedo a denunciar y la falta de confianza en las instituciones.


EU investiga a Eugenio Hernández Flores y Tomas Yarrigton, pero para la PGR son buenos ciudadanos

 

*Ex gobernadores priistas son juzgados por presunto desvió de recursos públicos todos priistas de Tamaulipas y Coahuila.

 

*A Homero de la Garza Tamez, EU busca confiscarle 1.1 millones de dólares depositados en cuentas de bancos de Texas.

 

POR: MARIO A. SEGURA

TAMPICO, TAMS.- Como una burla para la sociedad tamaulipeca resulta la exoneración que anunciara la PGR en México de los exgobernadores tamaulipecos Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, a pesar de que aparecen en investigaciones que se realizan en los Estados Unidos por “Lavado de Dinero”, dinero que se desvió de recursos públicos y recibido por sus nexos con grupos criminales que han dañado gravemente el desarrollo económico de Tamaulipas.

 

Al igual que aparecen en investigaciones, los priistas y ex gobernadores tamaulipecos; Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, también sucede con los coahuilenses Jorge Torres López y Humberto Moreira, que estarían implicados en el lavado de 699 millones de pesos provenientes de dos fuentes: el erario y sobornos del narcotráfico a cambio de favores

Según se desprende de documentos de cortes federales de Texas, en esa compleja red de corrupción habrían participado también el extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, y el secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, además de cuatro empresarios, entre ellos Guillermo Flores Cordero, originario de Torreón, Coahuila, quien presuntamente lavó alrededor de 30 millones de dólares.

 

De acuerdo con los fiscales estadunidenses, parte de esos recursos eran sobornos de Los Zetas que fueron entregados a Eugenio Hernández.

 

Tomás Yarrington y Jorge Torres López tienen demandas civiles en las cortes federales por la incautación de más de 10 millones de dólares que depositaron en bancos de Texas y las Bermudas o que lavaron en la compra de bienes inmuebles y negocios.

 

Desde mayo de 2012 se presentaron demandas civiles en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi contra Yarrington Ruvalcaba, a quien se acusa de lavar dinero con la compra de propiedades a través de prestanombres.

 

El exgobernador habría recibido esos recursos como pago por la protección que brindó al Cártel del Golfo, cuando fue alcalde de Matamoros y posteriormente como mandatario de Tamaulipas.

 

Las autoridades estadunidenses aseguraron a Yarrington un departamento de lujo en la Isla del Padre y dos residencias más, una de ellas de dos niveles ubicada en un exclusivo sector de McAllen, además de una aeronave y cuentas en bancos de las Bermudas y de Texas.

 

El total de los bienes incautados suman alrededor de 7.5 millones de dólares.

 

Algunas de las propiedades fueron adquiridas a través de dos prestanombres: el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza y su exsecretaria Cindy Chapa.

 

En septiembre de 2013 fiscales federales presentaron una demanda civil en contra el exgobernador de Coahuila Jorge Torres –quien sustituyó a Humberto Moreira cuando éste renunció al cargo–, a quien se le decomisaron 2.8 millones de dólares que fueron lavados en bancos de Texas y las Bermudas.

 

El tercer exgobernador implicado en los juicios que se llevan en las cortes de Texas es Eugenio Hernández Flores, acusado de recibir dinero del crimen organizado que controla Tamaulipas, y que fue depositado en bancos de Texas a través de prestanombres.

El exgobernador habría recibido esos recursos como pago por la protección que brindó al Cártel del Golfo, cuando fue alcalde de Matamoros y posteriormente como mandatario de Tamaulipas.

 

Las autoridades estadunidenses aseguraron a Yarrington un departamento de lujo en la Isla del Padre y dos residencias más, una de ellas de dos niveles ubicada en un exclusivo sector de McAllen, además de una aeronave y cuentas en bancos de las Bermudas y de Texas.

 

El total de los bienes incautados suman alrededor de 7.5 millones de dólares.

 

Algunas de las propiedades fueron adquiridas a través de dos prestanombres: el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza y su exsecretaria Cindy Chapa.

 

En septiembre de 2013 fiscales federales presentaron una demanda civil en contra el exgobernador de Coahuila Jorge Torres –quien sustituyó a Humberto Moreira cuando éste renunció al cargo–, a quien se le decomisaron 2.8 millones de dólares que fueron lavados en bancos de Texas y las Bermudas.

 

El tercer exgobernador implicado en los juicios que se llevan en las cortes de Texas es Eugenio Hernández Flores, acusado de recibir dinero del crimen organizado que controla Tamaulipas, y que fue depositado en bancos de Texas a través de prestanombres.

“Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió de sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal transnacional, a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”, informó la fiscal asistente Julie Hampton en la audiencia contra el empresario Guillermo Flores Cordero, quien supuestamente lavó esos fondos.

 

En el proceso que se le sigue al extesorero de Coahuila, Javier Villarreal, las autoridades estadunidenses demostraron que en bancos de Texas lavó más de 357 millones de pesos.

 

Las cuentas bancarias descubiertas hasta ahora a su nombre y el de su familia están calculadas en 6.5 millones de dólares, y ya le fueron requisadas distintas propiedades.

 

Los últimos reportes de los fiscales que llevan su caso en cortes de Texas aseguran que parte de ese dinero provino de favores por contratos otorgados por el gobierno de Humberto Moreira a proveedores, entre ellos una empresa relacionada con el grupo criminal Los Zetas.

La demanda civil contra el exsecretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, busca confiscarle 1.1 millones de dólares depositados en cuentas de bancos de Texas.

 

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los fondos presuntamente provienen del lavado de dinero derivado de sobornos a cambio de la asignación de contratos.

 

A los empresarios tamaulipecos a quienes se les siguen procesos en Texas son: Fernando Cano y Napoleón Rodríguez de la Garza –ambos señalados como prestanombres para lavar dinero de Tomás Yarrington, proveniente de sobornos–, así como los coahuilenses Guillermo Flores Cordero y Rolando González Treviño.

 

El primero fue detenido junto con su esposa Leticia María de Guadalupe Galán Villalobos en agosto de 2013, en San Antonio. Posteriormente se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Corpus Christi.

 

El diario San Antonio Express News difundió las declaraciones de empresario en una audiencia de la Corte Federal de Corpus Christi.

 

“Él utilizó empresas ficticias para enviar dinero de México a cuentas bancarias en el Valle del Río Grande a nombre de terceros, para encubrir la procedencia de los fondos”, dijo la fiscal asistente Julie Hampton.

 

Entre los años 2009 y 2012, el empresario coahuilense lavó al menos 30 millones de dólares a través de empresas ficticias. Parte de ese dinero era propiedad del exgobernador de Tamaulipas.

 

Rolando González Treviño forma parte de la familia dueña de la cadena de Televisión RCG de Coahuila, que recibió contratos millonarios durante la administración de Humberto Moreira, y también tuvo arreglos con el PRI para que manejara anuncios de campaña de sus candidatos.

 

Los fiscales demostraron con pruebas proporcionadas por la DEA que los políticos y hombres de negocios cometieron los ilícitos señalados. No obstante, la mayoría de ellos no tiene procesos judiciales en su contra en México.

________________________________________________________


Ex trabajadora de la NASA confiesa que vio a dos personas en Marte

 

GMT-27 NOV. 2014.- Una mujer confesó haber visto a dos personas sobre la superficie de Marte en 1979, cuando presuntamente trabajaba para la NASA, según una grabación publicada en YouTube.

 

La mujer llamó a la emisora Coast to Coast AM y pidió al invitado, John Lear, expiloto de la CIA, que le ayudara a resolver el misterio de quiénes fueron las personas que se aproximaron al explorador marciano Viking.

 

Según Jackie, como se presentó la mujer, trabajaba en el departamento de mantenimiento de equipos que recibían imágenes del explorador.

 

Al descubrirse en las imágenes que las personas llevaban trajes de protección, en vez de los espaciales, les cortaron la conexión.

________________________________________________________


Joan Sebastián, su hermano y Guerreros Unidos

 

Por Sanjuana Martínez –

Noviembre 17 de 2014


¿Cuántos artistas en México han sido identificados por vínculos con el crimen organizado? La nebulosa del tráfico de drogas y sus ramificaciones al tráfico de armas y a la trata de personas, particularmente mujeres y niñas con fines de explotación sexual, incluye gente del espectáculo y los deportes. Y México no es la excepción.

 

Ante el crimen de estado de Ayotzinapa, mientras la Procuraduría General de la República intenta armar la teoría del delincuente solitario, en este caso, el alcalde de Iguala José Luis Abarca a quien pretende inculpar en solitario por la desaparición forzada de los 43 normalistas, existen otras hipótesis que ofrecen una fotografía completa de la podredumbre en Guerrero. Los reflectores se sitúan frente a Joan Sebastián.

 

El cantante tiene un pasado y una familia controvertida que en distintas ocasiones ha sido investigada por su presunta participación en redes delincuenciales. Conocido mejor como “El Rey del jaripeo”, su historial está lleno de sucesos controvertido en ese sentido. Por ejemplo, el 27 de mayo de 2012 balacearon su automóvil estacionado afuera del bar donde asesinaron a su hijo Juan Sebastian en 2010, ubicado en Cuernavaca, Morelos. Fueron tres impactos de bala en el cofre, pero las autoridades ocultaron toda la información y entregaron el vehículo a Marco Figueroa, el hermano incómodo de Joan Sebastian.

 

Sin embargo, en aquella ocasión se informó que el joven de 32 años fue asesinado en una riña con el personal de seguridad de un centro nocturno en la colonia Teopanzolco, en Cuernavaca, aunque después los testimonios señalaban a una persona que lo esperaba a la entrada del antro, en donde le disparó a quemarropa el sábado 12 de junio.

 

Cuatro días después del asesinato, apareció una manta firmada por el Cártel del Pacífico Sur, una escisión del de los Beltrán Leyva, que reivindicó el asesinato en “cumplimiento de labores de seguridad en pro de Morelos”.

 

El texto de la manta no dejaba dudas: “A la ciudadanía en general de Morelos aquí esta Guillermo Vargas padre e hijo colaboradores del homosexual Edgar Valdez Villareal La Barbie, trasiego de la muerte de Juan Sebastián Figueroa por la disputa de una mujer por problemas pasados, esta gente colaboraba con el traidor, si las autoridades no pueden, nosotros si, no descansaremos hasta acabar con las lacras de Morelos, atentamente CPS”.

 

Ese hecho, le dio solidez a la sospecha que desde hacía años pesaba sobre Joan Sebastian, quien en 2004, fue involucrado directamente en actividades de tráfico de drogas. Un ex policía denunció su presunta relación con Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, líder del Cártel de Juárez.

 

El testimonio señalaba al cantante por almacenar droga en sus propiedades. El cantante lo negó y la PGR no lo molestó. Pero el tema lo persigue. Tanto es así que incluso el cantante salió a dar la cara negando vínculos con el crimen organizado: “Yo no soy un narcotraficante”, dijo luego del asesinato de su hijo Juan Sebastian.

 

No fue la única vez que Joan Sebastian era relacionado con el narcotráfico. Cuatro años antes, después del asesinato de su hijo Trigo de Jesús Figueroa, en la madrugada del domingo 27 de agosto de 2006 en Texas, surgieron otras hipótesis.

 

A pesar de todo, Joan Sebastián es un hombre poderoso y la Procuraduría General de la República no lo molesta.

 

Los crímenes de sus hijos nunca se resolvieron cabalmente, tampoco el atentado que sufrió cuando balacearon su coche. Las autoridades mexicanas no lo molestan. Ni siquiera ahora, cuando después de la tragedia de Ayotzinapa, surge nuevamente la mención a los Figueroa y en concreto, el nombre de su otro hermano “incómodo”, Federico Brito Figueroa.

 

Al hermano de Joan Sebastián lo citaron junto al diputado local por el Partido del Trabajo y ex presidente municipal de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, en calidad de testigos el pasado mes de mayo, por el asesinato de Alejandro Exiquio Rodas, de 35 años, decapitado y desmembrado en un puente peatonal ubicado sobre la autopista México-Cuernavaca, donde colocaron dos “narcomantas” en las que se vinculaba directamente a Federico Figueroa y a Noé Reynoso Nava, alcalde de Amacuzac, Morelos, con el cártel de los Guerreros Unidos, el mismo que está vinculado junto con los narcopolíticos, narcopolicías y narcomilitares, con el crimen de Estado de Ayotzinapa.

 

Las mantas decían que Figueroa se “esconde” en su lujoso rancho de Teacalco y que recibe protección de la policía de Taxco, municipio guerrerense administrado por el priista Salomón Majul González.

 

De hecho, Joan Sebastián nació en la localidad de Juliantla, municipio de Taxco de Alarcón.

 

El mensaje textual de la manta: “Para Federico Figueroa nuevo jefe de los Guerreros Unidos, ya no seas tan puto y sal a dar la cara como hombre. Ya deja de estar engañando al gobierno de Cuernavaca Morelos, negando los vínculos que tienes con tu compadre Mario Casarrubias, sabemos que estás en tu rancho de Teacalco, Guerrero con la protección de la policía municipal de Taxco Guerrero. Quienes reciben la orden de proteger por Erubiel Salado Chávez, director de Seguridad Pública municipal que al igual que tu es un puto rata secuestrador de mierda y responsable de los secuestros en Taxco. También sabemos la relación que tienes con el Mencho, líder del cartel de Jalisco en Guadalajara. Ya no engañes más al gobierno de Morelos y Guerrero. Gente de Taxco ya no se dejen intimidar por esta clase de gente culera. Atte. Morelos Unidos. Vamos por todos hijos de su puta madre, salgan a pelear mierdas. Por Taxco y por Morelos”.

 

El presunto ascenso del hermano de Joan Sebastián en el liderazgo de Guerreros Unidos ocurrió, supuestamente tras la detención de Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, en julio de 2012, en la zona de Santa Fe, en el Distrito Federal.

 

Como se ha informado, los Guerreros Unidos, mantienen una sangrienta guerra contra Los Rojos y La Familia, por el control del corredor de drogas Cuernavaca-Acapulco, un territorio que anteriormente era controlado por Arturo Beltrán Leyva, el “jefe de jefes”, abatido en un operativo de la Marina realizado en un lujoso conjunto de departamentos de Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009.

 

La familia Figueroa de Joan Sebastián, son supuestamente empresarios dedicados a la ganadería y la organización de jaripeos, también al mundo del espectáculo con su empresa denominada Promociones Figueroa. Son gente acaudalada con relaciones de poder que se extienden a políticos, policías e incluso miembros de las fuerzas armadas.

 

La sombra del narcotráfico no es la única que se sitúa sobre Joan Sebastián, también la de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Hay testimonios que hablan de esclavitud sexual que existe presuntamente en su rancho, centro neurálgico de operaciones.

 

La acusación llega directamente de Edwin Lanuza, padre de una de las novias del cantautor, quien asegura que éste trata como “prostituta” no sólo a Margareth, sino a Esther, la menor de sus dos hijas.

 

En ese entonces, Joan Sebastian con 63 años y Margareth con 18 años formaban una pareja peculiar: “Joan Sebastian las pasa a traer a la casa a la hora que sea para hacer sexo, entonces mis hijas no están trabajando con él, las tiene como en un clan de prostitutas y eso es lo que yo no quiero. Joan Sebastian se aprovechó de la situación para hacerlas unas prostitutas”, declaró su suegro hace algunos años. Y responsabilizó a Joan Sebastian de la relación que su hija menor sostenía con Alejandro Fernández: “Como que Joan utilizó a Alejandro para decirle ‘tengo unas buenas chicas que vienen de Guatemala ayúdame a convertirlas en esta noche en unas chicas ‘p’ y Joan estaba seguro de que Esther no se iba a resistir a Alejandro por su dinero, su fama”.

 

Si Joan Sebastián está involucrado en trata de mujeres con fines de explotación sexual, como se denunció desde hace años, la Seido debería intervenir.

 

Lo que realmente sorprende, es que a estas alturas la Procuraduría General de la República (PGR) no haya molestado a los Figueroa para interrogarlos sobre el caso Ayotzinapa. ¿Será porque los Figueroa están muy bien relacionados con políticos del PRI y del PRD? Tal vez, sea necesario recapitular, es decir, retroceder a la dinastía de otra familia Figueroa. Me refiero a Rubén Figueroa I, gobernador de Guerrero de 1975 a 1981, período en el que se instauró la llamada “guerra sucia”.

 

Y el Segundo Rubén Figueroa, el gobernador de Guerrero 1993-1999 responsable de la matanza de “Aguas Blancas” de 17 campesinos.

 

Y el Tercer Rubén Figueroa, diputado local de Guerrero por el PRI y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de ese estado.

 

¿Hasta dónde llega la podredumbre en Guerrero? ¿Quiénes son todos los narcopolíticos involucrados en el crimen de Ayotzinapa?

¿Cuántos policías y militares están en la nómina de los Guerreros Unidos? ¿Hasta dónde llega la connivencia entre el PRI y el PRD de los Chuchos?

Y lo más importante: ¿Por qué la PGR no ha interrogado a nadie que lleve el apellido Figueroa?

 

www.websanjuanamartinez.com.mx

Twitter: @SanjuanaMtz

Facebook: Sanjuana Martinez

 _______________________________________________________

El Presidente posee una casa en Las Lomas, DF, con valor de USD 7 millones. Fue construida a su gusto por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras en Edomex, cuando él fue gobernador.

 

De acuerdo con diversas fuentes y varias confirmaciones documentales y testimoniales, una impresionante residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, pertenece al presidente Enrique Peña Nieto. Valuada en siete millones de dólares, es custodiada por el Estado Mayor Presidencial y, curiosamente, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal. Esta información se halla incluida en el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”, elaborado por el equipo del portal informativo Aristegui Noticias y que éste comparte con Proceso simultáneamente a su difusión en internet.

 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La afición de la pareja presidencial por aparecer en suplementos sociales y revistas del corazón dio la pauta a una investigación periodística que evidencia la relación de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera con una empresa beneficiaria de negocios al amparo del poder: El Grupo Higa, vinculado a una lujosa residencia ubicada en las Lomas de Chapultepec.

 

La investigación fue realizada por reporteros del portal Aristegui Noticias –que dirige la periodista Carmen Aristegui–, con apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas.

 

Con testimonios, solicitudes de información a entidades gubernamentales, documentos oficiales y entrevistas, el reportaje demuestra que la residencia de Sierra Gorda 150, valuada en siete millones de dólares, si bien pertenece a Peña Nieto está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima integrante del corporativo empresarial Higa.

 

La parte trasera de esa residencia colinda y se conecta con otra, la de Paseo de las Palmas 1325, cuya propietaria es Angélica Rivera.

 

El grupo empresarial Higa, a través de su subsidiaria Constructora Teya, es integrante del consorcio formado por China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex y GHP, que obtuvo la licitación –cancelada intempestivamente la noche del jueves 6– para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos.

 

Esta obra –donde Constructora Teya fungiría como proveedora de material rodante– es la más grande proyectada por el gobierno peñanietista para ser entregada antes de concluir su gestión.

 

Teya es la misma empresa a la cual en junio pasado se le asignaron las obras de ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por un monto de mil millones de pesos.

 

Ligada al llamado Grupo Atlacomulco, Higa tiene como accionista mayoritario a Juan Armando Hinojosa Cantú, tamaulipeco avecindado en el Estado de México, donde sus empresas han florecido desde los ochenta al amparo del gobierno estatal.

 

Sólo durante el mandato de Peña Nieto en esa entidad, entre 2006 y 2011, obtuvo contratos de obras y servicios por 36 mil millones de pesos, según una consulta en portales oficiales realizada por Proceso.

 

El reportaje de Aristegui Noticias documentó que el registro constitutivo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro data del 13 de noviembre de 2008, cuando quedó asentado el Folio Mercantil Electrónico 50393-17 en la Oficina de la Función Registral del Estado de México, con sede en Toluca.

 

Como accionistas de dicha razón social figuraban en la constitución de la empresa Hinojosa y su hijo, Juan Armando Hinojosa García, fallecido el 28 de julio de 2012 en un accidente aéreo cuando regresaba de la fiesta de cumpleaños del entonces presidente electo.

 

Hinojosa García era yerno del exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán y en su boda, el 16 de noviembre de 2007, Peña Nieto fue testigo.

 

“El hogar” de Peña Nieto

 

La mansión del presidente tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos. En realidad, cinco niveles a los cuales llega un elevador.

 

Hay dos cuartos de servicio con habitación, baño, cocineta y sala de estar, además de un tercer cuarto para chofer y caseta de vigilancia. En el jardín hay una sala y un comedor techados. Inicialmente la azotea tenía jacuzzi y bar, pero al parecer eso fue modificado.

 

Todos los acabados son de persistente color blanco, incluido el suelo de mármol de la planta baja. No hay cabida para lo monótono, pues un sofisticado sistema de iluminación ambienta la residencia que de tan blanca puede tornarse azul, rosa, anaranjada o violeta.

 

En el primer piso están las seis recámaras para los hijos de la familia, con baño, vestidor y escalera de acceso al tapanco cada una. Pero la más lujosa es la habitación principal, con sala de estar, vestidor, baños separados y spa.

 

La vivienda cuenta con gimnasio, roof garden, alberca y biblioteca…

 

El Estado Mayor Presidencial confirmó al equipo de Aristegui Noticias que resguarda la casa de Sierra Gorda, ya que está obligado a garantizar la seguridad del presidente y su familia en sus actividades públicas y privadas, en Los Pinos, en Palacio Nacional y en su casa particular.

 

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1984 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

______________________________________________________________



Iguala y Tlatlaya están entre los casos más graves en la historia de México y AL: HRW

 

Por Mayela Sánchez

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Los casos de Tlatlaya e Iguala se encuentran entre los más graves de la historia contemporánea de México y América Latina, sostuvo el director ejecutivo para las Américas de la organización internacional de protección a los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

 

En el caso de Iguala, en el que policías municipales asesinaron a seis personas y secuestraron a 43 estudiantes, incluso dijo que no conocía una situación similar desde los hechos de Tlatelolco en 1968, cuando fueron masacrados estudiantes durante una protesta. “No hemos conocido un caso de la magnitud, de la gravedad, de la escala del caso Iguala en los últimos años, en las últimas décadas en México, no conocemos de un caso de estas características en México. Insisto: habría que remontarse a Tlatelolco”, dijo.

 

Para Vivanco, estos hechos se explican por la impunidad que prevalece en México, que calificó como la regla que existe en el país desde hace ya varios años. “La regla en México es la impunidad. Esa no es la excepción, es la regla.

 

El caso Iguala es de una gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra a México en materia de derechos humanos”, alertó.

 

El director para las Américas de HRW expresó que para el gobierno mexicano los asuntos de derechos humanos y de seguridad pública no son prioritarios, antes bien son temas “tóxicos” que dañan su imagen.

 

Paradójicamente, señaló, el intento por no enfrentar estos temas con un compromiso a largo plazo le ha significado a Peña Nieto el desplome de su imagen.

 

Agregó que el gobierno enfrentando los problemas como crisis que tiene que resolver de urgencia, en lugar de buscar estrategias de mediano y largo plazo para generar instancias para atender efectivamente los hechos, tanto para su previsión como su investigación.

 

Asimismo refirió que en esos temas ha habido una continuidad con respecto al gobierno anterior. “Son las mismas prácticas, las mismas políticas y es la misma actitud frente al problema. Tratar estos temas simplemente como crisis, emergencias que hay que resolver para superar las crisis, y en función de la repercusión que estos casos puedan generar”, dijo.

 

Vivanco refirió que el eslogan del gobierno actual sobre los desaparecidos no es hacer justicia, castigar a los responsables y dar con el paradero de las personas desaparecidas.

 

En lugar de ello, dijo, cada vez que se han reunido con las autoridades del gobierno, les han repetido que el compromiso y la prioridad del gobierno de Peña Nieto es buscar y encontrar con vida a personas desaparecidas. Ante la dilación para atender el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente, a pesar de la amplia difusión que tuvo desde que ocurrió, Vivanco cuestionó dicho compromiso. “Eso no es cumplir con el eslogan oficial de encontrar con vida a personas desaparecidas”, consideró.

 

Para Vivanco hay una falta de comprensión en las instituciones encargadas de la procuración de justicia y una tendencia a usar argumentos “para justificar la paralización, la negligencia, la pasividad” y no asumir sus responsabilidades. No obstante, expresó, eso no puede ser un pretexto para justificar la pasividad que han demostrado no sólo en el caso de Iguala, sino en todos los ocurridos en los últimos años. “Se nos dice que México es un país de leyes, el problema es que en México no hay leyes, no es un país de leyes; si México fuera un país de leyes, los mexicanos lo saben mejor que nadie, no estaríamos frente a estos problemas. Si ese es el problema central, que acá no se respeta la ley, acá el Estado de derecho es un estado de derecho de papel”.

 

REPORTAJE: HABLA MADRE DE MENOR EJECUTADA

Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega de Tlatlaya. Foto: Esquire

 

LA IMPUNIDAD PREVALECE EN EL PAÍS

                                                

Tras una semana de trabajo en México, en la que estuvieron en contacto con distintas autoridades mexicanas, con los padres de familia y compañeros de los normalistas desaparecidos, así como con las organizaciones que los han acompañado, a fin de conocer los resultados de las investigaciones de ambos casos, Vivanco expuso que la “regla de impunidad” se da cuando agentes del Estado –sean policías, militares o marinos– cometen delitos como torturas, homicidios o desapariciones forzadas, y los hechos no son objeto de investigaciones “rigurosas, imparciales, ejemplares”, que castiguen no sólo a los autores materiales, sino también a quienes han estado en posiciones de comando, han dado las órdenes, han sido consultados y han logrado encubrirlos.

 

Al respecto, refirió que de 2006 a la fecha no existe ninguna persona condenada por el delito de desaparición forzada; ello a pesar de que la propia organización ha documentado 149 casos de desapariciones que involucran a agentes de todas las fuerzas de seguridad, es decir al Ejército, la Marina y las policías federal, estatales y municipales.

 

El director para las Américas de HRW recordó que el 8 de octubre de 2014, la organización que lidera envió una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre el tema de las desapariciones.

 

En ella, la organización internacional señaló que hasta abril de 2014 ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, conforme con datos oficiales entregados por el gobierno mexicano al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.

 

Entre 2006 y 2013, de acuerdo con esa información, se iniciaron 291 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada: 99 a nivel federal y 192 en el ámbito estatal. Sin embargo, hasta ahora no existe ni una sola condena contra un agente del Estado por tales hechos. “Creo que el récord es bastante elocuente y genera un ambiente de impunidad total, que permite a esos policías entender que ellos tenían licencia para matar y para secuestrar, y no iban a rendir cuentas a nadie”, expresó Vivanco en relación al caso de Iguala.

 

REACCIONES TARDÍAS EN IGUALA

 

Vivanco expuso que la gravedad del caso de Iguala radica en que se trató de una desaparición forzada –pues  involucró a agentes del Estado– que fue conocida en “tiempo real”, pese a lo cual las autoridades locales actuaron con dilación o fueron omisas para impedir el secuestro de los 43 estudiantes normalistas, que hoy cumplen 42 días desaparecidos.

 

El director para las Américas de HRW expuso que comúnmente los casos de desaparición son conocidos en las semanas o meses posteriores de ocurridos los hechos, y suele ser a través de organizaciones que respaldan las denuncias de familiares que, para entonces, ya se han acercado a las autoridades sin obtener respuestas.

 

Pero en el caso de Iguala, por el contrario, los hechos fueron informados prácticamente al momento de estar ocurriendo. Además, pasaron en un sitio cercano a la capital del país y que no es de difícil acceso, planteó Vivanco, lo que hace más cuestionable la dilación de las autoridades para reaccionar.

 

Al respecto, dijo que HRW sabe que las máximas autoridades de Guerrero fueron notificadas al momento sobre el homicidio de seis personas y que se estaba cometiendo el secuestro de los 43 estudiantes. “Las autoridades locales fueron informadas y no hicieron nada en esas horas para dar con el paradero, para interrumpir el secuestro, para interceptar a los policías que se llevaban a 43 estudiantes”, expuso.

 

A eso se le suma el hecho de que cerca de donde ocurrió el ataque había un batallón militar. “Ese es un hecho conocido que no deja de ser relevante, de la mayor importancia”, enfatizó. La respuesta tardía en esas primeras horas no es cosa menor, expuso Vivanco, ya que la experiencia histórica demuestra que esas horas son clave para impedir que se consuma una virtual desaparición.

 

 “Sin embargo, las autoridades no interrumpieron el proceso, no reaccionaron a tiempo”, agregó. A ello se sumó la reacción tardía de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Presidente Enrique Peña Nieto. La PGR comenzó su investigación 10 días después del ataque. A decir de Vivanco, la reacción tardía contribuyó a la ineficacia por parte de los órganos del Estado para prevenir la desaparición de los estudiantes. Sobre la reacción de Peña Nieto, expresó que fue tardía y equivocada, pues el mandatario habló del caso hasta cuatro días después y lo hizo sólo para expresar que el problema era de Iguala.

 

 “Él como Presidente de la República tenía la obligación de actuar desde las primeras horas de ocurridos los hechos y disponer de todos los recursos del Estado para impedir la consumación de los hechos, que ya para entonces eran informados a nivel internacional”, expuso.

 

El director de HRW para las Américas señaló que por tratarse de un caso que involucraba a agentes del Estado demandaba una actuación rápida de las autoridades.

 

La participación de policías municipales también supone una responsabilidad para las autoridades locales por su omisión para reaccionar de inmediato. Vivanco dimensionó el caso de Iguala al decir que no conocía de un caso similar desde Tlatelolco. “En esas épocas se producían ese tipo de acontecimientos, ese tipo de eventos: masivas desapariciones de personas, donde nadie rendía cuentas. “En este caso se produjo en el siglo XXI, donde felizmente en América Latina están superadas este tipo de prácticas, y lamentamos un hecho de esta magnitud, de esta gravedad a la vista de todos los mexicanos, de la comunidad internacional, de los medios”, expresó.

 

TLATLAYA, “CRIMEN DE ESTADO” ENCUBIERTO

 

Sobre Tlatlaya, poblado mexiquense donde 22 personas fueron asesinadas por miembros del Ejército, Vivanco dijo que se trató de un “crimen de Estado”, toda vez que fue una masacre cometida y encubierta deliberadamente por elementos del Estado.

 

En este caso también consideró que hubo dilación en la investigación, pues la cronología de los hechos muestran que la PGR atrajo el caso hasta el 23 de septiembre, pese a que la ejecución había ocurrido el 30 de junio.

 

Para entonces había pasado una semana de la publicación de un reportaje de la revista Esquire, con el testimonio de una testigo de la masacre. Fue gracias a esa publicación que comenzó a cuestionarse la versión oficial dada por el Ejército de que el asesinato de 22 personas, señaladas como presuntos delincuentes, había ocurrido durante un enfrentamiento entre éstos y los militares. “Durante casi tres meses se engañó al país, a la comunidad internacional, y se utilizó al sistema judicial para sostener una falsedad, que hoy todo el mundo admite”, comentó Vivanco.

 

Al referirse a la conclusión de la investigación judicial, que señaló como presuntos responsables sólo a ocho militares y a un teniente, quien presuntamente los encubrió, cuestionó: “Es difícil creer que no hay mandos superiores involucrados en estos hechos, tanto en la comisión del delito como en su encubrimiento, y nos preocupa mucho porque creemos que tan grave como la ejecución es el encubrimiento”. Vivanco incluso ironizó sobre el tema al decir que, según la versión oficial, un teniente fue capaz de engañar a todo un país.


En Iguala: calles donde se respira el miedo; levantones y secuestros son permanentes


Por: Lilia Arellano

(07 de noviembre, 2014).- En las calles de Iguala, en las que no están repletas de manifestantes no solo de los lugares cercanos sino de otras Entidades del país que llegan por cientos para ofrecer solidaridad, se respira temor, angustia, miedo. Dentro de las viviendas ya son otros los sentimientos: hay odio, rencor, desesperación, hartazgo, aunque poca disponibilidad para denunciar abiertamente y hay un porqué o muchos porqués. “¿No hay forma de que vayamos con la policía, o con los militares, si sabemos todo lo que sabemos, lo que Peña Nieto conoce al igual que su Procurador y sus cercanos, no hay forma de distinguir en donde se encuentra el lado de la autoridad y en cual están los delincuentes?

 

No es fácil acercarse y preguntar y así lo hacen saber: “no quiera usted indagar demasiado porque desaparece”, Y no se trata de amenazas sino de un sano consejo. “No todos los que vivimos en Iguala tenemos que ver con las mafias sino con una vida de esfuerzo, de trabajo, de evitar ligarse con quienes llegan de improviso y también, de improviso, se van”. Al abordar el tema de los Abarca-Pineda –ayer utilizamos el Abarca-Villareal y ese segundo apellido así seguirá hasta que aclaren si es Villa o Villareal, porque tal parece que ni de eso están ciertos los sesudos investigadores, hay silencios que se rompen cuando hablan de la serie de reuniones y francachelas con trovadores y bohemios que organizaban junto con la actual dirigencia del PRD.

 

“No se desgaste señora, todo es de lo mismo ¿acaso no sabe que ya les mataron a otro general?; que no está enterada de que aquí mismo de repente llegan los camiones hacen levantadero y luego nos regresan a la gente toda golpeada, nada más por satisfacer sus instintos criminales? ¿Son esos a los que quieren que les tengamos toda la confianza? Es de esas experiencias que se basa la exigencia de que los regresen vivos, esta historia no es nueva, así han actuado pero de alguna manera evitaban meterse con la gente joven.Lo sucedido con los muchachos normalistas es la gota que ha derramado el vaso, por eso surge tanta solidaridad, porque son miles y miles las familias que se han enlutado y la mayoría de ellos no tienen ni siquiera un sitio en donde llorar a sus difuntos, no saben en dónde y cómo murieron y quedaron”.

 

Queda la impresión de que los Abarca-Pineda, de los hechos que hubiesen cometido y que sean totalmente comprobables y no farsas como la de su aprehensión, no hicieron sino seguir, continuar el camino muchas veces andado por las autoridades de ese municipio. Sus acciones no despiertan sorpresa pese a lo abusivas o absurdas que se presenten; tampoco les alarma la riqueza, ni las propiedades, ni las joyerías, ni la plaza comercial, no saben de un solo alcalde que hubiese vivido con los ingresos que por sueldo, percibía. “Son pocos los que se quedaron y eso para seguir manteniendo su poderío, sus nexos, sus relaciones mafiosas. Otros decidieron que, una vez con la maleta llena más valía salir de aquí, esa ha sido la demostración de amor a esta tierra, de ese tamaño su “visión de servicio”.

 

Iguala es muy diferente a como hoy pretenden que la veamos y la responsabilidad de que se llegase a estos extremos no es solo local o estatal, es la propia federación y sus enviados los que al parecer siguen luchando por ese poder que se otorga en la montaña, en la sierra, en donde los ingresos que se perciben suman millones y millones de dólares. Y es también ese señalamiento del que quieren alejarse a como dé lugar y prefieren las críticas que hoy surgen en el extranjero y que hablan de incapacidad a las que les lanzarían ante la certeza de haber construido un auténtico “narco-estado”.

________________________________________________________

 

La historia de Julio César Mondragón, estudiante asesinado de Ayotzinapa

 

Encontré esta historia de Julio César Mondragón, el compañero de Ayotzinapa que fue desollado. Pongo la foto, no para el morbo, sino para que tengamos presente que vivimos en el horror y para que lo sintamos en nuestras vísceras, para que este rostro sin rostro, desde esa imagen de horror, reciba una respuesta de nuestra parte.

En vida se llamaba Julio César Mondragón, estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, cursaba el primer año de su Carrera Profesional y era originario del Distrito Federal. Era un joven con muchas ganas de estudiar, pero por la falta de recursos económicos de su familia dudo en hacerlo, en su búsqueda de escuelas donde no tuviera que gastar mucho se entero que aquí en Guerrero había una escuela con modalidad de internado en donde no tendría que pagar renta, ni alimentos, y solo gastaría en algunos materiales educativos.

 

Cuando se enteró de esto no lo dudo más, y emprendió su camino, salió de la Ciudad de México preguntando donde se encontraba la tierra del Ilustre Vicente Guerrero, es decir, buscaba Tixtla, municipio donde se encuentra Ayotzinapa.

 

Luego de requisitar y aprobar el examen de admisión el día 18 de agosto se presentó a la institución en donde pronto hizo amistad con todos sus compañeros que son de distintas partes del país, pues Ayotzinapa permítanme decirles que alberga a estudiantes de Guerrero pero ademas les brinda oportunidad a jóvenes de estados colindantes.

 

Luego entonces todo marchaba en orden, hasta que un día sus compañeros le informaron a todos que tenían que ir a la marcha histórica del 2 de Octubre en el DF, una marcha en donde se recuerda la matanza de estudiantes que se manifestaban en ese entonces, claro que para ir tenían que buscar las condiciones para ello, por eso optaron por salir a todo el estado a botear (pedir cooperación), al grupo del “Chilango”, que era como le decían sus compañeros por ser originario del D. F.

 

Decidió ir a Iguala a recabar recursos. Su mala suerte fue que ese día daba su informe la esposa del Presidente Municipal y Presidenta del DIF , y ese evento los resguardaban, policías federales, estatales y municipales, además eran apoyados por la delincuencia organizada.

 

Luego entonces estas corporaciones, al ver la llegada de esta caravana de vehículos procedentes de Ayotzinapa, persiguieron a los camiones por toda la ciudad, hasta que en una calle lograron cerrar el paso.

 

Ante eso un estudiante se bajó de camión para solicitarle el libre tránsito, pues no entendían el por qué del acoso. Se abrió la puerta del camión el estudiante temeroso bajo y disimuladamente vio su reloj, apuntaba las 8:00 de la noche, después de dar 5 pasos más y dirigirse a la patrulla municipal, se oyeron disparos certeros que dieron a la cabeza de estudiante.

 

Cayó muerto al instante, sus compañeros al ver lo que sucedió y sentir las balas encima, salieron des autobús huyendo de la masacre, entre ellos el “Chilango” que salió junto con un compañero pero las balas de los cuernos de chivo eran mas veloces que su pies.

 

A unos cuantos metros cayó al piso y sus compañeros vieron cómo lo subieron a una patrulla Municipal. En un inicio pensaron que lo llevarían a un hospital o ya lo peor detenido, pero nunca pensaron lo inimaginable.

 

Horas más tarde fue encontrado su cuerpo sin vida y desollado (le quitaron la piel del rostro).

 

Aquí terminaron las ilusiones de este joven que salió de D. F. y aquí en Guerrero encontró su muerte…”.

 

*Esta historia la retomamos del blog de Elia Casillas.


Veintiuno de los “delincuentes” abatidos en Tlatlaya fueron “fusilados” por el Ejército

 

PABLO FERRI TÓRTOLA

La revista Esquire México encontró a una de las tres sobrevivientes de la balacera del 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, que dejó 22 presuntos delincuentes muertos. La testigo ofrece una versión muy distinta de la que han difundido el Ejército y la Procuraduría General de la Republica, en el sentido de que los militares abatieron a esas personas en “legítima defensa”. Según la mujer, 21 de esos individuos fueron fusilados aun cuando ya se habían rendido. Con autorización de Esquire México, Proceso publica la investigación del reportero de ese medio Pablo Ferri Tórtola y el material de la fotógrafa Nathalie Iriarte. El reportaje es difundido de manera simultánea por el sitio electrónico de dicha publicación mensual.

 

MÉXICO, D.F. (Esquire).- El pasado 30 de junio elementos del Ejército mataron a 22 presuntos delincuentes –21 hombres y una mujer menor de edad– en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos durante el tiroteo. Incluso el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.

 

Ahora, dos meses más tarde, Julia –su nombre no es el real–, testigo del suceso entrevistada por Esquire México, asegura que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:

 

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

 

En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas –25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación– y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que nunca estuvo secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena.

 

El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven Erika Gómez González, de 15 años, recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.

Erika Gómez, de 15 años, fue ejecutada por un soldado, según una testigo. Foto: Esquire

Cuando la hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según la testigo. Luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla, según Julia. El certificado de defunción, al que Esquire México tuvo acceso y del que posee una imagen, indica que el motivo de la muerte fue un balazo en la “cavidad torácica”. Erika recibió al menos un disparo en el pecho.

 

Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire México que la bala le perforó el corazón y un pulmón a Erika y que eso fue “un tiro de gracia”. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire México también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad, donde se constata que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego.

 

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.

 

El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadunidense The Associated Press cuestionó que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento y señaló que la fachada de la bodega sólo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “La bodega donde se encontraron los cuerpos mostraba pocas evidencias de que se hubiese mantenido un tiroteo largo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos junto a una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.

 

El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado al respecto: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”.

 

La PGJEM reveló además que había practicado una prueba de balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Esquire México habló con el departamento de prensa de la PGJEM sobre la versión de la testigo, el cual contestó que la PGR se hizo cargo de la investigación “a los pocos días del suceso” y que por ese motivo no puede realizar declaraciones al respecto.

 

El departamento de Prensa de la Procuraduría General de la República señaló a Esquire México que ésta es una investigación en proceso, por lo cual no puede brindar información, aunque señaló que hay dos personas consignadas por ese caso, cuyas identidades no puede revelar ni los delitos por lo que están siendo investigadas. Esquire México también contactó desde el lunes 15 de septiembre a la Sedena para contrastar la información de la testigo, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no ha recibido respuesta.

 

Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32 mil 181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134.

 

Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bacheada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son seis horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala, también en Guerrero, apenas cuenta con 120 mil habitantes.

 

Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cártel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias El Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprehensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.

 

En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia –San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa– el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de éstos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan.

 

Tres días antes el alcalde de Teloloapan había recibido un impacto de bala en el pecho. En abril, un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.

 

En abril del año pasado las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El programa interestatal Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.

 

Declaraciones de vecinos de la zona recogidas por Esquire México y aparecidas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega.

 

Julia asegura que llegó allí el 29 de junio a eso de las diez de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire México la razón de que acudiera a aquel sitio; sin embargo, difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había dos carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Afuera llovía. Julia piensa que quizá se refugiaron allí del agua.

 

Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con “un pantalón negro y una sudaderita negrita”. Como “a las tres de la mañana”, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. En pocos minutos los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches.

 

En una de las ráfagas murió un muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con lo dicho por Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados del Semefo del Estado de México que aseguran que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.

 

La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constató que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que las otras dos ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “¡No nos maten, no nos maten, estamos secuestradas!”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros.

 

La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos 30 minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas después de la rendición, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo –como a las 7:00 de la mañana, dice Julia– mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia, y hasta el momento se desconoce el paradero de las otras dos.

 

Julia asegura que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la PGJEM en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que la Procuraduría General de la República atrajera el caso. La testigo dice que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, la PGJEM y la SEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes. Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los tres primeros días no le dieron de comer y que, incluso, mientras estaba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega.

 

Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra. Otros aún aguardaban en el Semefo de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos.


La Procuraduría General de la República ubica 9 cárteles; controlan 43 pandillas

Grupo Operativo Zetas (El Mante, Soto La Marina y Victoria, en Tamaulipas), Comando Zetas (Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz y Ciudad Mier, en Tamaulipas), El Círculo y El Extranjero (este grupo opera en Jiménez, Victoria, Ciudad Madero y Abasolo, en Tamaulipas), Unidad Zetas (Nuevo Laredo), Néctar Lima (Nuevo Laredo), Grupo Delta Zeta (Valle Hermoso, Tamaulipas)

 

Según la dependencia, tienen presencia en 23 entidades; operan 4 grupos en Guerrero

 

Julio Ramírez/EXCELSIOR

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) admitió que en el país operan nueve cárteles de la droga y que siete de ellos  controlan 43 células criminales o pandillas.

 

Las nueve organizaciones criminales, cuya existencia reconoce la Procuraduría, son los cárteles del Pacífico, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, el cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

 En una solicitud de información pública, la dependencia reconoció que el cártel del Golfo es el que más ramificaciones tiene, con 12.

 

Los Zetas cuentan con nueve escisiones criminales, mientras el del Pacífico posee ocho pandillas vinculadas con el cártel, y la organización de los Beltrán Leyva, seis.

 

Las organizaciones operan en 23 estados, siendo Guerrero la entidad con más presencia de cárteles, con cuatro, seguido de Baja California y Chihuahua, con tres cada uno.

 

Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación son los dos únicos cárteles que no tienen pandillas vinculadas con su organización.

 

Además son los grupos delictivos que tienen más presencia  en diferentes estados, con nueve cada uno.

CÁRTELES OPERAN CON 43 CÉLULAS DELICTIVAS

La Procuraduría General de la República (PGR) afirma que en México operan nueve cárteles de la droga que se conforman en 43 células criminales.

 

Las nueve organizaciones criminales cuya existencia reconoce la Procuraduría son el cártel del Pacífico, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, el cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

Sólo en dos organizaciones la PGR no reconoce ramificación de células delictivas.

 

Las organizaciones del crimen están presentes en 23 entidades. Guerrero es la entidad con más presencia de cárteles —con cuatro—. Sigue en la lista Baja California y Chihuahua, con tres agrupaciones cada uno.

 

La PGR, en una respuesta vía transparencia, identifica que el cártel del Pacífico tiene ocho subgrupos: Gente Nueva (Chihuahua y Sinaloa), Los Cabrera (Durango y Chihuahua), La Barredora (Guerrero), identifica una célula criminal con el nombre del Cártel del Poniente (con actividad en Durango y Coahuila), un grupo ubicado como El Aquiles (BC), otro como El Tigre (BC), Los Artistas Asesinos o AA y Los Mexicles (Chihuahua).

 

En la organización de los Arellano Félix operan tres grupos criminales: Los Chan, El Jorquera y El Kieto, con arraigo en el estado de Baja California.

 

La PGR reconoce la actividad de dos células con ligas con el cártel de La Familia Michoacana en al menos cuatro estados de la República: Guerreros Unidos y/o La Nueva Empresa, con operaciones en Morelos, Guerrero y Estado de México y al que la Procuraduría ubica como un grupo desertor, y La Empresa, con influencia en Edomex y Morelos.

 

Los Carrillo Fuentes cuentan con dos subgrupos: La Línea y Los Aztecas, ambos ejercen su actividad criminal en Chihuahua.

 

En la organización de los Beltrán Leyva hay siete grupos: Los Mazatlecos (Sinaloa y Baja California Sur), un grupo que opera en Sonora conocido como El 2000 —también identificado como El Panchillo o El Panchillo Huevos—, Los Granados (oriundos de la región de Tierra Caliente de Guerrero), Los Rojos (que operan en la región norte y centro de Guerrero y Morelos), La Oficina (Aguascalientes y Baja California Sur), Los Ardillos (cuya actividad criminal se desarrolla en La Montaña y el centro de Guerrero) y la escisión identificada como el Cártel Independiente de Acapulco o CIDA, con presencia en Guerrero.

 

Por parte de Los Zetas —de influencia marcada en Tamaulipas—, la PGR identifica nuevas escisiones: Sangre Zeta (Coahuila y Nuevo León), Grupo Operativo Zetas (El Mante, Soto La Marina y Victoria, en Tamaulipas), Comando Zetas (Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz y Ciudad Mier, en Tamaulipas), El Círculo y El Extranjero (este grupo opera en Jiménez, Victoria, Ciudad Madero y Abasolo, en Tamaulipas), Unidad Zetas (Nuevo Laredo), Néctar Lima (Nuevo Laredo), Grupo Delta Zeta (Valle Hermoso, Tamaulipas), Los Negros (Irapuato, Guanajuato) y Fuerzas Especiales, con operación en Cárdenas, Huimanguillo y Centro, Tabasco; Cancún, Quintana Roo, y partes no detalladas de Tamaulipas.

La organización que más células delictivas tiene es el cártel del Golfo, con 12 grupos criminales, principalmente en Tamaulipas: Metros (Reynosa), Rojos (Matamoros), Grupo Lacoste, Grupo Dragones (Tampico), Grupo Bravo (Aldama), Grupo Pumas (El Mante), Grupo de Apoyo Ceros o M3 (Reynosa), Los Fresitas, Los Sierra, Los Pantera y Los Ciclones (que operan en partes no identificadas de Tamaulipas), así como Los Pelones, que la PGR ubica como punto de operación en Cancún, Quintana Roo.

 

La PGR no identifica células criminales o pandillas vinculadas con Los Caballeros Templarios, pero tiene reportes de su presencia en Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Jalisco, Colima, Querétaro y Baja California.

En Cártel Jalisco Nueva Generación opera en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y DF y tampoco se le reconocen vínculos con células delictivas.


 

"Bájale de huevos a tus notas”

 

Por: Sanjuana Martínez –

Periodista Karla Janeth Silva A veces uno se pregunta si vale la pena ejercer el periodismo en México. Como todos ustedes, los periodistas tenemos días buenos y días malos. Te cuestionas. ¿Vale la pena arriesgar tu vida? ¿Arriesgar a los tuyos? ¿Arriesgar todo? Y te lo preguntas porque ese fétido aliento de la amenaza te persigue cada día que abordas un tema incómodo para el poder, que es casi siempre en algunos casos como el mío y el de tantos y tantos compañeros en México, en especial de provincia. Compañeros que arriesgan diariamente su vida y que no tienen visibilidad con otros periodistas cercanos al poder.

 

Y ante tanta impunidad, vuelves a plantearte el costo beneficio de esta profesión. Porque si el periodismo no es para cuestionar o criticar, para investigar y desvelar las partes oscuras de los distintos poderes, para exhibir la podredumbre del gobierno, para cuestionar actos de corrupción, para evidenciar las tranzas del Estado con el sector empresarial, etcétera… ¿entonces para qué sirve?

 

Y lanzas preguntas a los demás, en especial, al poder en turno: ¿Qué tipo de prensa quiere Enrique Peña Nieto? ¿Qué tipo de periodistas respeta? ¿A cuáles periodistas que permitirá sobrevivir físicamente o laboralmente? Y tal parece que la respuesta del Estado se manifiesta a veces de manera brutal.

 

En ocasiones, ejerciendo una permanente presión sobre todos aquellos comunicadores incómodos para el poder y otras veces, persiguiendo a quiénes nos atrevemos a publicar sus corruptelas y excesos de poder.

 

En cambio, la exhibición de poder autoritario del nuevo PRI tiene muchas formas. Enrique Peña Nieto nos ha demostrado a los periodistas independientes y críticos que no piensa darnos ni agua en el desierto. Nos ignora. Sencillamente no existimos. Peña Nieto nos demuestra constantemente quiénes son sus consentidos. Aquellos “periodistas” — así entre comillas— dispuestos a someterse a su poder.

 

Los que hacen las “mejores” preguntas, esas preguntas que no incomodan; los que están dispuestos a cuestionar con previo cuestionario autorizado, los que lo critican poquito, lo justo para disimular, en fin, aquellos que están bajo su dominio a través de prebendas y jugosos pagos económicos o de todo tipo.

 

Estos “periodistas” hacen un daño terrible a la profesión. Primero porque pareciera que, el resto que no aceptamos las condiciones del poder político para ejercer nuestra profesión, somos unos descarriados fuera del rebaño.

 

Y luego, porque alientan los excesos del poder contra todo aquel compañero que se arriesga buscando la verdad. Y el poder manifiesta su poder. A veces de manera brutal como el caso de la periodista Karla Janeth Silva del Heraldo de Silao, a quien un grupo de hombres armados, antes de propinarle una paliza, en la propia redacción del periódico, le advirtió: “Bájale de huevos a tus notas”.

 

No era la primera vez. Ya lo habían intentado. Ella vivía con la amenaza, con ese fétido aliento a la espalda. Incluso lo escribió en un mensaje de texto a través de su celular. El mensaje llevaba la firma del alcalde de Silao, Guanajuato Enrique Benjamín Solís Arzola, “ofendido” por el trabajo de la reportera.

 

Un trabajo que debería ser normal en cualquier democracia, en cualquier sistema político donde impere la libertad. Pero como el alcalde priísta Solís Arzola tiene a su grupo de “periodistas” que se dedican a escribir solamente sobre las cosas buenas que hace y cuando lo entrevista le hace las preguntas permitidas, pues le choca que exista una periodistas “descarriada” en su rebaño mediático, un rebaño financiado con el dinero de los habitantes de Silao.

 

Y el exceso e impunidad cometido por el Alcalde Solís Arzola no es distinto que el de muchos otros alcaldes en el país. Alcaldes del PRI o de cualquier otro partido.

 

El poder político en México: gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, regidores, funcionarios de cualquier nivel, está acostumbrado a controlar a la prensa a base de jugosos “convenios” de publicidad que les permiten seguir gobernando a través de la cloaca de la corrupción.

 

No soportan la crítica. Tampoco el cuestionamiento con rigor e investigación de los periodistas libres e independientes. Y no están dispuestos a permitir que ningún comunicador descarriado se salga del rebaño. Para ello, cuentan con todo el poder del Estado. Amenazan, golpean, desaparecen, demandan judicialmente, acosan, y exigen en muchos casos, el despido fulminante de estos periodistas que hacen demasiado bien su trabajo.

 

Pero en México, hay periodistas con firmes convicciones, con principios; periodistas que prefieren verse al espejo todos los días sin la sombra de la corrupción. Periodistas que arriesgan su vida, que lo arriesgan todo en la búsqueda de la verdad. Y esos son los periodistas que el poder desprecia, que no respeta, que persigue, que golpea, que secuestra y asesina.

 

Y sólo en México suceden este tipo de delitos con lujo de violencia. Sólo en México, el alcalde de Silao, manda golpear abiertamente a una periodista, cuyo trabajo cuestiona su inmaculada honradez.

 

Y solo en México, después de tan lamentable suceso, no pasa nada. ¿Por qué el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, no ha dicho nada? ¿Por qué la Fiscalía de Atención a delitos contra periodistas no ha actuado? ¿Por qué la Procuraduría de Justicia de Guanajuato no ha detenido al alcalde de Silao o por lo menos lo ha invitado a “presentarse” para declarar? ¿Dónde está el Estado de derecho?…

 

El delito fue cometido a plena luz del día y en la redacción del periódico. Fue a las 5:30 de la tarde y los matones del alcalde priísta entraron buscando a la reportera a quien golpearon salvajemente y de paso también a la secretaria del medio.

 

¿Cómo es posible que cinco días después de este suceso la autoridad en cualquiera de sus manifestaciones no haga nada? La golpiza que recibió Karla Janeth Silva Guerrero afecta a todos. No solamente a los periodistas independientes, porque los otros no han sido capaces ni de reseñar el hecho, sino a todos los mexicanos.

 

Cada vez que un periodista es agredido, amenazado, desaparecido o asesinado, un pedazo de tu democracia se desvanece.

 

Por eso, te pedimos tu ayuda. Únete a la exigencia de justicia. Para empezar, Karla Janeth Silva Guerrero, ya debería estar con medida cautelares, protegida.

 

Exigimos al gobierno de Guanajuato que implemente las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para: “Investigar, juzgar y sancionar la violencia contra periodistas, incluidas, cuando sea necesaria, unidades especializadas de investigaciones o tribunales especializados y los procesos judiciales pertinentes que se inicien, eliminando así todas las barreras de género que obstaculizan o impiden a las mujeres periodistas el ejercicio de su derecho a la justicia, incluida la condena pública a cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para las y los periodistas”. La impunidad invita a la repetición del delito.

 

Esta agresión con firma no puede quedar en la impunidad porque después seremos más los agredidos y afectados. ¡Exijamos justicia!… #JusticiaParaKarlaJanethSilva Karla, no estás sola. www.websanjuanamartinez.com.mx Twitter: @SanjuanaMtz Facebook: Sanjuana Martinez


Se asegura que Joven fue visitado por un Extraterrestre en su dormitorio

 

(Contacto Cercano del Tercer Tipo registrado en Mayaguez, Puerto Rico)

 

Mayaguez, Puerto Rico

El ufólogo Reinaldo Ríos está sometiendo bajo investigación un Nuevo caso de abducción, rapto o Encuentro Cercano del Tercer Tipo en la terminología ufológica. Este se caracteriza por la presencia del objeto de transporte alienígena y la tripulación.  En este caso, se limita la presencia de una criatura aparentemente extraterrestre por su descripción.

 

Los hechos ocurrieron recientemente en verano de 2014 en el pueblo de Mayaguez, Puerto Rico, ciudad costera del oeste.

 

Se alega que un joven mientras se disponía a dormir en su habitación siente una presencia rara la cual desde su teléfono celular según lo reportado toma fotos. Curiosamente en su cotejo se percata de una criatura que su sombra refleja a través de una cortina la descripción del prototipo de ser extraterrestre descrito como los grises rodeados de luz.

 

Sometemos la foto para su investigación y análisis tal como se nos fuera suministrada. Según relatos del portavoz de esta historia dada a conocer en inbox en forma privada al ufólogo, relata que el joven a legadamente visitado se trasladaron a los Estados Unidos huyendo a esta experiencia. Su vida aparentemente se vio afectada a raíz de este incidente.

 

Otros ángulos de la historia no descartamos haya habido alguna intervención como examen físico, lo que mantenemos en nuestros archivos la privacidad del testigo e informante hasta tanto podamos tener la autorización debida para el reporte final.

 

La finalidad de dar a conocer esta historia de Visitas de dormitorio como son conocidas es demostrar que se siguen reportando y que algo aparentemente de tipo extraterrestre ocurre en estos casos, el propósito si es curación, abducción o rapto o una forma de establecer contacto con el humano seguiremos en la búsqueda de este enigma.

 

Lo propio es que hay una evidencia sometida para consideración de la ciencia y el mundo ufológico que el mundo debe conocer, uniéndose esta a otras tantas en el proceso de investigación.

 

"Hay algo que los gobiernos y científicos nos ocultan aparentemente, la zona oeste de la isla de Puerto Rico es muy abundante en este tipo de historias, instamos a otros que estén pasando por lo mismo o conozcan casos similares se comuniquen conmigo que confidencialmente daremos seguimiento a sus experiencias con un grupo nutrido profesional que nos colabora en secreto el cual incluye desde policías, médicos, psicólogos y psiquiatras, hasta militares fuera de servicio active, lo cierto es que no Deben temer, aquí estoy yo para representarlos y ayudarlos, ya que gubernamentalmente no existe una agencia pública que lo haga" expresa Reinaldo Ríos


 

¿MÉXICO?

EL PARAÍSO DE LOS CORRUPTOS

 

Por: Linaloe R. Flores/Sin Ebargo

En el mes que corre -el número 22 del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto- en México no hay una institución de combate a la corrupción. La Secretaría de la Función Pública –otrora insignia de las políticas contra el crecido cáncer- aguarda su desaparición, despojada de todos los órganos de control interno con los que alguna vez contó, y acéfala en su titularidad.

 

Este escenario fue el resultado de un círculo gestado en la reforma a la Ley de la Administración Pública que implica que la SFP sea sustituida con la Comisión Nacional Anticorrupción.

 

El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí está atorada. De modo que no hay Secretaría de la Función Pública y tampoco Comisión Nacional Anticorrupción.

 

El combate a la corrupción fue el tema que le permitió al Presidente impulsar las reformas estructurales. Apenas ganadas las elecciones, presentó una lista de 266 compromisos. El número uno fue crear la Comisión Nacional Anticorrupción.

 

Pero las cosas han cambiado. En su Segundo Informe, apenas mencionó la palabra una vez y la noche del 19 de agosto, en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, defendió que en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural, lamentablemente”.

 

Y tanto las palabras como los hechos han calado hondo en los especialistas y luchadores que ahora ven pocas posibilidades que se impulse una verdadera política para combatir ese malestar que equivale al 10 por ciento del PIB, el doble de las ganancias del crimen organizado.

 

México es, pues, en estos momentos, un paraíso para los corruptos.

 

En el mensaje alusivo de su Segundo Informe el Presidente mencionó sólo en una ocasión la palabra “corrupción”.

 

En el mensaje alusivo de su Segundo Informe de Gobierno, un compendio de nueve mil 748 términos, la mencionó una sola vez. Dijo: “Para fortalecer el sistema de justicia, la Reforma Política convierte a la Procuraduría General de la República en un nuevo órgano constitucional autónomo: la Fiscalía General de la República.

 

De acuerdo con esta reforma, esta institución contará, entre otras, con dos fiscalías especializadas; una contra delitos electorales, y otra para combatir la (y aquí la mermada palabra) corrupción”.

 

Dos semanas atrás, la noche del 19 de agosto, el Presidente expuso lo que piensa de ese concepto. En el programa “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, Denisse Mearker –una de los seis periodistas convocados- lo cuestionó sobre cuál era la estrategia para combatir ese mal en México.

 

El Presidente sostuvo que la corrupción es un cáncer social que no es exclusivo de México. “Lo es –yo creo- que de todas las naciones, un tema casi humano que ha estado en la historia de la humanidad, y que en México se han hecho esfuerzos porque tengamos instituciones que combatan la corrupción y que además aseguren mayor transparencia”.

 

León Krauze lo increpó con el dicho de que en Estados Unidos los mexicanos pagan multas e impuestos. El Presidente exclamó: “Yo sí creo que hay un tema cultural lamentablemente”.

 

La palabra “corrupción” ha estado en todos los discursos políticos desde Venustiano Carranza hasta Enrique Peña Nieto. Después, todos la han sepultado en el transcurso de sus gobiernos hasta dejarla en el olvido (Ver recuadro de las promesas y el olvido). Algunos especialistas en legislación de Transparencia temen que ese ciclo adjudicado a la política mexicana ya esté cumplido en este sexenio cuando apenas han transcurrido 21 meses de gobierno. Basta ver la evolución de las palabras presidenciales.

 

El 27 de febrero de 2013, cuando la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue detenida por la Procuraduría General de la República (PGR), el Presidente Peña Nieto dijo en un mensaje a la Nación: “Nadie está por encima de la ley”. Parecía un guiño inequívoco para que se iniciara una investigación en contra de Carlos Romero Deschamps, el dirigente del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien no oculta su vida de regalos y derroche. O de Víctor Flores Morales, dirigente del Sindicato de la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales cuyos fideicomisos destinados a los trabajadores se encuentran vacíos. Nada de ello ocurrió.

 

Por el contrario, las palabras presidenciales desalentaron a Ernesto Gómez Magaña, integrante de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas quien formó en julio pasado la Iniciativa Yo contra la Corrupción (Yoco), un colectivo basado en la prevención y participación ciudadana cuya aspiración es incidir en la Reforma Constitucional de la Ley del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), ahora en la Cámara de Diputados.

 

“Se creyó que al gobierno federal le interesaba combatir la corrupción y que estaría dispuesto a crear una estrategia a partir de una renovación institucional. Pero en el momento en que el Ejecutivo mencionó que es un tema cultural, dejó suelta la posibilidad. Ahora, la señal es muy confusa”. Mauricio Merino Huerta, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE), dijo que esa frase puesta en el discurso presidencial no contribuye con el combate a la corrupción al que no sólo está obligado el gobierno; sino comprometido.

 

“La corrupción es un tema cultural, pero no es sólo eso. Se da en muchas relaciones, pero la gran pregunta es qué va a hacer el gobierno al que los ciudadanos lo dataron de una serie de facultades”. Jorge García Villalobos, socio líder de Investigaciones Forenses de Deloitte, compara a la corrupción con una enfermedad para la cual en México, no se ha encontrado la medicina por falta de acuerdo en el diagnóstico.

 

“Hemos aplicado paliativos y ello nos marcó una tendencia para que la corrupción no se acabe. Mientras no se encuentre la verdadera medicina, la corrupción del país continuará tal cual.

 

Se ha avanzado a cuenta gotas y con impasses”. Este especialista acepta que es acertada la visión de la corrupción insertada en “la cultura”.

 

Pone como ejemplo que la corrupción en su mínima expresión de las mordidas de ciudadano a autoridad es una forma evolucionada de las formas que tuvieron los grupos originarios en México para evadir el pago de los altos impuestos en Tenochtitlan. No obstante, recalca que las razones históricas no deben inhibir el impulso de las políticas.

 

También está aquí la voz de Feliciano Arvidez, un policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Él es la encarnación de la estadística que indica que la Policía es por mucho, la institución más corrupta en México. En la Segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), aparece con 50.6 por ciento a nivel nacional.

 

“Sí. Es un tema que ya se trae en las venas ¿Qué problema hay en que lo diga el Presidente? Pero tampoco es que uno nazca así. Yo creo que sí deben hacer algo para que ya no tengamos corrupción. Pero ya se sabe: el de arriba roba primero y el de abajo roba después, y aquí todo es un robadero.

 

EL DESMANTELAMIENTO El limbo. Ese es el sitio para las instancias de combate a la corrupción en estos momentos en que el Presidente Enrique Peña Nieto vive su mes número 22 en el gobierno y ha rendido su Segundo Informe de Gobierno.

 

Desde que tomó posesión Peña Nieto, la titularidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se ha mantenido acéfala y funciona con un encargado de despacho: Julián Alfonso Olivas cuya facultad, en realidad, es la de subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones. ¿Qué dirige este funcionario cuyo sueldo es de 139 mil 580 pesos? No mucho si se considera que la Reforma peñanietista implicó la desaparición de los Órganos Internos de Control dentro de la SFP. No mucho cuando la dependencia recibe con espacios vacíos y cajas puestas en pirámides. “Así hemos estado: Esperando.

 

Y así pasan los días y los meses”, dice una de las trabajadoras. Aprovecha para dirimir su duda: “¿Por ahí se sabe algo de qué va a pasar?” Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada a Función Pública en 2003 como símbolo del combate a la corrupción, la dependencia está a punto de desaparecer.

 

Conforme a la Reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la SFP debe ser desmantelada una vez que esté lista la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero por lo pronto, ni lo uno ni lo otro puede ocurrir.

 

El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí está, sin trámite y en el cajón de pendientes. Ante la imposibilidad de sacar adelante la Comisión Nacional Anticorrupción, en marzo pasado se creó por acuerdo la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, la cual fue adscrita a la Procuraduría General de la República.

 

Se trata del órgano que le sirvió al Presidente para mencionar por única vez la palabra “corrupción” en su mensaje a la Nación del pasado 3 de septiembre. Pero tampoco opera y ni siquiera tiene oficinas.

 

El Senado debe nombrar a su titular para que arranque su funcionamiento. COMBATE A LA CORRUPCIÓN: EL CAMBIO DE DISCURSO Como candidato, Enrique Peña Nieto mostró grandes ímpetus por acabar con la corrupción. En su lista de 266 compromisos firmados ante Notario Público, el primero es la creación de un órgano que le permitiera desde el gobierno contradecir a la corrupción.

 

En 2012, como candidato electo, publicó en el periódico Reforma un artículo con el título “El comienzo del cambio” en el que ratificó que su primera acción como gobernante sería el impulso a dicho órgano.

 

Firmado el 2 de diciembre, en el Pacto por México, la Presidencia de la República volvió a incluir ese objetivo y añadió que también debía conformarse un órgano que vigile los contratos de publicidad entre el Gobierno y los medios de comunicación para otorgar más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

 

Los meses han pasado y no hay nada de esas promesas. Cuando Peña Nieto fue candidato el Índice de Percepción de Corrupción 2011, elaborado por Transparencia Internacional, México tenía el sitio 100 de 183. Una posición de alarma.

 

Desde entonces, las cosas han ido de mal en peor. Hoy, el país está en el sitio 106 de 177 naciones en la misma lista. Una calificación reprobatoria de 33 puntos.

 

En estos momentos, el costo de la corrupción tanto en el gobierno como en las empresas está calculado como el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador Empresarial. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) ubica ese número en 10 por ciento.

 

De cualquier forma se trata del doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado y es superior a los dividendos de la extracción de petróleo crudo cada año por Petróleos Mexicanos.

 

En 1917 crea el Departamento de la Contraloría. Encarga al Congreso expedir “a la brevedad”, la Ley de Responsabilidades. En efecto, el Congreso expide la ley, pero 22 años después: el 30 de diciembre de 1939.

 

El Presidente destituye a los gobernadores de Guanajuato, Sinaloa y Sonora, acusados de actos de corrupción.

 

Las destituciones desde la casa oficial de Los Pinos no suscitan un debate sobre la corrupción. Por el contrario, los análisis hemerográficos las refieren como medidas políticas para alejar a funcionarios leales a su antecesor.

 

Ofrece que “la moralización pública” será la marca de su gobierno. Las obras y otros contratos de su gobierno no serían privilegio de favorecidos. Es la primera vez, que el tema de licitaciones dirigidas despierta indignación en la sociedad debido al discurso presidencial.

 

En su sexenio se vuelve conocida la frase: “No me des, ponme donde haya”. Al finalizar el sexenio, sus críticos le señalan “funcionarios venales”; es decir, hombres que se enriquecieron con sus posiciones al encajarse en la administración. Su lema de campaña es “Moralidad y Austeridad”.

 

En su recorrido por el país menciona a “los funcionarios venales” y dice que su gobierno estará exento de ellos. Sin juicio moral ni social, los funcionarios bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortinez se enriquecen en forma paulatina. Las fortunas crecen y surgen empresas que brindan servicios a la administración pública. No hay órganos de control que los señalen; mucho menos que los sancionen. Se le adjudica la frase de: “¿Cómo se puede combatir la corrupción en México si cada mexicano tiene metida la mano en el bolsillo de otro mexicano?” Sin aspavientos, compromete a su gobierno al combate a la corrupción. Emite la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado que da lugar a la Secretaría del Patrimonio Nacional en sustitución de la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. Gana el mote de “López Paseos”.

 

Entabla extraordinarias relaciones con los principales mandatarios del mundo en Europa, Sudamérica y el Oriente. Hay, para ello, un gasto importante que no es fiscalizado. También se recuerdan apoteósicos recibimientos como el preparado para John F. Kennedy y su esposa Jackie; además del de General Charles De Gaulle de Francia. Empieza a marcarse la imagen del político mexicano enriquecido que no conoce límites para gastar en público.

 

Fomenta el desarrollo económico con promesas firmes a mantener baja la inflación, no adquirir deuda externa y no permitir fugas de dinero por corrupción. Una de las tragedias que aún es herida abierta ocurre durante su mandato.

 

La matanza de estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco aún es un episodio emblemático de la falta de transparencia de una era del poder en México.

 

Se constituye la Comisión de Administración Pública (CAP) que formula un diagnóstico titulado “Informe sobre la Administración Pública” en el cual se recomienda órganos de control interno en las dependencias.

 

El gasto público aumenta en forma considerable sin que sea sometido a fiscalización. La frivolidad empieza a volverse lugar común: no hay funcionario que no de muestras de acaudalamiento.

 

Como candidato le dice a un reportero que su lema electoral sería “La solución somos todos”. Ya en la silla presidencial reforma la Ley Orgánica de Contabilidad Pública para otorgar más facultades al gobierno en la sanción del mal uso de los recursos públicos Aquella frase fue transformada por el dicho popular de “la corrupción somos todos”.

 

El despilfarro fue marca de su gobierno con fiestas privadas; además de permisividad para actos ilegítimos en las esferas del gobierno. La Renovación Moral está presente en su discurso desde que acepta la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

 

Se trata de estimular la voluntad colectiva. Una vez que el terremoto de 1985 destruye la ciudad de México, Miguel de la Madrid se separa de aquel concepto con el que se había propuesto marcar su sexenio.

 

En realidad, no usa el tema de la corrupción para hacer promesas de campaña ni propone grandes reformas.

 

En 1994 se pone en marcha algunas iniciativas como la obligación para todos los servidores públicos de hacer su declaración patrimonial anual y la reducción de la asignación discrecional de fondos federales (la llamada “partida secreta” del presidente se reduce de 857 millones de dólares en 1988 a cero en 2000). Surge el hermano incómodo (bautizado así por la Revista Proceso) Raúl Salinas de Gortari.

 

Al final del sexenio es señalado de cometer actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y tener nexos con el narcotráfico. Fue encarcelado y en 2013, exonerado. En su toma de posesión, dice: “Acabaremos con la impunidad y emprenderemos una lucha sin tregua contra la corrupción”. Después de la crisis de diciembre de 1994, anuncia el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un instrumento con el que desea rescatar el ahorro en los bancos.

 

En el Fobaproa se encuentran unos mil 275 créditos superiores a los 20 millones de pesos.

 

Unos 700 préstamos aparecen sin garantías. 600 créditos se llevan más del 55 por ciento del fondo. Es decir, se encuentra la trama de fortunas rápidas, formadas por la indiscriminada cesión de empresas públicas a intereses privados.

 

Como candidato ofrece acabar con la corrupción que han dejado los años del PRI. Crea la Secretaría de la Función Pública, también el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y, además, funciona desde enero del 2000 la entidad de fiscalización superior de la Federación con su Ley Reglamentaria.

 

Ofrece agarrar “peces gordos”. Durante su sexenio es visible el crecimiento de la fortuna de allegados, familiares y él mismo. Martha Sahagún, su esposa, consume una de las más grandes partidas para una primera dama en Los Pinos. Los nombres de sus hijos, Manuel y Jorge Bribiesca, aparecen hoy en la truculenta historia de Oceanografía como intermediarios de millonarios contratos de Pemex. Esa compañía, que al principio del sexenio está teñida de rojo, llega a manejar un capital. Hoy está intervenida por la PGR por un fraude en contra de Banamex, filial de Citigroup. Su lema de campaña fue “Calderón, manos limpias”. No fue más allá de la frase pues no ofreció ni reformas ni cacería de funcionarios inmersos en corrupción.

 

Su sexenio es empañado por varios escándalos: la construcción de la Estela de Luz que se estrena con retraso y se paga con sobreprecio; la red de influencia que teje Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia con ingresos de más de 26 millones de pesos en menos de tres años; la denuncia por parte del Gobierno de Estados Unidos en contra de Néstor Moreno Díaz quien fuera director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por recibir sobornos para beneficiar a Lindsey Manufacturing Company en contratos millonarios.


 

“México es un país de inseguridad y violencia”: Calderón

 

Revolución 3.0

México, D.F.- A Felipe Calderón por momentos se le olvida que fue presidente de México, o al menos eso parece, pues en su participación en la Decimoctava Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Estados Unidos, Calderón ostentó una larga lista de supuestos éxitos económicos durante su sexenio, pero el ex mandatario se contradijo y prácticamente se posicionó en un tercer plano cuando le tocó hablar sobre la inseguridad y la violencia de la región; prácticamente se mostró como un analista político quien ve los toros desde la barrera, pese a que durante 6 largos años estuvo ahí en la ruedo, capoteó los problemas de inseguridad y falló en el estoque de un problema del cual hoy en día opina en la lontananza.

 

“Pusimos orden en las finanzas públicas, redujimos el déficit, recuperamos la confianza de los mercados. En 2012 México pasó del lugar 73 al 53 en el ranking mundial de competitividad del Banco Mundial” declaró ufano el ex “presidente del empleo”.

 

Posterior a ello, quien pareciera extrañar dar el Informe de Gobierno habló sobre la la violencia: “La nuestra es  la región más violenta en el mundo y necesitamos afrontarlo”.“Combatan y enfrenten a los criminales, reconstruyan las agencias e instituciones de la aplicación de la ley, algunas desde sus cimientos, y reconstruyan la plataforma social”, pronunció Calderón sin mencionar los penosos resultados en su lucha contra el narcotráfico, que cobró la vida de más de 70 mil personas.

 

Al proseguir con su Informe Sexenal en tierras extranjeras, Calderón habló sobre la cobertura de salud universal, kilómetros de carreteras y regresó al asunto de la violencia:  “El nivel de homicidios por cada 100 mil habitantes es increíblemente el más alto de la región, y esto implica un problema terrible para nuestras economías y para el bienestar de nuestra gente”. Finalizó quien brindó sus consejos al Ejecutivo Federal.

 

Calderón padeció lagunas mentales, osciló entre la soberbia, el olvido y el indiferencia, con un sardónico sentido del humor y ante un mar de personajes, desde embajadores hasta analistas políticos y representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales, también se dio el lujo de mostrar su indignación por la democracia y estabilidad de Venezuela.

Cuando finalizó, la concurrida audiencia lo recibió con sendos aplausos, esos mismos que ayer por la tarde congratularon a Peña; más de lo mismo…


Con Peña, mexicanos tienen que trabajar 23 horas diarias para comprar canasta básica

 

El discurso económico dice sí, los números dicen no

 

Por Rodrigo Hernández López

(02 de septiembre, 2014).- El poder adquisitivo de los trabajadores tuvo una pérdida de 7.24% en términos reales, durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Tan sólo en los pasados cuatro meses el precio de la canasta alimenticia recomendable (CAR),  se incrementó 4.1%, pues pasó de 184.96 pesos en abril de 2014, a 192.52 en agosto.

 

De acuerdo con los miembros del Centro de Análisis, un empleado debería trabajar 22 horas y 53 minutos diarios para poder adquirir todos los productos de la canasta mencionada, lo que dejaría para descansar una hora y siete minutos.

 

Aunado a eso se debe tomar en cuenta que el nivel de aprobación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, bajó a 46.9 % en el último trimestre desde el 48.7 % registrado en mayo pasado, cuando repuntó 1.1 puntos respecto al nivel de febrero.

 

Estos datos fueron dados a conocer este 1 de septiembre por la encuestadora Mitofsky, quien refirió que el nivel de desaprobación subió de 49.9 % en mayo pasado a 51.3 % en agosto, esto tras la reciente promulgación de las leyes secundarias en materia energética.

 

Los mexicanos que más estudios tienen es uno de los segmentos que menor aprobación tiene sobre el mexiquense, la aprobación a Peña Nieto se ubicó tan sólo en 39%, por 49% entre los de nivel primaria o menor y 48% entre los de secundaria o preparatoria.

 

La aprobación de Peña Nieto alcanzó 46 % en el noroeste, 56 % en el noreste, 49 % en el occidente, 45 % en el centro y 46 % en el sureste, con lo que casi la mitad de la población pone en duda la eficacia de su gobierno.

 

A pesar de que hay diversos organismos que refieren que la realidad no es como la pinta el gobierno, para ellos sólo existe una verdad, la oficial, la que pretende aplastar los números que ponen en entredicho que “México se está moviendo”.


 

Familiares de desaparecidos, entre la locura y la ruptura del tejido social

 

“Sin ninguna certeza sobre el destino de su ser querido, sin un cuerpo al cual llorarle y por lo tanto sin poder cerrar un ciclo de duelo, los familiares de las víctimas de desaparición viven una situación ‘enloquecedora’ que va mermándolos poco a poco no sólo a nivel personal, sino también como familias, y que en última instancia –y de forma invisible- está provocando graves rupturas del tejido social”, aseguró Ana Gladys Vargas, directora de vinculación de la organización Tech Palewi.

 

Por Redacción Revolución@revolucion3

Hasta el pasado 31 de julio, la Procuraduría General de la República indicó que se tienen reportadas 22 mil 322 personas no localizadas, de las cuales11 mil 423 son jóvenes.

 

En entrevista con el diario La Jornada, Gladys Vargas destacó que la mayoría de los parientes de desaparecidos no buscan ayuda emocional porque consideran que ello puede quitarles tiempo para la tarea de buscar a sus seres queridos y al buscar su bienestar puede significar una “traición”.

 

La tanatóloga refirió que en el caso de la desaparición forzada, la situación es peor al no haber certeza de muerte pero sí del sufrimiento de la persona del desaparecido, generando un “duelo sicotizante” al no haber la llamada prueba de la realidad, es decir, inexistencia de un cadáver que permita a la familia iniciar y concluir un duelo “sano”.

 

“No lo vive igual un padre o una madre que un tío o un hermano, pero toda la familia vive una situación enloquecedora, que casi seguramente dará lugar a un duelo complicado, extremadamente largo y desgastante”, declaró al diario, al no haber rituales luctuosos, velorios, misas, rosarios, con todo el cobijo social que viene con ello.

 

Agregó que los familiares de la persona desaparecida empiezan a desarrollar una especie de “culpa de vivir”: no puede-o no debe- haber momentos de alegría o tranquilidad, cuando el ser querido puede estar sufriendo en ese instante.

 

Por ello, declaró, el fenómeno de los desaparecidos ha provocado regiones “terriblemente afectadas, con una profunda desolación, con un sentimiento de impotencia colectiva, depresión y vacío. Se pierde una solidaridad esencial y eso habla de una grave afectación al tejido social. Vemos niños deprimidos y enojados, que no juegan, y eso va generando adultos con violencia y rabia”, explicó a La Jornada.

 

La lista de regiones con más desaparecidos la encabezan los estados de Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, el Estado de México, Baja California, Guanajuato y Chihuahua, mientras por rango de edades de uno a 10 años son 606 personas, 5 mil 765 tienen entre 10 y 20 años, 5 mil 658 entre 20 y 30 años, 4 mil 482 entre 30 y 40 años, 2 mil 571 entre 40 y 50 años y mil 960 entre 50 y 80 años.


 

De la fosa clandestina a la fosa común

 

La CNDH no asesoró a los familiares de las víctimas de migrantes, no los acompañó a la recepción de los restos ni apoyó a quienes tuvieron dudas sobre lo que estaban recibiendo.

MARTA FERNANDA SÁNCHEZ SOLER | OPINIÓN | 2014-08-22

A cuatro años del descubrimiento de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, hablamos del terrible suceso como si sólo fueran 72 los migrantes asesinados, sin recordar que desde el 1 de abril del 2011 se descubrieron nuevas fosas y a final del mes sumaron 193 los muertos hallados en 47 fosas clandestinas en Tamaulipas[1].

 

También se olvida que en el mes de mayo del 2012, en Cadereyta, se dio el atroz descubrimiento de los 49 cadáveres, 43 de hombres y 6 de mujeres asesinadas y desmembradas. Le tomó al gobierno de México dos años, para finalmente, este 22 de julio, entregar once de los cuerpos que fueron transportados en avión a Honduras.[2]

 

Tampoco se han difundido las declaraciones del INM, que dijeron que “existen 825 cuerpos de migrantes en calidad de desconocidos, restos que en su mayoría no están completos”. Se nos olvida también que no tenemos un recuento puntual de la gran cantidad de cadáveres no identificados que se encuentran en las fosas comunes de los cementerios mexicanos ni de otras fosas clandestinas que seguramente existen por todo el territorio nacional.

 

Y, no se habla mucho de los migrantes desaparecidos en tránsito por México, que se estima son unos 20,000 desaparecidos por año, anotados en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Si tomamos la fecha de arranque de la escalada de violencia obsequiada por la guerra contra las drogas el año de 2006, esto nos lleva, a la fecha, a una suma inaudita de 160,000 migrantes desaparecidos.

 

A partir del año 2006, auspiciados por el Movimiento Migrante Mesoamericano, con apoyo de los albergues migrantes y numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de los migrantes desaparecidos en tránsito por México, en especial sus madres, iniciaron las Caravanas de búsqueda con el fin de hacer visible su tragedia, denunciar la complicidad del gobierno de México con el crimen organizado y encontrar a sus hijos.

El 2 de noviembre del 2011, durante la caravana, las madres rindieron homenaje a los muertos en su primer aniversario justamente en el local donde fueron masacrados los 72 migrantes: San Fernando Tamaulipas.

 

La llegada a San Fernando estuvo rodeada de intriga. A pesar que autoridades del más alto nivel habían dado instrucciones para que nos recibiera una comisión de autoridades municipales, ninguna autoridad municipal hizo acto de presencia, y nos encontramos varados a punta de carretera custodiados por la Policía Federal y el Ejército. Ninguno de los guardias asumía conocer el lugar que buscábamos. Ni autoridad, ni vecinos, nos quisieron orientar por temor a comprometerse y posteriormente pagar caras las consecuencias.

 

Cuando llegamos a la bodega escenario de la masacre migrante, nos causó una gran impresión el encontrar las puertas metálicas tiradas, con múltiples orificios de balas. Inexplicablemente aún se encontraban tirados zapatos, cachuchas, gorras, chamarras, peinetas, pertenencias de quienes fueron ahí masacrados. Las madres centroamericanas observaron una a una las prendas que debieron ser recogidas como evidencia por la policía desde agosto del 2010, cuando ocurrió la masacre.

 

Con estos hallazgos fue montada la ofrenda del altar de muertos. Los sacerdotes Fray Tomas González y Heyman Vázquez oficiaron un acto litúrgico y las madres bendijeron el lugar cubriéndolo con flores cempasúchil en un acto solidario de liberar y purificar el lugar y a la gente buena de San Fernando.

 

Otras madres sólo apretaron los labios cuando entregamos al Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, las ropas abandonadas metidas en una bolsa plástica negra. "A ver qué hacen", murmuraron antes de dejar atrás el rancho ejidal del municipio de San Fernando que ha sido el símbolo de la inexplicable crueldad de los carteles mexicanos, pero que las madres bendijeron, siempre pensando que alguno de los muertos pudiera ser uno de los suyos. 

 

La justicia ha sido escamoteada y el gobierno mexicano ha quedado, una vez más, en deuda. Son muchos los agravios que han sufrido las familias[3]. A pesar de la detención de presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La autoridad no ha fincado responsabilidades a los servidores públicos que han retardado la impartición de justicia o la reparación del daño, han sido omisos en la identificación plena y fidedigna de todos los restos, y la falta de transparencia en el manejo de los casos[4].

 

Cuando finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió tardíamente sus recomendaciones, la decepción de todos los que las esperábamos fue mayúscula. La Comisión violó los derechos reconocidos en el marco nacional e internacional de protección a los derechos de las víctimas: No asesoró a los familiares, no los acompañó a la recepción de los restos ni apoyó a quienes tuvieron dudas sobre lo que estaban recibiendo, y falló al no recomendar a las autoridades federales y estatales la reparación de los daños causados por las violaciones a sus derechos humanos, ni apeló a la Ley General de Víctimas para promover la reparación.

 

La CIDH acusa al gobierno de México de entregarle información parcial casi un año después de solicitada.[5] , también acusa que la PGR, al investigarlos como casos de tráfico de personas o violaciones a la Ley General de Población, trata a los afectados como participantes voluntarios y testigos potenciales, y no como víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto “se les niega el acceso a la justicia y la reparación y los casos son tratados simplemente como un asunto criminal.

 

La masacre de San Fernando permanece como un caso secreto y de impunidad. A pesar de decenas de arrestos, ningún autor intelectual o facilitador del crimen ha sido condenado. A cuatro años de la masacre persiste la ignominia y la impunidad, los 72 se multiplican indefinidamente y quedan, en silencio; hasta que un día un soldado los saca de una fosa clandestina para pasarlos a una fosa común.

 

@martafernanda

 

[1]Con información de la serie de cables desclasificados que funcionarios estadunidenses enviaron de México a Washington entre 2010 y 2012, queda claro que el gobierno mexicano estaba al tanto de los crímenes que cometían Los Zetas en San Fernando desde antes de la masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010 y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas comunes. El investigador Michael Evans, del NSA, publicó los primeros documentos desclasificados en el blog de la organización para mostrar el intento del Estado mexicano por minimizar su responsabilidad ante los crímenes. “Las autoridades mexicanas aún están buscando una posible fosa clandestina que contendría más de 200 migrantes. Se cree que los cuerpos están en San Fernando cerca de la garita aduanal de “Las Yescas”, entre San Fernando y Matamoros”. Este aviso se dio ocho meses antes de que comenzaran a ser desenterrados casi 200 cadáveres. En septiembre, Matamoros y sus alrededores parecen vivir una guerra. El alcalde de Hidalgo ha sido asesinado; el Ejército y Los Zetas se enfrentan en Ciudad Mier; tres granadas de fragmentación hieren a 29 civiles en Reynosa. Los ataques ocurren a tres cuadras de un servicio funerario para los 72 migrantes y cerca de la morgue donde se depositaron algunos de sus cuerpos. Más tarde se registra un ataque contra el hospital de la Marina donde se recuperaba el ecuatoriano que era el informante. El día 2 de ese mes aparece el segundo sobreviviente de la masacre, quien, según informó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a los estadunidenses, se había desplazado solo a Matamoros y “supuestamente fue trasladado al DF para declarar”. En tanto, México intentaba limpiar su mala imagen internacional.

 

[2]“Hace unos días, los familiares acudieron al Conadeh para denunciar el atraso en la repatriación de los cuerpos”.

 

[3]Testimonio de una de las madres centroamericanas que acudieron al Senado para solicitar a los senadores que llamen a comparecer a Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su probable responsabilidad en la violación de derechos humanos de los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando. “Yo me siento desesperada, buscando a mi hija porque no tengo ninguna prueba, solo cenizas, tengo dudas de todo lo que han hecho porque nunca me buscaron a mí; a mí nunca me entregaron evidencias, no tengo ninguna foto. Sigo con las dudas, buscando a mi hija. Mirna habló en nombre de las seis familias centro y sudamericanas que aún esperan tener la certeza de que los restos que les entregaron, efectivamente pertenecen a sus familiares.

 

[4]La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho calificó como “parcial” y “violatoria” de los derechos humanos de los familiares de las víctimas la recomendación de la CNDH, emitida en diciembre del año pasado e interpuso un amparo contra la recomendación y el proceso de investigación de la CNDH ante el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el 17 de enero de este año.

 

[5]La CIDH considera que es “una respuesta plenamente insuficiente”, e insiste en que las cifras del Estado “resultan carente de todo sentido” sobre todo a tenor de toda la documentación que existe y que la Relatoría recabó con testimonios directos de migrantes, familiares y organismos como la propia CNDH para elaborar el Informe ‘Derechos humanos de los migrantes en. Acusa que la PGR, al investigarlos como casos de tráfico de personas o violaciones a la Ley general de población, trata a los afectados como participantes voluntarios y testigos potenciales, y no como víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto “se les niega el acceso a la justicia y la reparación y los casos son tratados simplemente como un asunto criminal.


Desaparecen 20 mil bpd de crudo ligero y en la zona de Tampico, Madero, y en Sinaloa, ahí hay mucho combustible robado”

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que al día le sustraen hasta 20 mil barriles de petróleo superligero, esto sin contar el de tomas clandestinas.

 

Atzayaelh Torres/EL FINANCIERO

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) padece el robo de entre 19 y 20 mil barriles diarios de su crudo más valioso: el superligero, u Olmeca, de acuerdo con datos proporcionados por la petrolera.

 

En el mercado internacional este crudo de baja densidad tiene un valor promedio de 107 dólares por barril, que multiplicado por la cantidad de crudo sustraído, tendría un valor de 60 millones de dólares al mes, es decir, aproximadamente 360 millones de dólares durante la primera mitad de este año.

 

Este crudo que sustraen a Pemex es independiente de la cantidad de combustible robado también de tomas clandestinas, y de los que la petrolera ha dado cuenta.

 

El crudo Olmeca se encuentra principalmente en los yacimientos que Pemex tiene en la Cuenca del Sureste, en las costas de Yucatán y Tabasco; durante junio se produjeron poco más de 305 mil barriles diarios, lo que representa 12.5 por ciento del total.

 

Pemex paga bono de productividad aunque produce menos

Japón ofrece crudo mexicano de reservas estratégicas

 

Entra en vigor el acuerdo con EU de yacimientos transfronterizos

Apenas en junio, Pemex incrementó la exportación de este tipo de crudo con un promedio diario de 123 mil barriles, de hecho, tocó su punto más alto desde marzo de 2013, luego de que en junio del año pasado se exportara un promedio de 89 mil 648 barriles diarios.

 

MERCADO NEGRO

Pemex reconoció que una parte del petróleo superligero es robado, sin embargo, distribuidores afirman que este crudo, que tienen el mayor precio del país, es vendido directamente a empresas comercializadoras de “combustóleo alterno o ecológico”, compañías que proliferan en el norte y sur del país, y que venden combustible por debajo de los precios de Pemex.

 

“Es un crudo que se roban, que yo no creo que se vaya a otros países sino que se vende a los industriales, sobre todo a aquellos que no están conectados al gas natural”, señaló César Cadena, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles del Norte.

 

De acuerdo con datos de Pemex, tan sólo en los últimos cinco años el precio del combustóleo se ha incrementado 33 por ciento, al pasar de un promedio de 6.64 pesos por litro en 2009, a 8.81 pesos (IVA incluido), en el periodo de enero a mayo de 2014, con una tendencia ascendente.

 

Esta situación ha orillado a productores de azúcar, acereras y fabricantes de equipos diversos, a hacerse llegar de los servicios de los “alternos”, empresas que proliferan principalmente en el norte del país y que ofrecen combustibles a un precio promedio de siete pesos por litro, mismo que no se usa en el transporte, sino directamente para calentar hornos para diferentes fines.

 

“El industrial piensa en ahorros, pero eso no justifica que compres robado… llega un tipo a vender un combustible, le llama ecológico o alterno, va a seis pesos, la pregunta es ¿De dónde lo sacas si el más barato vale 7.3 pesos por litro? por ejemplo”, señaló Cadena.

 

NEGOCIO EN RIESGO

Los distribuidores de combustibles legales, es decir, los que trabajan directamente con Pemex, enfrentan una competencia desleal que tienen perfectamente identificada.

 

“En todo el país, no hay una zona específica, pero está muy focalizado en el Bajío, cerca de la refinería de Salamanca, en la zona de Tampico, Madero, y en Sinaloa, ahí hay mucho combustible robado”, señaló Sergio Estrada, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles en el centro del país.

 

Explica que no hay que ser un investigador para darse cuenta de que con los precios en los que los competidores desleales venden, por debajo del combustóleo, aceptan dentro de sus mezclas el crudo superligero de Pemex.

 

“Para el distribuidor autorizado es competencia, hay empresas que nos eliminan totalmente las compras a los formales y se van por otros canales”, comentó el empresario.

 

Ante esta situación, reconoce que no puede hacer mucho, puesto que sólo han manifestado en repetidas ocasiones a las autoridades, pero no se puede hacer mucho.

 

“No se hace gran cosa, el impacto a la cadena organizada es muy alta, sí nos ha mermado nuestros ingresos porque hay empresas que al no haber sanción por la compra de productos ilícitos, no obstante hayan herramientas para penarlo, siguen comprándolo”, lamentó Estrada, quien dirige una empresa distribuidora de combustóleo en el país.

SIN REGULACIÓN

Basta con hacer una búsqueda breve por Internet para acceder a los vendedores del combustóleo alterno, o ecológico, saltan nombres de empresas que ofrecen el servicio con precios de entre seis a siete pesos el litro, inclusive comparando el poder calorífico con su competencia directa.

 

Les llaman ecológicos porque reciclan aceites industriales, de camiones o automóviles, e incluso de aceite de cocina, se mezclan en condiciones poco claras y se meten en pipas que los distribuyen a quien lo necesite, que son normalmente clientes que no están conectados al gas natural.

La Secretaría de Energía (Sener) reconoce que existen, pero de las que no tienen registro ni mucho menos verifican o inspeccionan, a pesar de que se cuenta con una norma que indica cuáles son los componentes que se deben mezclar para crear el combustible “alterno”.

 

“En la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se establece la regulación de la operación de los residuos que pueden ser procesados para producir combustibles alternos”, señaló la dependencia.

 

Sin embargo, no se tiene contabilizado quiénes son ni en donde operan, pero de acuerdo con testimonios de industriales, su operación es común en las zonas de grandes operaciones de manufactura, principalmente.


Romero Deschamps, el Jeque del PRI, en TRES PARTES: quién es, de dónde viene y cómo se adueñó de Pemex

 

Por: Redacción / Sinembargo - agosto 3 de 2014 -Durante las dos décadas que Carlos Romero Deschamps tiene al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) la impunidad de la que ha gozado en los dos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y en la actual administración del Revolucionario Institucional (PRI) ha sido una constante a pesar de los escándalos que ha protagonizado por el desvío de recursos del gremio de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

Desde el Pemexgate que implicó el uso de 100 millones de dólares de la paraestatal para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida, pasando por una docena de desfalcos que el sindicato petrolero obtuvo disfrazados de “apoyos” en ese periodo, hasta los lujos exhibidos por sus hijos en las redes sociales, Romero Deschamps nunca ha sido llamado a rendir cuentas.

 

Ahora, el líder petrolero se coloca de nueva cuenta en el centro del debate nacional, justo cuando el Congreso plantea el rescate con recursos públicos de los pasivos laborales de Pemex que ahora ascienden a unos 700 mil millones de pesos. Y en medio del fallo de un tribunal de Houston, Texas, que autorizó a la empresa Arriba el derecho a reclamar por cualquier vía legal, entre ellos la confiscación, la remuneración de millones de dólares que el sindicato le debe por vender petróleo inexistente. Con esta decisión los bienes de ambos, líder y sindicato, podrían ser confiscados.

No sólo fue el PemexGate: Romero Deschamps obtuvo más dinero de Pemex en esos mismos años

 

Por: Humberto Padgett

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– Hicieron falta 10 años para que las acusaciones documentadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de corrupción contra Carlos Romero Deschamps quedaran desvanecidas. Y no sólo se trata del desvío de mil 100 millones de pesos a favor de la campaña presidencial priista de 2000 en el caso conocido como Pemexgate. El líder del sindicato petrolero protagonizó al menos media docena de desfalcos más que sumaron otra cantidad similar: unos 100 millones de dólares de entonces.

 

La PGR y los órganos contralores de la paraestatal y federal identificaron en el primer tramo de la presidencia de Vicente Fox la existencia de varios desfalcos que fueron operados por algunos de los mismos funcionarios públicos que practicaron la sangría de dinero público que benefició –con poco éxito– la postulación presidencial de Francisco Labastida Ochoa. Y, de igual forma, tuvieron como otro gran protagonista al secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y hoy también senador, Carlos Romero Deschamps, así como al tesorero del mismo gremio, Ricardo Aldana, actualmente Diputado federal por el PRI. 2002.

 

El Senador Ricardo Aldana, tesorero del sindicato petrolero. Foto: Cuartoscuro

 

Los detalles de las estafas están contenidos en la causa penal 45/2002 abierta por el Juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF contra Manuel Gómezperalta Damirón, ex director corporativo de Administración de Pemex, y sus consecuentes tocas penales, documentos de los que SinEmbargo posee copia.

 

Y, por supuesto, Romero Deschamps, hoy Senador de la República y uno de los pilares del PRI, jamás fue enjuiciado.

 

El legajo es una larga sucesión que detalla convenios entre la empresa y el sindicato, cheques girados por la primera y sus correspondientes recibos expedidos por el segundo, todos firmados por puño de Deschamps o Aldana.

 

Las pruebas de la PGR incluyeron las versiones estenográficas de los discursos de Ernesto Zedillo y Romero Deschamps durante uno de los aniversarios de la expropiación petrolera e imágenes del monumental acarreo efectuado para llenar el zócalo capitalino de petroleros. El expediente abierto contra Gómezperalta involucra en el mismo conjunto de delitos a Julio Pindter González, entonces subdirector corporativo de Relaciones Laborales de Petróleos Mexicanos y quien no sólo evitó cualquier sanción, sino que actualmente se desempeña como especialista técnico de Pemex Refinación.

 

 “El inculpado Manuel Gómezperalta, conjuntamente con sus coindiciados, distrajo de su objeto diversas partidas de dinero del presupuesto de egresos del organismo descentralizado Petróleos Mexicanos (PEMEX), correspondiente al año 2000, por un monto total de 2 mil 220 millones de pesos”, se lee en el archivo. Otros ex funcionarios involucrados son Rogelio Montemayor, director general; Carlos Fermín Juaristi Septién, también director corporativo de Administración, y Juan José Domene Berlanga, director corporativo de Finanzas. Como Romero Deschamps, su copartidario Rogelio Montemayor no tocó la prisión. Al igual que los líderes sindicales, ninguno de los ejecutivos se vio obligado a devolver nada. Uno de ellos, Domene Berlanga, sería inhabilitado y sentenciado a dos años de cárcel –punibles desde casa–por el desvío de recursos a favor de Alfredo del Mazo Maza para que el hoy director de Banobras y político mexiquense cercano al Presidente Enrique Peña Nieto cursara su maestría en Harvard. *** Luego de varias operaciones iniciadas por Gómezperalta Damirón se sumaron las ejecutadas por varios cómplices suyos, Rogelio Montemayor, entre ellos, “con unidad de propósito delictivo, para quebrantar de manera  económica a Petróleos Mexicanos”, sostiene la acusación.

 

El 8 de mayo de 2000, sindicato y empresa suscribieron el convenio administrativo sindical 9356 por 350 millones de pesos bajo los conceptos de “satisfacer las aportaciones diferidas de carácter social, tanto las incluidas en el contrato colectivo de trabajo como las que determinación exclusiva de la empresa se acreditaban en determinadas ocasiones; para cumplir los compromisos adquiridos durante las revisiones del mismo contrato para los bienios 1997-1999 y 1999-2001, y en la revisión salarial de 2008.

 

Los 350 millones de pesos se aplicaron de la siguiente manera: a) 197 millones de pesos derivados del contrato colectivo de trabajo celebrado entre las partes. b) 153 millones de pesos como apoyos “complementarios” que, algunas veces y “a juicio” de la administración, se habían otorgado por determinación exclusiva de la empresa. Inmediatamente aparecieron los peros. El primero es que la revisión de los contratos de 1997-1999 y 1999-2001 estaba concluida tiempo atrás y a satisfacción, literalmente, del mismo sindicato: “El STPRM se da por satisfecho del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como la petición de incremento en los salarios ordinarios, de la revisión de los desajustes de categoría y de las cláusulas de acuerdo con el proyecto que presentó y por tanto se desiste en este acto del referido pliego de peticiones y el emplazamiento de huelga”. La partida de donde se tomaron los recursos estaba etiquetada para “Ayudas a instituciones sin fines de lucro”, tales como escuelas, hospitales, instituciones de beneficencia o museos. Y, evidentemente, el sindicato petrolero no es ninguna de estas cosas.

 

Los desfalcos siempre exigen desplantes de creatividad. Funcionarios y sindicalistas inventaron, sobre la marcha, las reglas que dieran al menos la apariencia que la salida de recursos no era una mera fuga de los mismos mediante los apoyos “complementarios”.

 

Como en La ley de Herodes (Luis Estrada, 1999), se legislaba con la máquina registradora. Los conceptos de gastos relacionados con los renglones “Ayudas de carácter social, cultural y fomento deportivo del Comité Ejecutivo General del STPRM y de las secciones sindicales que lo integran”, “Ayuda complementaria al STPRM en apoyo a los gastos originados por la concentración del Primero de Mayo del 2000 de trabajadores petroleros de las diversas regiones”, “Contribuciones extraordinarias por rehabilitación de vehículos al servicio del comité ejecutivo general y de cada una de las 36 secciones del STPRM”, simplemente no existen en el contrato colectivo de trabajo.

 

Los ejemplos sobran. Para el título XX, denominado “Bibliotecas, escuelas, lugares de recreo, fomento de bandas de música y deportes”  no se establece la posibilidad de que Petróleos Mexicanos pudiera dar dinero en efectivo.

 

Y lo hizo al grado de entregar un cheque por 50 millones de pesos. Más gastos fantasma: “Ayuda de carácter social a distintos sectores de bajos recursos de las localidades petroleras”, “Apoyo al sindicato para gastos de previsión a favor de los empleados de la organización sindical tanto en el ejecutivo general como en cada una de las 36 secciones del sindicato”, con bolsa de 50 millones de pesos listos para lo que se ofreciera.

 

“Apoyo a renovación y complementación del equipo de cómputo y telecomunicaciones del comité ejecutivo general y de cada una de las 36 secciones”, título que recibió una aportación de ocho millones de pesos. Hasta para la renovación del parque vehicular de la dirigencia se autorizaron 25 millones de pesos. O 20 millones de pesos más para la organización de un contingente de petroleros en el desfile del Día del Trabajo.

 

Otro gasto referente al mantenimiento de las instalaciones deportivas del sindicato derivó en la entrega de más plata. Según los convenios entre la empresa pública y su sindicato, estas obras de remozamiento no debían otorgarse en dinero, sino en especie. Pero no existe en ningún lado indicio de que se realizaran obras en ese sentido.

 

Tampoco aparecieron facturas de que el gremio de Deschamps hubiese hecho trabajos de ese tipo. Pero sí que sus arcas recibieron 47 millones de pesos.

 

Otros millones más se escurrieron bajo las peticiones, siempre satisfechas, de Romero Deschamps, de entrega de recursos para la mejora de las 96 supuestas bibliotecas que posee la unión petrolera o de una central de abastos que maneja. Sus cooperativas recibieron, sin que a nadie conste específicamente para qué, 35 millones de pesos.

 

En concreto: ni un centavo había que dar por esta causa, pero se entregaron 350 millones de pesos. “Tales circunstancias revelan, sin duda alguna, que el convenio administrativo sindical 9356 fue el medio para distraer 350 millones de pesos de su finalidad y ser entregados al STPRM”. *** Octubre, 2002.

 

El Diputado federal Felipe Calderón es uno de los que impulsan el desafuero de Romero. Después, el líder sindical comería de su mano. Foto: Cuartoscuro

 

Otro convenio sindical quedó identificado con la clave 9399 el cual, se sabría tras la derrota priista del 2000, permitió la triangulación de recursos a la carrera presidencial de Labastida. Se trató de una suma de 640 millones de pesos que, sin requisitos de por medio y sin estar resuelta la solvencia de la paraestatal, como la ley y el sentido común indican, le prestó PEMEX a su sindicato.

 

Los representantes laborales necesitaban el recurso, supuestamente, para enfrentar demandas legales de tipo civil, penal, fiscal y mercantil que supuestamente enfrentaban. El sindicato devolvería la cantidad en 20 mensualidades. En el contrato colectivo de trabajo se contempla la posibilidad de que el organismo descentralizado otorgue préstamos al sindicato, siempre y cuando se dé cabal cumplimiento a una serie de requisitos sin los cuales, el Director General y cualquier otro servidor público de Petróleos Mexicanos están impedidos para otorgar el crédito. 

 

“Los servidores públicos no realizaron un análisis de las condiciones que motivaron la solicitud de préstamo, sino por el contrario, este se otorgó de forma prematura y con demasiada liberalidad”, acusó la autoridad. Una razón para ir despacio era el mismo monto del préstamo pedido. ¿Por qué requerían 640 millones de pesos para gastos de defensa en un sólo año, cuando durante los tres años anteriores no superaron los 5 millones de pesos? Otra condición planteaba un aspecto tan básico como la suficiencia presupuestal de la empresa pública para prestar dinero y esto no era así. Algo más: según el contrato laboral, los créditos deben cubrirse mediante descuento de cuotas sindicales, lo que garantizaría el retorno del recurso. Pero no fue así, sino al contrario: las propias cuotas eran insuficientes para cubrir el pago. En 2000, el STPRM recibió por ese concepto 267 millones de pesos. Simplemente, el sindicato no tendría capacidad de pagar y esto lo sabían los funcionarios públicos responsables de otorgar el crédito porque estos mismos eran los administradores de las cuotas.

 

En vez de volver a Pemex, el dinero se transfirió a cuentas con acceso a empleados del Partido Revolucionario Institucional pasando físicamente por las manos de Aldana.

 

Y de ahí a la campaña de Labastida. El PRI fue condenado al pago de mil 100 millones de pesos, la mayor multa de la historia impuesta a un partido político.

 

El pago corrió a cuenta de sus ministraciones, es decir, también se cubrió con recursos públicos. Hoy con la mayoría en el Congreso, el partido en el poder y, en consecuencia, en la administración de PEMEX es nuevamente el instituto político con mayores aportaciones públicas. *** Una más de esas operaciones ilegales quedó establecida en el acuerdo con número CMRS-CE/002/2000, suscrito por el director corporativo de Administración y el Subdirector corporativo de Relaciones Laborales. Se trataba, en resumen de la petición de Romero de 80 millones de pesos para:

 

a) Resarcir al STPRM de los gastos generados por estudios técnicos realizados por empresas especializadas sobre investigación documental de mercado de trabajo, perfil económico y costo de la vida efectuados en los trabajos previos a la revisión salarial.

 

 b) Por asesorías relativas a indicadores financieros y estudios comparativos de revisiones salariales de otros contratos colectivos.

 

c) Por gastos de viaje de los comisionados sindicales a las diferentes asambleas regionales y generales efectuadas a propósito de la Revisión Salarial de los trabajadores de la industria petrolera estatal.

 

d) Para resarcir al STPRM de los gastos generados en la contratación de instructores encargados de la preparación y capacitación de sus representantes que participaron en el proceso de la revisión salarial que permitió celebrar las discusiones en forma ágil y precisa, por el conocimiento de la causa que tenían todos los que en el citado proceso participaron.

 

 e) Por los trabajos relacionados con la revisión y análisis del entorno económico nacional con objeto de conocer estrategias sobre circunstancias económicas que se den en los procesos de cambio y que inciden necesariamente en las políticas de precios.

 

f) Por la celebración de asambleas foráneas en cada una de las 36 secciones sindicales para darles a conocer a sus agremiados los acuerdos tenidos con la administración en el proceso de la revisión salarial del 2000. Dicho de otra manera: el sindicato pidió dinero a la empresa porque antes le había pedido dinero. Y PEMEX lo dio sin que hubiese justificación alguna para hacerlo. Ni interés mínimo para seguirlo. *** Protesta de trabajadores. Foto: Cuartoscuro

 

El hambre de los petroleros crecía a cada convenio, hasta que se firmó el de número 9442, el 11 de septiembre de 2000. Esta vez, la suma superaba los 100 millones de dólares o, en pesos de la época, mil cien millones de pesos.

 

Hubo dos conceptos. Primero: “la indemnización por todos los rezagos consecuencia de los ahorros generados a favor de Petróleos Mexicanos por no cumplir con los compromisos adquiridos en el Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios en los años 1997, 1998 y 1999, con motivo de las revisiones salariales y contractuales”. “Cabe agregar”, palabras del fiscal, “que es apoyo brindado no forma parte de la las prestaciones laborales de naturaleza económica que el organismo tiene pactadas con el sindicato en el contrato colectivo de trabajo”.

 

Segundo, por apoyo para que el sindicato hiciera frente al pago de gastos y costas del juicio entablado en su contra por la empresa ARRIBA. Tras la petición de Romero, el dinero, nuevamente, surgió a borbotones sin mayor trámite a pesar que debió pasar por el consejo de administración de la petrolera y sin que se reparara que, respecto a una parte del dinero pagado por razón de indemnización, ya había sido pagado, también ilegalmente, mediante el acuerdo similar antes referido, lo que supuso un pago doblemente indebido.

 

La maniobra no terminó en esto. PEMEX “sólo” entregó 460 millones de pesos en virtud del descuento al que sometió al sindicato por el adeudo del préstamo de 640 millones de pesos que debió cubrirse con las cuotas sindicales, pero que fue dado sin garantía alguna.

 

*** Otra acusación refiere tres pagos efectuados por la paraestatal al sindicato sin que, en opinión del fiscal, existiera justificación para ello.

 

Los montos y las justificaciones para su dotación con las siguientes: 1. Por 12.5 millones de pesos: Ayudas económicas al STPRM, como apoyo para gastos en las 36 Secciones del Sindicato con motivo del LXII Aniversario de la Expropiación Petrolera y para viáticos, transportación, playeras, gorras, mantas, distintivos y gastos de todo tipo para la movilización de 20 mil miembros del sindicato que participarían en el desfile del Primero de Mayo de 2000. 2. Por 22.3 millones de pesos: Ayudas a instituciones sin fines de lucro, que incluye las asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollan actividades sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la continuación de su labor social, incluye las asignaciones de dinero o en especie destinadas a instituciones, tales como escuelas, institutos, universidades, centros de investigación, hospitales, museos.

 

Lo anterior, según las previsiones estipuladas en el capítulo del gasto de donde se tomó el recurso. 3. Por 540 mil pesos: Ayudas económicas de “carácter social” realizadas por las secciones 1 y 10 del sindicato en apoyo de algunos trabajadores despedidos por la venta del barco en que trabajaban. Nuevamente: no había parte del contrato en que se estableciera la legalidad de esas aportaciones, el Sindicato estaba lejos de calzar con la definición de un ente sin fines de lucro y, como si lo anterior no bastara, no existía rastro del dinero después del bolsillo de Deschamps y Aldana. *** Corrupción. Foto: Cuartoscuro

 

Pocos días después de que cheques de nueve dígitos pasaran de los administradores de PEMEX a líderes sindicales como si fuera dinero de juguete, ocurrió el LXII Aniversario de la Expropiación de la Industria Petrolera. Fue el último que tocó encabezar a Ernesto Zedillo y, para los siguientes 13 años, al PRI. La ceremonia ocurrió en el Patio de Honor de Palacio Nacional. Zedillo hizo una especial distinción a los miembros de la mesa de honor: “Muy apreciado compañero y amigo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y presidente de la Comisión de Energéticos del Senado de la República (periodo 1994-2000), Carlos Romero Deschamps”. Zedillo, calificado como uno de los más encumbrados y disciplinados tecnócratas, reafirmó en el mejor lenguaje del Revolucionario Institucional que balanceaba la historia y el discurso social el legado de Lázaro Cárdenas por la estatización petrolera de 1938, “una industria que nunca, por ningún motivo y de ninguna manera, dejará de ser de los mexicanos”.

 

El presidente no pudo continuar. Los aplausos a sus palabras le obligaron guardar silencio. “Reconocemos, también, el firme liderazgo de su dirigente, el senador Carlos Romero Deschamps, quien al defender el interés de los trabajadores defiende también el interés de México”. Romero Deschamps asintió para dar acuse de recibo al apapacho.

 

“Con su organización, los trabajadores y técnicos petroleros, seguirán siendo los protagonistas centrales del desarrollo petrolero nacional. ¡Serán quienes le den a PEMEX la mayor fuerza que tendrá en el Siglo XXI!”. Romero Deschamps estaba en lo más cercano al día del líder del sindicato petrolero. Eran tiempos en que el político tamaulipeco no se escurría por la puerta de atrás para evitar periodistas. Entonces, hace 13 años, se aplomó: “[En el sindicato] no queremos privilegios ni prebendas, ni mucho menos avasallar a la empresa, y las épocas oscuras de la lucha entre ambas partes por un predominio absurdo y desgastante han terminado, y ello no es una capitulación de las demandas o la renuncia a la justicia social. En ese sentido no daremos nunca un paso atrás.

 

Los trabajadores queremos que nuestros principios, que en épocas de incomprensión fueron fuentes de encono, ahora funden la concordia para fortalecer el patrimonio de la nación. Aspiramos a inaugurar una nueva etapa de trabajo conjunto entre administración y sindicato”.

 

Luego, Romero Deschamps atravesó dos elecciones presidenciales perdidas para su partido. Resistió el intento de llevarlo a prisión durante la primera parte de la administración panista. “¡No se quebró!”, decían de él con admiración los sindicalistas. “¡No rajó, aguantó como los cabrones!”, subrayaban sobre Romero, quien, como la maestra Elba Esther Gordillo, pero sin éxito de sus perseguidores, fue acusado penalmente de lavado de dinero y delincuencia organizada.

 

Luego vino la reconciliación con el poder presidencial hasta la conclusión del gobierno del panista Felipe Calderón viendo de frente y en público al Presidente en el último aniversario de la expropiación de la industria petroquímica correspondiente con su gobierno.

 

El tono del Presidente Calderón ya dejaba claro el interés de ampliar la participación de la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos. También habló Romero Deschamps: “Somos, según se puede observar y contrario a voces interesadas que insisten en visualizarnos como una empresa ineficiente, un grupo de trabajadores administrativos, técnicos y sindicalizados, que la gran mayoría han asumido con responsabilidad el compromiso de dar viabilidad a Petróleos Mexicanos. “Esto, a pesar de las limitaciones e incomprensión que de manera cotidiana enfrenta su actividad de desarrollo, dándose el extremo de funcionarios paralizados en sus decisiones por el temor a sanciones injustas, derivadas de excesos en la interpretación de la ley (…) Señor Presidente, ante su distinguida presencia, reiteramos nuestro indeclinable compromiso de aportar cotidianamente nuestro máximo esfuerzo y capacidad para impulsar a Petróleos Mexicanos a consolidarse como una empresa petrolera de excelencia (…)

 

Seguiremos honrando nuestro lema: unidos venceremos”.

 

Y vencieron. Romero Deschamps es, otra vez, Senador de la República. El nuevo gobierno priista se perfila a la celebración del LXXV Aniversario de la Expropiación de la Industria Petrolera. Sin medias tintas, Peña Nieto, de alguna manera  descendiente político de Lázaro Cárdenas, empuja una reforma energética para dar cabida a capitales privados en la principal empresa pública de México. Uno de los golpes de legitimidad para esto, le acusa parte de la izquierda, fue la detención de Elba Esther Gordillo.

 

La razón informada oficialmente por la PGR, la misma que investigara años atrás a Romero, fue el desvío de más de 2 mil 5000 millones de pesos, una cantidad equiparable a la que se desfalcara a la Pemex 12 años atrás con la supuesta participación del líder petrolero. ¿Intranquilo? Días después de la detención de la lideresa de los maestros, el de los petroleros comentó con un dejo de amago: “Rendimos nuestros informes de trabajo, nuestros informes financieros, todos fueron aprobados, fui propuesto para ser reelecto y el proceso fue por unanimidad, no hubo ningún problema y tan tranquilos estamos que no falta la gasolina ni ha faltado nunca. “Nuestro gremio está trabajando tranquilo, hay otros países donde la escasez de combustible se manifiesta, aquí no porque tenemos un compromiso con Pemex y los mexicanos”, indicó. –¿Tiene Carlos Romero Deschamps las manos limpias?– le preguntó un reportero. –Sí, señor, así es.


Empresas de EU y México Compran Petróleo que el Narco Saquea a Pemex de la cuenca de Burgos

 

* En México, el crimen organizado le roba a Petróleos Mexicanos (Pemex) cerca de diez mil barriles de petróleo todos los días

 

REPORTE DE THE MEXICO PRESS Y VICE NEWS

MEXICO, D.F. 31-07-2014.-Además de traficar drogas como cocaína, mariguana y metanfetaminas, los cárteles en México han diversificado sus negocios a otras áreas lucrativas como la extorsión y el tráfico de migrantes. Pero en los últimos años, han encontrado un nuevo negocio, más fácil, menos peligroso y que potencialmente puede dejarles aún más dinero: el robo de hidrocarburos.

 

En México, el crimen organizado le roba a Petróleos Mexicanos (Pemex) cerca de diez mil barriles de petróleo todos los días, a través de tomas clandestinas, las cuales a menudo provocan accidentes fatales.

 

Pemex calcula que las pérdidas por el petróleo robado ascienden a más de 65 mil millones de pesos.

 

Este petróleo se vende en el mercado negro a industrias, gasolineras, particulares e incluso a empresas estadounidenses. Mientras la policía y el Ejército luchan contra los narcos y los cárteles luchan entre sí, el número de víctimas por secuestros, explosiones o en enfrentamientos por proteger los ductos aumentan.

 

En esta co-producción de VICE México y VICE Nueva York, Suroosh Alvi viaja a Tamaulipas y otros lugares del país para conocer de primera mano las consecuencias del robo de petróleo, entender cómo operan los Zetas y el Cártel del Golfo en esa zona, y analizar el costo humano de esta actividad ilícita.

 

En este primer episodio de una serie, acompañamos al Ejército mexicano y a empleados de Pemex mientras reparan tomas clandestinas en las afueras de la ciudad de Reynosa.

VIDEO

 


Estrenan en EU documental ‘La leyenda del Chapo’

 

El documental “The Legend of Shorty” se estrenó el fin de semana pasado. Trata sobre la figura del narcotraficante "El Chapo" Guzmán antes de su detención el pasado 22 de febrero en México.

 

Gracias a la industria cinematográfica de EU, ahora que está tras las rejas Joaquín El Chapo Guzmán se está volviendo más famoso que cuando huía por túneles secretos y el sistema de drenaje de Sinaloa.

 

El fin de semana, tuvo lugar el estreno internacional del filme “The Legend of Shorty” (La Leyenda de El Chapo) durante el festival multidisciplinar South by Southwest (SXSW) de Austin, Texas.

 

The Legend of Shorty, es un documental de 90 minutos co-dirigido por el periodista peruano Guillermo Galdós y el cineasta británico Angus MacQueen, que mezcla mitología con hechos reales.

 

De acuerdo con la reseña de Henry Barnes, critico de cine del periódico The Guardian de Londres, el film sigue los pasos del recorrido que hacen Galdós y MacQueen por el Triángulo Dorado y por lugares clandestinos donde preparan las remesas de cocaína, marihuana y metanfetaminas para ser enviadas a EU.

 

También aparecen reuniones surrealistas con el primer círculo de El Chapo, incluida una cita para almorzar con su madre.

 

Según la agencia Efe, Galdós y MacQueen incluso llegaron a hablar con El Chapo, pese a que no quiso aparecer frente a la cámara. Justificándolo, Guillermo Galdós declaró a Efe que “El Chapo no se maneja bien delante de una cámara, es un campesino sin oratoria”. Galdós añade que los narcos gastan gran parte de su fortuna en abogados, “que sí han estudiado en universidades prestigiosas, llevan traje y hablan inglés”. Los directores de la película le dicen a Efe que no creen haber estado en peligro durante el rodaje porque son extranjeros.

 

MacQueen y Galdós reclutaron al compositor Jackson Scott para que compusiera narcocorridos en inglés y español que contaran historias pasadas del Chapo. En el largometraje, los cineastas comparan al Chapo con El Zorro (de ahí el titulo del film) recorriendo campos y respondiendo al llamado de ayuda del pueblo.

 

En un aparente esfuerzo por balancear lo que claramente parece ser un documental favorable a El Chapo, los directores entrevistan a la periodista Anabel Hernández, quien habla de la corrupción endémica en México y acusa al gobierno de haber protegido al capo.

 

Según Barnes, el inesperado arresto del Chapo no anula el objetivo del film, pues una corporación con el alcance y poder del cartel de Sinaloa no deja de operar porque su CEO es capturado. Barnes concluye diciendo que The Legend of Shorty es un “film extraordinario”, pues ofrece una visión clara de sus intensiones que, según dice, son exhibir la inacción del gobierno mexicano y las consecuencias de la violencia y la corrupción sin freno.


"Soy un sobreviviente y tengo mucho miedo"

 

José Antonio Gurrea C. y Fabiola Cancino| El Universal

estados@universal.com.mx

Viernes 14 de febrero de 2014.- "De repente lo perdimos todo... de un día para otro tuvimos que huir sólo con lo que traíamos puesto". Quien habla es Mario Segura, uno de los muchos periodistas mexicanos desplazados que, junto con su familia, han tenido que dejar trabajo y hogar en varios estados debido a la ola de violencia y muerte que azota al país.

 

Mario, oriundo de Tamaulipas, publicaba en esa entidad dos blogs: Alerta Oportuna y Expresión Ciudadana, donde prevenían a la población sobre balaceras, venta de droga, puntos de riesgo, carros o gente sospechosa que se apostaba en diferentes lugares, pero también sobre casos de corrupción, así como anomalías e ineficiencias gubernamentales.

El secuestro

El 13 de agosto de 2012, el comunicador fue secuestrado en Tampico por un comando. Al salir de su casa, cuando caminaba por un andador no se sorprendió al ver varios autos y personas en la zona, pues ahí hay una bodega, pero de pronto lo encañonaron y entre golpes e insultos lo subieron a una camioneta Suburban; lo tiraron al piso del vehículo y partieron con rumbo desconocido.

 

Durante ocho días, sus captores lo mantuvieron encadenado, primero, y vendado todo el tiempo, en el piso de un cuarto que olía "a suciedad y a mariguana", recuerda mientras se lleva una mano a la nariz como evocando el momento. En ese lugar fue sometido a grandes dosis de terror psicológico.

 

"A diario me golpeaban mientras amenazaban con matarme y hacer cachitos a mi esposa y a mis hijos. Pensaba que en cualquier momento me quitarían la vida a mi o a mis seres queridos. No sé por qué me dejaron con vida", dice Mario a EL UNIVERSAL con la voz quebrada por las emociones.

 

Fue una etapa de mucho miedo, pues asegura que "esa gente está loca y con una dosis (de droga) son capaces de matar, aún sin recibir la orden del ‘jefe' sólo por quedar bien".

 

En ese tiempo "me encomendé a Dios y no sé cuántas veces rece el Padre Nuestro", confiesa.

 

Agrega que durante esa infausta semana le daban agua y sólo una vez probó comida: "Pan, huevo y un poco de refresco. (...) Esos alimentos me supieron a vida", señala el periodista, quien año y medio después de aquel traumático suceso aún desconoce las razones de su liberación. "Sólo sé que soy un sobreviviente y que tengo miedo, mucho miedo".

 

Sin embargo, el periodista con más de 25 años de experiencia, recuerda que su estancia en la casa de seguridad también le dio la oportunidad de "conocer" a quienes se encargan de cuidar a los plagiados e, incluso, los justifica: "son trabajadores, orillados a ello por la falta de oportunidades. (...) Me cuidaban tres jóvenes -a veces estaba una mujer- y entre ellos platicaban de cómo los iban a ‘tablar' si se dormían, y de cómo duele ese castigo".

 

Una semana después, le prestaron un celular para que le avisara a su esposa que lo dejarían libre, y media hora después, lo dejaron en un monte.

 

Los antecedentes

Para Mario los problemas fuertes comenzaron en 2010, cuando denunció actos de corrupción gubernamental. A través de sus colegas, le envían mensajes que subieron de tono, pues empezaron con frase como "que te calmes", hasta "amenazan con matarte".

 

En ese tiempo fundó el diario El Sol de Sur, una publicación semanal, pero con una página de internet que tenía al día. Ahí surgió la idea de crear la Alerta Oportuna, como un servicio a la comunidad, sin imaginar que llamaría tanto la atención.

 

Al principio sólo recibía reportes de Tampico, Victoria y Alatamira, pero después ciudadanos de otros municipios, como Reynosa y Ciudad Madero, comenzaron a sumarse.

 

Los comentarios incomodaron a políticos, funcionarios y miembros del crimen organizado, dice. Incluso, revela, en ocasiones "bajaba" algún comentario que le pedían -siempre vía otros colegas- pues no le interesaba exponer su vida ni la de su familia.

 

Narra que en 2011 le "hackearon" su página, mientras cubría una manifestación de ambulantes en Madero, lo detuvieron, a pesar de acreditarse como reportero y mostrar la cámara de video; después lo liberaron.

 

Entonces recurrió a la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra la Libertad de expresión (FEADLE), dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR) que ofreció ponerle escolta, pero sólo estuvieron un mes con él.

Mecanismos de protección

En agosto de 2012 fue el secuestro; ya no tenía escolta y desconoce al autor del atentado, pero cree que fue "un narcopolítico", aunque no descarta al crimen organizado, que lo mismo pudieron ser integrantes de los cárteles del Golfo o Los Zetas.

 

En noviembre de ese año, la FEADLE y organizaciones no gubernamentales lo ayudaron a cambiar de residencia, junto con su familia; es el primero en ingresar al mecanismo de protección de periodistas.

 

En este sistema, que se puso en marcha hace un año, el gobierno federal ofrece una casa, con opción a compra, un botón de pánico y escolta.

 

Mario declinó a la escolta, pues considera que eso lo expone más porque llama la atención y de las otras dos herramientas, mantiene su duda.

 

De la casa, le ofrecieron una mediante un convenio con el Infonavit, la FEADLE y Províctima, pero esta última ya desapareció, por lo que desconoce el final que tendrá esa opción. Del botón de pánico, dice, aún no lo prueban; no sabe si funciona.

 

Los mecanismos de protección a los periodistas son insuficientes, asegura. No toman en cuenta aspectos tan importantes como la vivienda y la seguridad económica para el periodista desplazado y su familia".

 

Una de las cosas que más extraña es a sus padres. "Mi madre llora conmigo cuando le hablo por teléfono porque no nos podemos ver".

 

Hoy, sin empleo y abatido emocionalmente, para sobrevivir en el "exilio en mi propio país", Mario ha tenido que trabajar como taquero, vendiendo pozole, como fotógrafo de eventos sociales o de payasito lo mismo en fiestas infantiles que afuera de centros comerciales.



 

 

EL ÚLTIMO ARTICULO DE MIKE PARA CPJ

COMITE DE PROTECCION A PERIODISTAS

 

Grupos armados controlan Neza y la prensa en los suburbios del DF

 

Los políticos dicen que no hay carteles del crimen organizado en el área metropolitana de la capital. Los periodistas saben mejor, pero tienen miedo de denunciarlo.